A un año de la denuncia que un abogado radicó contra el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde, por una serie de dichos de alto voltaje en una sesión del Concejo contra su par del PRO Roy López Molina, el fiscal Gustavo Ponce Asahad decidió desestimar la presentación al entender que se trata de una cuestión política y no judicial.
El abogado Guillermo Grisolía denuncio a Monteverde por sus dichos en la sesión ordinaria del Concejo Municipal el 30 de agosto de 2018 cuando, según el denunciante, incurrió en una serie de delitos como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y atentado contra la administración pública.
La denuncia se basó puntualmente en una parte del discurso cuando el concejal le dijo a López Molina “cuando venga la gente a prender fuego este edificio yo voy a estar con la gente y la nafta”.
Tras la presentación, Monteverde pidió al fiscal que se desestime la denuncia. Ponce Asahad esperó entre otras evidencias la llegada de la copia taquigráfica de la sesión. Un año después el fiscal emitió un dictamen en el que concluyó que las expresiones de Monteverde se produjeron dentro de una sesión ordinaria del cuerpo legislativo y coincidió con la fecha en el que el mercado cambiario registró una importante volatilidad en la que el dólar trepó de 31.94 a 40 pesos, lo que generó una estampida cambiaria de más del 24 por ciento, explica.
El fiscal entendió que las manifestaciones de Monteverde en el palacio Vasallo revistieron calidad institucional y de gobierno y como tal, es entendido que “los problemas políticos fundamentales no tienen nada de Judicial”, dijo.
Fundamentos
La diferencia que distinguen los ámbitos de lo político y lo jurídico, desde el lugar que ocupa la norma positiva en el razonamiento, se proyecta en la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. La cual refleja el diseño constitucional que contempló tres poderes equivalentes entre sí, dijo el fiscal. A lo que sumó que la separación de poderes implica un núcleo de autonomía para la interpretación política libre de interferencias y control judicial.
El fiscal recordó que en esa sesión el presidente del cuerpo legislativo llamó en varias ocasiones al orden y el respeto y no habilitó ninguna cuestión disciplinaria o sancionatoria. A lo que sumó que el sistema republicano de gobierno habilita, en relación a decisiones eminentemente políticas, mecanismos de control de naturaleza política que la misma Constitución y las leyes establecen y destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es cautelosa y criteriosa respecto de la irrupción en el ámbito de las atribuciones reservadas a otros poderes del Estado.
Ponce Asahad concluyó que no existen en el legajo elementos que habiliten a iniciar una investigación penal en los términos planteados por el denunciante y dispuso su desestimación.
