La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, rechazó este lunes el pedido de la diputada porteña Graciela Ocaña para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la Liga Profesional de Fútbol. La solicitud buscaba establecer un mecanismo de supervisión sobre la gestión de ambas entidades, presididas por Claudio “Chiqui” Tapia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco legal.
En la presentación, Ocaña argumentó que la designación de un veedor no afectaría la relación de la AFA con la FIFA ni el normal funcionamiento de la Selección argentina y de los clubes. Sostuvo además que la veeduría permitiría evitar eventuales irregularidades y prevenir la comisión de delitos, tanto en la AFA como en la estructura de la Liga Profesional.
Sin embargo, la IGJ consideró que el pedido resultaba “prematuro” desde el punto de vista administrativo. En la resolución, el organismo explicó que aún no vencieron los plazos para que la AFA y la Liga respondan a las intimaciones realizadas la semana pasada, vinculadas a observaciones sobre balances y documentación contable. Hasta tanto no se cumpla esa instancia, señaló, no corresponde avanzar con una medida extraordinaria.
Otro de los fundamentos centrales del rechazo fue la falta de competencia del organismo para ordenar una intervención administrativa, incluso bajo la figura de veeduría. Según detalló la IGJ, esa atribución corresponde exclusivamente al Ministerio de Justicia, por lo que el organismo no puede disponer ni recomendar la designación de un veedor en asociaciones civiles como la AFA y la Liga Profesional.
Finalmente, la resolución remarcó que el pedido de la diputada fue considerado genérico y sin referencia a hechos concretos que justifiquen una supervisión de ese tipo. La IGJ advirtió además que avanzar con una veeduría en esta etapa podría interferir con investigaciones judiciales en curso. De este modo, la atención queda puesta ahora en las respuestas que deberán presentar la AFA y la Liga antes de fines de enero de 2026 y en los próximos pasos que adopten la Justicia y el Ministerio de Justicia.
