El Episcopado acordó este viernes el reemplazo «gradual» de los aportes que recibe del Estado, un apoyo que en 2018 alcanzó los 130 millones de pesos de manera directa y que en los últimos meses recibió críticas de distintos sectores de la sociedad y la propia alianza Cambiemos.
En el marco de una asamblea plenaria de obispos que se desarrolla en la casa de ejercicios El Cenáculo La Montonera de Pilar, los obispos señalaron que pasarán sostener el culto a partir de «la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común».
«Los obispos han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común», indicó el equipo de Comunicación de la CEA en un comunicado, en el que no se precisaron los plazos.
Además, informó que se decidió conformar «una comisión episcopal para el sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia», la cual trabajará en la creación de un «fondo solidario y la continuidad del diálogo con el gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo» de fondos.
De esta manera, el plenario de obispos confirmó el cambio del actual sistema de sostenimiento de culto, algo que la conducción de la Iglesia venía estudiando hace meses con la Casa Rosada bajo estricto hermetismo.
El gobierno ya había informado oficialmente que el Estado gastaba esos 130 millones en el pago de los sueldos de los obispos, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional y de leyes posteriores, además del sostenimiento de becas para seminaristas y parroquias de frontera.
Además del pago de los sueldos de curas y obispos, las iglesias tienen el beneficio de no pagar impuestos. Están exentas del pago de la tasa inmobiliaria, por ejemplo en Rosario no abonan TGI y en la provincia de Santa Fe no afrontan el API.
También arrastran otros beneficios por decreto desde la última dictadura como el pago de pasajes de avión a representantes culto católico apostólico romano. Es decir que los 130 millones destinados a sueldos es apenas un pequeño fragmento de lo que el Estado le aporta a la Iglesia Católica.
