La Federación de Inquilinos Nacional presentó amparo solicitando la suspensión de los desalojos.
“Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda ya que el protocolo difundido por el ministro de desarrollo territorial y hábitat aún es un proyecto y los inquilinos e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida”, explicaron.
Las presentaciones se encuentran en el juzgado contencioso administrativo de la Capital Federal Nº 6.
También se resaltó que la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país.
“La Federación y el CELS interpusimos pedidos de acceso a información pública sobre desalojos en pandemia. Entre otras cosas, en estos le preguntamos al ministerio de Salud si se le pidió opinión y/o evaluó el impacto que los desalojos tendrían en términos sanitarios y epidemiológicos en plena escalada de casos y las medidas previstas para evitar el contagio de las personas desalojadas y la propagación del virus. El gobierno no respondió esto ni nada de lo que preguntamos”, amplió la Federación de Inquilinos en su nota a la prensa y añadió: “Para graficar siquiera el peligro que denunciamos, le preguntamos a la Cámara sobre la cantidad de procesos de desalojos iniciados durante la pandemia que podrían ejecutarse a partir del 5/4/21. La respuesta fue inmediata, en apenas 45 días de 2020 se iniciaron la mitad de desalojos que en todo el 2019”.
Estudios e investigaciones publicados en revistas científicas del mundo dan cuenta que, en aquellos países y ciudades del mundo donde se levantó sin previsión la suspensión de desalojos, la curva de contagios se disparó exponencialmente.
El relator de vivienda Naciones Unidas reclama de modo permanente a los Estados que hasta tanto no finalice la pandemia protejan la vivienda y suspendan los desalojos.
“La no continuidad del Decreto 320 pone a muchísimos inquilinos y familias al borde de la calle y sin saber dónde van a vivir en las próximas semanas”, sostuvo Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario y referente de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe. “Más allá de lo anunciado, hace una falta una política sustitutiva efectiva y real que contemple las situaciones más extremas”.
“Si no hay un plan integral alternativo, vamos a vivir muchas situaciones de desalojos ilegales y violentos”, agregó Artola. “Por eso, para evitar estas situaciones y hasta que haya una propuesta de salida concreta creemos necesario suspender los desalojos”.
“La realidad es que no haber una presencia real del Estado en sus tres niveles el resultado va a ser la profundización de la crisis habitacional que vive nuestro país”, concluyó el referente de los inquilinos.
