La designación del comandante general retirado de Gendarmería Gerardo Chaumont en la secretaría de Seguridad implica un nuevo golpe de timón en un área donde el gobierno ha tenido históricamente más déficit que aciertos. La llegada de un hombre perteneciente y formado en una fuerza de seguridad es una novedad en relación a lo conocido desde la llegada del Frente Progresista al poder en 2007, donde tanto Hermes Binner como Antonio Bonfatti recurrieron a funcionarios sin experiencia que fueron conociendo la fuerza policial, el territorio y la problemática del área a medida que recibían golpes o metían la pata. La ausencia de cuadros políticos formados en seguridad pública, un déficit de la democracia argentina en general, pero en algunas fuerzas más pronunciada que en otras, hizo que la seguridad pública pasara por manos de hombres que hoy podían intentar instruir órdenes a la Policía y mañana estar en el Registro Civil o en la Lotería.
No todos fueron desaciertos ni todo es culpa del gobierno o un déficit del Frente Progresista. En todo el país, en los últimos 25 años lo que se llama inseguridad adquirió una complejidad y un dramatismo que parece no tener fondo. Su prima hermana es la debacle social disparada por la etapa neoliberal de los 90 y que, hay que reconocerlo, no pudo revertirse en una década de políticas sociales muy activas. Una situación decepcionante que obliga a revisar todos los manuales conocidos hasta ahora.
La hora de los gendarmes
Chaumont será el segundo de Lamberto. La continuidad del ministro es el mensaje que Bonfatti hace trascender: la línea política es la misma. Y la reforma policial esbozada en su momento, aún con contratiempos, ejecutada en plazos más extensos de los previstos, sigue siendo el horizonte, está diciendo el gobernador.
La llegada de Chaumont se empezó a definir hace más de veinte días y tiene directa vinculación con el desembarco en junio pasado de otro gendarme retirado. José Guillermo Spadaro es abogado recibido en la UNR, ex veterano de Malvinas y también ostenta frondoso curriculum. En su caso no recaló en el Ministerio de Seguridad sino en el de Gobierno y Reforma del Estado, donde le crearon una secretaría sui generis denominada “de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales”.
“Spadaro se integró a la gestión a partir de un vínculo que por la propia dinámica de la gestión hizo el gobernador. Los primeros contactos se dieron en febrero y en junio asumió”, contó una fuente oficial.
Con respecto a Chaumont, continuó: “Nosotros hace un tiempo que éramos concientes de que era necesaria una vuelta de tuerca y fue Spadaro quien sugirió el nombre”.
Antecedentes
Al menos desde 1991 los distintos gobiernos de Santa Fe encargaron la seguridad pública a hombres de fuerzas armadas, de seguridad u organismos de inteligencia.
El subsecretario del área en el primer gobierno de Carlos Reutemann fue un teniente coronel de activa participación en tiempos de dictadura llamado Rodolfo Riegé; en el segundo optó por un servicio de inteligencia de la Side, Enrique Álvarez.
Obeid primero recurrió al teniente coronel José Bernhard, a quien lo ligaba un vínculo personal desde los tiempos en que uno lideraba la JP Lealtad y el otro estaba en el Ejército. Para su segundo mandato eligió a un civil. Puso al frente de seguridad a Alejandro Rossi, hermano del actual ministro de Defensa de la Nación.
El Frente Progresista concentró las decisiones en funcionarios de civil. El intento en diciembre de 2009 de nombrar en la Secretaría de Seguridad a un ex comisario provocó un terremoto político dentro del gobierno de Hermes Binner con quienes entendían que era un paso atrás empoderar a un sector de la Policía en un lugar crucial para las políticas de seguridad, lo que hizo que José Luis Giacometti tuviera que pegar la vuelta cuando viajaba a Santa Fe para asumir.
Con esos casos anteriores, Chaumont sólo comparte el hecho de haber utilizado el uniforme de una fuerza. Por lo demás es un hombre que hizo su carrera en democracia, sin agujeros negros en su currículum, descontaminado de la vida interna de la Policía de Santa Fe y con experiencia en misiones internacionales de paz y como enlace con la ONU.
