Si bien a partir de que distintos colectivos de artistas habían empezado a visibilizar la falta de mujeres y disidencias sobre los escenarios muchos programadores y productores habían comenzado a rever la situación, la ley establece un marco legal a un reclamo tan legítimo como necesario: sumar voces.
Pero, ¿Cómo se gestó la ley? ¿Qué factores contribuyeron que fuera posible? En 2013 fue promulgada la ley N° 26.801 con la que quedó oficialmente creado el Instituto Nacional de la Música (Inamu), un órgano específico de fomento para la actividad musical. Entre 2014 y 2018 la vicepresidenta del Inamu fue la talentosa cantante de rock Celsa Mel Gowland, quien un día inició con Isabel de Sebastián un debate: “Le pasé un estudio chileno sobre porcentajes de participación de mujeres en los escenarios latinoamericanos. Yo estaba en Buenos Aires y ella me había invitado a un programa de televisión del Inamu y hablamos de eso. Al día siguiente Celsa nos convocó a varias a charlar del asunto”, contó De Sebastián en Facebook.
Ahí se empezó a redactar la misiva que fue impulsada por el colectivo X Más Músicas Mujeres en Vivo y presentado por la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Y ahí aparece otro factor clave: les colectives. La unión de artistas a lo largo y ancho del país se hizo sentir cuando el debate por la ley de Aborto Seguro, Legal y Gratuito llegó al Senado. En el caso particular de les músiques, a partir de allí comenzaron festivales, encuentros, ciclos e innumerable cantidad de asambleas que visibilizaron no sólo el apoyo a la legalización del aborto y la falta de espacios en los escenarios sino también gran cantidad de abusos y maltratos en el ambiente.
Entre lo que pasó alrededor de la ley está la pata mediática de la indignación. El productor José Palazzo dijo que no podía poner cupo en el Cosquín Rock, festival que organiza, porque “no hay suficientes mujeres con talento a la altura”.
Era febrero del 2019 y el repudio público llevo al productor a pedir disculpas y a presentar, poco antes de la sanción de la ley, una grilla para el Cosquín Rock 2020 que superó el 30% de mujeres.
También cabe mencionar que la iniciativa se respalda en la ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones personales (N° 26.485) y la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, implementada con la ley 23.176.
Fiscalización
Ahora el gran desafió es la implementación. Es justamente el Instituto Nacional de la Música (Inamu) el ente encargado de esta parte. El mismo estableció el mail leydecupo@inamu.musica.ar para acreditar el cumplimiento o denunciar lo contrario, ya que la normativa incluye un régimen de sanciones como una multa por un valor equivalente de hasta 6 por ciento de la recaudación bruta generada por la actuación de los eventos de música en vivo.
En Rosario, la Ordenanza
Poco antes de la ley, Rosario tuvo su ordenanza que establece paridad en los festivales locales. Un 50 y 50. La normativa, aprobada en el Concejo Municipal, no es punitiva sino de fomento. Quién aplique la paridad tendrá beneficios como, entre otros, la exención de un impuesto en las entradas que se llama Derecho de Acceso.
