El líder del espacio Libertad Avanza Javier Milei apoya la compra y venta de órganos, ya que considera que es un mercado más. Incluso afirma que si se liberara ese mercado, los trasplantes funcionarían mucho mejor. Pero si una persona tiene la necesidad económica de vender un órgano para sobrevivir, esa decisión no es libre, es coaccionada y no puede considerarse autónoma.
La propuesta libertaria de considerar la compraventa de órganos como un mercado más se basa en la autonomía, es decir, en la libertad que tienen las personas para tomar decisiones. En ese sentido, los libertarios argumentan que cada uno dispone de la propiedad de su propio cuerpo (y por tanto, de sus órganos corporales). En otras palabras, el donante transferiría derechos de propiedad a través de una transacción comercial por la cual obtiene un beneficio económico.
La ley argentina lo prohíbe
En Argentina, el comercio de órganos está prohibido y sancionado por la Ley 24.193. Los artículos 27 (inc. fyg) y 28 expresan el principio de gratuidad con sus respectivas limitaciones, tales como la prohibición de otorgar prestaciones o beneficios para la donación de órganos en vida o después de la muerte, la indeterminación del lucro o la inducción al donante a obligar a la donación.
Según el Instituto Nacional Central de Ablación e Implante Coordinador (Incucai), la donación se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede haber contraprestación económica a cambio. En nuestro país, desde la promulgación de la Ley Justina (27.447) en 2018, toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de su oposición.
Esta ley también habilita la donación de riñón emparejada, procedimiento que involucra a cuatro personas y funciona como un intercambio de donantes entre dos receptores que tienen donantes vivos (generalmente familiares) pero que no son compatibles entre sí.
La evolución de los donantes reales en el país es ascendente desde 1999, con ligeros descensos en algunos años. Sin embargo, tras la sanción de la Ley Justina, en 2019 se alcanzó el récord histórico, con 883 donantes reales.
Si bien en 2020 y 2021, debido a la pandemia, disminuyó el número de donantes, es importante aclarar que son pocos los países que han decidido continuar apoyando el funcionamiento de los programas de obtención y trasplante de órganos, tejidos y células. A su vez, en 2022, la donación de órganos volvió a aumentar, alcanzando niveles similares a los niveles previos a la pandemia.
Milei afirma que “cada vez que se produce una intervención, el resultado posterior es peor que el que tenías”. Sin embargo, esto es claramente una falacia, porque el número de donantes ha ido aumentando desde 1999 hasta la actualidad, de la mano de la intervención estatal.
En casi todos los países del mundo, la compra y venta de órganos es ilegal, excepto en Irán, donde existe un mercado legal de riñones pero eso funciona de manera contraria a lo que promueven los libertarios, ya que hay una fuerte intervención del Estado como intermediario entre el donante y el comprador, y además el sector público cubre parte del trato.
En Irán, los pobres se vieron obligados a vender sus órganos para pagar sus deudas. Entonces, el camino a seguir no parece ser un mercado de órganos, sino promover acciones que promuevan la donación altruista, como la mencionada Ley Justina que modificó la Ley del Presunto Donante (26.066), que si bien establecía que toda persona era donante salvo declaración en contrario, al momento de la muerte las autoridades tenían que solicitar el testimonio de la familia de la voluntad del difunto , lo que retrasó el procedimiento.
El mercado de órganos
Sin embargo, las posiciones más radicales, como la de Milei, expresan que la única solución para reducir la lista de espera es poner precio a los órganos. Gary Becker y Julio Elias argumentan que hay un exceso de demanda y que la única forma de equilibrarlo es a través de un incentivo monetario para los donantes (lo que aumentaría la oferta).
Según estos autores, “la introducción de incentivos monetarios puede aumentar la oferta de riñones para trasplante lo suficiente como para eliminar las largas colas de espera en el mercado”.
El libertarismo se centra en la individualismo extremo. Pero, como afirma el Incucai, “para contrarrestar el atomismo moral y la desigualdad que genera la exacerbación de la individualidad, es necesario recurrir a los principios de solidaridad y justicia, que se basan en la no discriminación de los potenciales destinatarios por cuestiones relacionadas con la edad, el sexo, la religión, la riqueza, entre otros”.
La desigualdad se hace evidente cuando alguna de estas cuestiones se convierte en un impedimento para que cualquier competidor acceda al implante. Esto ocurriría claramente con el libre mercado: los ricos podrán pagar los trasplantes, mientras que los pobres tendrán menos posibilidades de obtenerlos e incluso tendrán que vender sus órganos.
Además, el problema del tráfico de órganos figura desde hace años en los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que se estima que entre el 5 y el 10 por ciento de los trasplantes que se realizan provienen del mercado ilegal.
Los países de donde provienen estos compradores de órganos son principalmente Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón y Taiwán. Y los principales territorios exportadores de órganos son Kosovo, Chipre, Azerbaiyán, Egipto, China, Panamá, Pakistán, India, Filipinas, Rumania, Moldavia, Perú y Colombia. es decir, van de países pobres a países ricos.
La capacidad económica de las personas no debe ser un factor determinante a la hora de acceder a un trasplante. Los defensores del libre mercado intentan justificar que promover el propio interés servirá al interés de todos. Sin embargo, estos intereses pueden entrar en conflicto bajo ciertas condiciones, como cuando una parte tiene la necesidad de vender sus órganos para sobrevivir y la otra no.
¿Qué pasaría si la venta de órganos fuera legal?
Según el Incucai, en India, donde hay alrededor de 2.000 riñones ablacionados por año, las donaciones se hacen en circunstancias de mayor necesidad y pobreza agravando las consecuencias de la nefrectomía con mala nutrición y mala salud.
En este sentido, la autonomía y el consentimiento informado (un sistema adecuado de transferencia de información a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y libres sobre la disposición de sus cuerpos) están condicionados por la presión económica y necesidades básicas insatisfechas. La liberalización del mercado de órganos transforma al ser humano en un objeto, lo que vulnera la dignidad y los derechos humanos.
Si se permitiera la libre comercialización de órganos, el escenario sería como el que se muestra en la película Animal del director Armando Bo, pero extendida a todos los solicitantes y proveedores de órganos. Habría gente pobre queriendo donar sus órganos como única posibilidad de poder tener un cierto grado de riqueza, gente rica dispuesta a pagar a los pobres por sus órganos y finalmente gente pobre necesitada de un trasplante que moriría. Incluso en estos casos delicados y profundos que determinan la vida y la muerte, se pretende continuar con la lógica moral mercantilista.
