Hace 10 años la Corte Suprema de Justicia argentina definió que es inconstitucional sancionar a una persona por tener poca cantidad de droga de venta ilegal encima (porro, cocaína, pastillas). Aún así, la persecución a quienes consumen creció y, según la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, uno de cada tres detenciones en su campaña “Argentina sin narcotráfico” fueron a personas a quienes la Justicia no les encontró ninguna prueba de vendían. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) agregó que quienes más sufren la presión de la Policía son jóvenes que no terminaron la secundaria y viven en los barrios más vulnerados del país. También sobre las mujeres.
Rosario –donde en un año se triplicaron la causa a quienes consumen y bajó a la mitad a vendedores– no es la excepción. Quienes “caen” son personas en estado de vulnerabilidad social porque los operativos se enfocan en los barrios por fuera de los bulevares. Es parte de las tareas de “saturación” propuestas por la Nación y la provincia cuando intentan desactivar una “actividad peligrosa y alarmante”. Así lo explica el fiscal Federico Reynares Solari y agrega que son pocas las veces donde la Policía gira a los juzgados rosarinos casos que detectaron en el centro de la ciudad.
Según explicaron desde el Cels, en los últimos tres años las fuerzas federales detuvieron 20 personas por día por consumir (un total de 17.720 en todo el país). Lejos de perseguir las redes de tráfico, ese esfuerzo le significó 40 millones de dólares por año al Estado, según un estudio de la ONG Reset, Políticas de Drogas y Derechos Humanos a partir de datos del Ministerio Público Fiscal.
El gobierno nacional no frena las detenciones, aún cuando sabe que en su gran mayoría no llegan a juicio. En cambio, festeja con tweets desde la cuenta del Ministerio de Seguridad o de la propia Bullrich cuando atrapan a pequeños vendedores y muestran fotos de pocos envoltorios con droga y algunas plantas de marihuana.
Sin juicio, pero a la cárcel
Además de las detenciones a quienes consumen, la persecución de Nación apunta a los pequeños circuitos de venta que generó un atasco en el ya saturado sistema penitenciario. Entre 2002 y 2017 la población carcelaria por drogas aumentó un 252%. En Buenos Aires declararon la emergencia en el sistema penitenciario provincial y el federal, lo que se tradujo en más violencia y hacinamiento.
Quienes trabajan en el Cels tomaron las estadísticas oficiales y las cruzaron con entrevistas con defensores públicos del país y obtuvieron un perfil de a quienes persigue y encarcela la “guerra contra las drogas”.
En diálogo con El Ciudadano, la investigadora del equipo Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels, Marina Acevedo explicó que el sistema apunta a personas pobres, jóvenes, mujeres y quienes en su mayoría no terminaron la primaria. “Son los eslabones más débiles de la cadena de tráfico y quienes tienen menos recursos económicos y simbólicos para poder defenderse frente a las acusaciones. También notamos un aumento en detenciones en la calle por consumir y las de cultivo”, dijo la especialista.
En los registros penitenciarios un 36% de los hombres estaban desocupados al entrar a la cárcel y otro 38% tenían un trabajo de medio tiempo e informal. Casi la mitad de las mujeres estaban desocupadas. Un 63% de la población trans tampoco tenía trabajo. “La gran mayoría de las y los encarcelados son pobres, vendedores o vendedoras minoristas, personas usadas como correos o microtraficantes. Son reemplazables de manera muy sencilla en el circuito de la comercialización de drogas. El impacto que tiene la privación de libertad en la desarticulación del negocio es muy dudoso”, escribieron desde el Cels.
Enganchado
«Entiendo que puede haber sectores que tengan libertad de decidir, en el caso de la marihuana, de fumarse un porro. En algún nivel socioeconómico distinto. Ahora, cuando yo voy a los barrios más pobres de la provincia, el mensaje tiene que ser uno solo porque la marihuana, al igual que el alcohol y el paco, son drogas de inicio”. Las palabras son de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y encontraron afinidad con las de la diputada electa, Amalia Granata, para diferenciar qué consumo “está bien” (o son “entendibles”) y cuáles no.
“Vidal propone que está bien consumir en un country, pero nadie pregunta cómo llega esa droga a ese lugar. Son los sectores más vulnerados quienes lo llevan, muchas veces comercializando para poder sobrevivir en un contexto de crisis económicas. Son quienes después persigue la Policía y la Justicia”, opina Acevedo. El consumo que “está bien” hace que muchas personas terminen presas y fuercen un sistema público colapsado.
Por qué
Sobre este atasco, Acevedo contó: “Para hacer una pericia sobre la droga incautada a una persona acusada de venta hay dos años de espera. Y si esa persona no tiene los recursos, pasa el proceso con prisión preventiva. Generalmente, por el atasco, arreglan un juicio abreviado porque también temen una pena mayor en un juicio”.
Para Acevedo, la política de persecución tiene un problema crónico: no puede (o quiere) perseguir los delitos complejos: las redes de narcotráfico, trata de personas, estafas económicas, etc. “Los últimos 20 años de políticas públicas apuntaron en este sentido. La saturación se agudizó con Cambiemos”, opinó la especialista.