Al designarlo, Bonfatti rompe con un criterio que llevaba varios años y que se podría resumir como “inexpertos pero de confianza”, teniendo en cuenta que en anteriores casos las principales responsabilidades en seguridad pública eran delegadas a hombres del socialismo o de su entorno cercano.
Una silla que arde
La misión de Chaumont no tiene ningún secreto. Es estarle encima a la Policía, sacarla a la calle y llevarla a cumplir sus funciones operativas dónde y cuándo se la necesita.
Remover el actual relajamiento que existe en la fuerza y reponer respeto en la cadena de mandos. Eso es lo urgente. Todo el Estado se puso como objetivo reposicionarse en el territorio con iniciativas como el Plan Abre, que repuso inversión pública a niveles inéditos en los distritos periféricos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y barrios de Santa Fe.
En este sentido, Nación y la provincia en particular han dado un giro de 180 grados en materia de cloacas, agua potable, pavimentación, recuperación de viviendas sociales que arrastraban deterioro de décadas, remodelación de avenidas que son las columnas vertebrales urbanas de barrios en franco deterioro, intervenciones urbanísticas en asentamientos irregulares y planes de acceso a vivienda. Si a todo esto no logra agregarse seguridad pública, que también está al tope de la demanda, se camina rengo.
La fórmula no cierra si el vecino tiene cloacas pero le desvalijan la casa o le disparan para sacarle la moto o el auto.
A diferencia de la construcción de cloacas (una de las demandas más fuertes de la última década de la que el Estado se hizo cargo para llegar al 85% de los hogares en 2015), la seguridad pública no se soluciona sólo con presupuesto. El desafío es darle respuesta al reclamo de seguridad instalado en todos los estratos sociales. Y si bien lo mencionado bajo el título de Plan Abre está íntimamente relacionado con el contexto de la seguridad, por lo tanto es muy positivo, el principal instrumento sigue siendo la Policía.
Justo cuando algunas cifras muy parciales hacen pensar a funcionarios provinciales y municipales que a partir del segundo trimestre del año podría haberse detenido el crecimiento de la tasa de homicidios y con que a fin de año podría llegarse a un número por lo menos igual al de 2013, la violencia urbana trasladó la presión a la ciudad de Santa Fe. Bajar la fiebre allí será la primera tarea de Chaumont.
En la Justicia
Mientras esto ocurre en la órbita del Poder Ejecutivo, en el Judicial hubo novedades. El informe del fiscal regional Rosario Jorge Baclini es digno de ser leído con atención, porque resume con precisión quirúrgica las debilidades y fortalezas del Ministerio Público de la Acusación, motor del nuevo sistema de Justicia penal que debutó en febrero pasado.
El balance no vende espejitos de colores. Trasunta honestidad en cuanto a qué y cómo se investiga, tasa de resolución de delitos (que es baja según estándares internacionales pero mejor que lo que había) y las necesidades y penurias que sobrellevan los equipos de trabajo a su cargo, muy propias de una institución que arrancó de cero y donde todo está por hacerse y aprenderse.
Cruzando la calle Montevideo, en el edificio de Tribunales, la denuncia de parte de un comisario procesado contra el juez de instrucción Juan Carlos Vienna, acompañada con una filmación oculta de la reunión informal que mantuvo en su despacho en presunta violación a la prisión domiciliaria que ese mismo juez le impuso, hacen imposible seguir demorando una sanción disciplinaria.
Siguiendo la línea de razonamiento que se viene expresando en esta columna, ya está claro que Vienna no pudo explicar su conducta y, más aún, que no merece ser juez. Por lo demás, en cuanto a la megacausa Monos que instruyó, quedará valorar la calidad de las pruebas reunidas a la hora del juicio de sentencia.
Cuando la Corte Suprema analice el tema hoy, seguramente surgirán muchos planos de análisis. Vienna no salió de un repollo, pero es hora de que también el Poder Judicial dé un mensaje claro.
