Los alegatos de la fiscalía en el juicio oral y público que se sigue en Rosario contra los represores Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Eduardo Constanzo finalizaron ayer a la mañana. La representante del Ministerio Público, Mabel Colalongo, pidió que los cinco imputados fueran condenados a la prisión perpetua, inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas. Con respecto a Contanzo, que durante el juicio amplió varias veces su declaración y aportó datos sobre ésta y otras causas, la fiscal aclaró que no iba a pedir una pena diferencial, ya que el acusado jamás se mostró arrepentido. Hoy presentarán su alegato los defensores de Guerrieri.
La representante del Ministerio Público Fiscal, Mabel Colalongo, cerró ayer a la mañana su alegato en el primer juicio oral y público que se sigue en Rosario por delitos de lesa humanidad.
Los cinco imputados –tres militares y dos agentes civiles– prestaron sus servicios durante la última dictadura militar en el Batallón de Inteligencia 121, y estuvieron en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como La Calamita –de Granadero Baigorria–, Quinta de Funes, Escuela Magnasco –de Ovidio Lagos y Zeballos–, La Intermedia –una casa de la familia Amelong ubicada en La Ribera–, y Fábrica de Armas –donde hoy está ubicada la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II, en Lagos al 5600–.
Colalongo solicitó la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo y en cárcel común, inhabilitación perpetua –que suprime los derechos civiles–, accesorias legales y costas, para los cinco imputados. Esto, en todos los casos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos y durar más de un mes (considerando el tiempo de detención de las víctimas, en la mayoría de los casos), tormentos agravados por tratarse (las víctimas) de perseguidos políticos, y homicidio agravado por alevosía con concurso premeditado de dos o más personas y para lograr su impunidad. En las causas Quinta de Funes y Fábrica de Armas –hoy unificadas– hay 16 desaparecidos.
Con respecto al caso particular de Constanzo, que durante el juicio amplió varias veces su declaración y aportó datos clave sobre esta causa y otras más, la representante del Ministerio Público consideró: “A pesar de los datos, no lo escuché arrepentirse de los hechos, y para mí eso es decisivo”. Así, la fiscal pidió la misma pena para los cinco imputados.
Es que una de las abogadas de la querella, Virginia Blando –representante de Adriana Arce, víctima de Fábrica de Armas– solicitó en su alegato que Constanzo fuera beneficiado con prisión domiciliaria al entender que sus aportes fueron decisivos.
“Se habla mucho de olvidar para pacificar, de olvidar para reconciliarse. Yo me pregunto: ¿pueden exigir olvido quienes asesinaron y torturaron indiscriminadamente? ¿Pueden exigir olvido quienes sustituyeron la identidad a menores de edad? ¿Pueden exigir olvido quienes hicieron todo eso amparados en el aparato del poder? ¿Pueden exigir olvido quienes no ofrecieron arrepentimiento alguno? La respuesta es una sola: absolutamente no”, consideró la fiscal.
“La aplicación efectiva de la pena resulta una forma de autoconstatación para la sociedad, para remarcar que la vida vale, que la libertad vale. Si no se aplica una pena proporcional al delito, la sociedad no cree que estos valores sean importantes”, agregó Colalongo.
Finalizados los alegatos de las partes acusadoras, el juicio iba a continuar el próximo lunes, con las consideraciones de las defensas. Esto, porque debe cumplirse con un plazo legal de 48 horas para que los abogados puedan responder a la acusaciones. Sin embargo, el abogado defensor de Guerrieri informó a los jueces Beatriz Barabani de Caballero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, que ya estaban en condiciones de alegar, para acelerar el proceso.
Los magistrados consideraron el pedido y resolvieron que hoy a las 9.30 los alegatos de esa parte sean expuestos, mientras que los otros cuatro serán escuchados a partir del lunes.
