El gobierno nacional encara su tercer año de gestión renovando la promesa de inflación por debajo del 1%. El 2,8% informado por Indec para diciembre no solo marcó un nuevo aumento respecto al mes previo sino que profundizó el interrogante sobre la posibilidad de que el indicador se derrumbe durante el segundo semestre de este año, como anticipa el propio presidente Javier Milei y como ratifica el presupuesto votado por el Congreso.
Es cierto que la gestión libertaria puede sacar pecho a la hora de comparar la foto del dato interanual de 2025 (31,5%) con el de 2023 (211%). Tampoco puede ignorar su cuota de responsabilidad en ese 211% con sus decisiones en aquel diciembre de transición presidencial (devaluación, desregulación), ni mucho menos desconocer que lo logrado el año pasado fue en detrimento de la actividad económica y del bolsillo de trabajadores y jubilados.
Incluso en ese contexto de apretón monetario el nivel de precios fue acelerando entre mayo y diciembre 2025. Más allá de las chicanas opositoras, ese no es un dato menor ya que evidencia que, si bien la foto final muestra un logro de gestión, la secuencia retrata que el índice de precios de los últimos meses se fue ubicando más cerca del 3% que del 2%, empeorando al mes previo.
Sobre ese piso arranca un 2026 que promete ajustes en tarifas energéticas, alquileres, combustibles y servicios de telefonía y medicina prepaga. Cabe recordar que desde enero entra en vigencia el nuevo esquema de subsidios energéticos, que contempla una reducción gradual de la subvención estatal y un mayor traslado del costo a los consumidores.
Pero además se suma un nuevo factor: la decisión (bajo la tutela del FMI) de ajustar las bandas cambiarias en función de la inflación. Esta corrección, que deja atrás el ancla cambiaria, abre la posibilidad a un tipo de cambio más elevado y pone a prueba a los formadores de precios.
Más allá de la incógnita sobre un pase gradual a precios, la certeza es que la aceleración del IPC se dio en simultáneo a los cambios de la política monetaria consensuada con el Fondo. Primero con el abandono del crawling peg (devaluación del 1%mensual) por el sistema de bandas. Luego, y en el contexto de dificultades que atravesó el gobierno durante el contexto electoral, con la decisión de actualizar el techo y piso de la banda en base a la inflación pasada. Esta última se pone a prueba a partir de ahora.
Esta secuencia se fue configurando en el marco de una retracción económica que frenó el consumo masivo, según mediciones privadas pero también reconocidas por el Indec a la hora de relevar las compras en supermercados. Un interrogante para este 2026 es si el gobierno seguirá apostando a esta variable como ancla inflacionaria, o si posibilitará un repunte en la actividad, de la mano de una baja en tasas, con el riesgo de un traslado posterior a precios.
Otra de las decisiones como parte de la política anti inflacionaria, fue la profundización de la apertura importadora, donde cobró fuerza el factor China, con fuerte injerencia en la economía local a través de canales online y venta a gran escala para otros rubros. Pero el objetivo de poner a competir a la industria nacional con estos precios también está teniendo una consecuencia directa en los niveles de producción, de empleo y en el peor de los casos en cierre de fábricas.
Para lo que viene, cabe recordar también que a partir de enero la inflación comenzará a medirse bajo una nueva metodología, que introduce cambios en la estructura de la muestra y en la ponderación de los bienes y servicios, por lo que los registros deberán interpretarse teniendo en cuenta este nuevo marco.
Los datos por ahora muestran un avance pero también un límite. Con menos margen para postergar correcciones y con una economía real que empieza a reclamar oxígeno, el gobierno enfrentará en 2026 entre profundizar el ajuste para preservar la foto anual o habilitar una recuperación que ponga a prueba la estabilidad de los precios.
