La Inspección General de Justicia (IGJ) no pudo poner en funciones a la interventora del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), la asociación civil que encabeza Patricia Bullrich, porque está cerrada por vacaciones.
La contadora Norma Cristóbal, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y designada por el Ministerio de Justicia como interventora, se encontró en la puerta del Instituto con un cartel de “cerrado por vacaciones”.
Sobre la base de publicaciones periodísticas, la IGJ inició una investigación y, a partir de documentación entregada por el IEES, determinó un “incumplimiento permanente y total de las actividades previstas en su estatuto y para cuyo desarrollo fue creado”.
Según las conclusiones de la IGJ, el instituto es una “pantalla” para financiar la campaña presidencial de Patricia Bullrich por fuera del circuito legal establecido en las leyes electorales.
El instituto tiene su sede en Avenida de Mayo 953, tercer piso, de la ciudad de Buenos Aires.
“Notificada de la aludida resolución ministerial del 12 de Julio de 2023, que dispuso la intervención, así como la labor investigativa de la IGJ que dio origen a dicha resolución, ella fue cuestionada por la responsable y controlante del Instituto, Patricia Bullrich, quien la calificó como un acto de persecución y hostigamiento político hacia su persona”, explicó el organismo que encabeza el abogado Ricardo Nissen.
El IEES “interpuso recurso directo de apelación contra la intervención presentando el correspondiente memorial, que fue firmado por el presidente de la institución Martín Siracusa, quien reemplazó hace muy poco tiempo a Patricia Bullrich en esas funciones, a pesar de que jamás se inscribió ni se autorizó ese cambio de autoridades”, añadió el comunicado.
La contadora Cristóbal “comunicó por medio de una carta documento su intención de asumir ese cargo en forma inmediata, lo cual fue rechazado por el representante legal de la entidad, aludiendo que el Instituto a su cargo había interpuesto recurso de apelación contra la resolución ministerial”.
La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, es decir que no suspendió la efectivización de la intervención, por lo cual la contadora intentó asumir sus funciones.
Cuando la interventora llegó al lugar, acompañada por el escribano mayor de gobierno, Carlos Gaitán, se topó con un cartel que explica que el instituto estará cerrado entre los días 24 y 31 de julio.
