La Inspección General de Justicia (IGJ) denunciará penalmente a la Fundación Chocobar y a sus fundadores, el policía Luis Chocobar y sus abogados, por el presunto delito de “defraudación”, ya que pide donaciones para su funcionamiento pero “no existe registro alguno” de su existencia.
«No existe registro alguno de la Fundación Chocobar, ya sea bajo el tipo Fundación o Asociación Civil. Tampoco existe ningún trámite iniciado con el fin de solicitar autorización para funcionar como tal por parte de una entidad con esa denominación”, sostiene una resolución de la IGJ.
«Todo lo que rodea a la Fundación Chocobar luce extremadamente irregular”, añadió el documento, firmado por el titular del organismo, el abogado Ricardo Nissen.
Según esa investigación interna, la Fundación Chocobar “se trataría de una persona jurídica con objeto de bien común que no ha obtenido autorización del Estado para funcionar, que impide la fiscalización por parte de la IGJ pero que, sin embargo, estaría desarrollando sus acciones con amplia difusión en los medios de comunicación y solicitando donaciones del público».
Sobre las donaciones, la IGJ advirtió que «son solicitadas para la Fundación pero, en cambio, las mismas son direccionadas a la cuenta que el Sr. Chocobar tiene en el Banco Provincia o a través de una cuenta de Mercadopago cuya titularidad no se ha podido constatar».
La IGJ determinó que en una página de internet que aborda pormenores del “caso Chocobar” –el proceso penal contra el policía bonaerense por la muerte de Pablo Kukoc, asaltante de un turista en el barrio de La Boca- «se presentan cuatro opciones de ingreso” a la Fundación: “Estatuto de la Fundación, Contactate con nosotros, Objetivos de la Fundación y Cómo donar – medios de pago».
«La página web muestra un documento, que luce como escritura pública (sin número ni nombre del escribano interviniente) de donde surge que la fecha de constitución de la persona jurídica habría sido el 29 de mayo de 2021», y también sus autoridades: Presidente, Chocobar; vice, Fernando Soto; tesorero, Ricardo Galeano; Consejo de Administración, Luis Jorge Cevasco.
Soto y Cevasco defendieron a Chocobar en el juicio oral en el que fue condenado a dos años de prisión en suspenso por homicidio por exceso del cumplimiento del deber por la muerte de Kukoc. La IGJ realizó una visita a la presunta sede de la Fundación, en Avenida Corrientes al 1.600, un domicilio que coincide con el del abogado Soto, pero en dos días sucesivos, 4 y 5 de agosto pasado, no halló a nadie allí.
«Se estarían desarrollando acciones bajo la figura de una fundación cuyo funcionamiento no ha sido autorizado por la IGJ. (…) Se estaría asistiendo legalmente a policías y personal de las fuerzas de seguridad que han sido cuestionados judicialmente por hechos ocurridos durante el desempeño de sus funciones», añadió el documento.
Ante ese escenario, la IGJ resolvió denunciar penalmente a los integrantes de la Fundación y, al mismo tiempo, poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal las conductas de los tres letrados que la integran.
