Las expectativas por el plan económico que ajustaría a la casta se diluyeron a lo largo de la primera semana de gestión de Javier Milei, en la que su ministro de Economía Luis Caputo ratificó que el ajuste más importante desde la salida de la convertibilidad lo pagará la sociedad argentina. El pragmatismo y las recetas tradicionales barrieron con las ilusiones libertarias ya que la columna vertebral del paquete de shock le fijó un piso de $800 al tipo de cambio oficial, subió retenciones y elevó alícuotas para importadores. En pocas medidas comenzó a cristalizarse un sendero hacia un plan, de transferencia de recursos, más similar al que se vio con Mauricio Macri que a un proceso novedoso donde la motosierra termine con los privilegios de la política.
La meta de equilibrio fiscal que propone el gobierno nacional tiene dos caminos: a través de un ajuste (equivalente al 2,9% del PBI) y de la recaudación (equivalente a 2,2%). En este último caso con más impuestos a exportadores, quienes de todas formas se vieron beneficiados por una suba del 100% del tipo de cambio y a importadores, quienes sufrirán un duro revés en sus costos. Si bien el apartado del ajuste no está completamente desarrollado, Caputo ya anticipó que una de las variables de ajuste serán las provincias, ya que las transferencias discrecionales serán mínimas e indispensables y la obra pública será eliminada. Otra de las fuentes de financiamiento contempla un restablecimiento de Ganancias, que impactará en trabajadores que venían de perder un 9% de su poder adquisitivo en la gestión Fernández y durante esta última semana se empobrecieron un poco más todavía.
Los primeros impactos del ajuste empezaron a reflejarse en cuestión de horas, con remarcaciones que superaron cómodamente el 100% en supermercados, sumadas a las que se convirtieron en un hábito semanal durante los últimos meses. Este fenómeno, que aparece caracterizado en algunos medios como “inflación reprimida”, ubicó a los combustibles alrededor de los $800 y el kilo de carne a $8.000 en Rosario. Más allá de la promesa para los sectores más vulnerables, por ahora no se conocen medidas de contención para quienes están apenas por encima de esa condición y que contempla al grueso de los trabajadores, quienes por ahora figuran en el plan oficialista como los responsables de asumir el mayor sacrificio.
En el reparto de la carga del ajuste, las provincias y el universo de trabajadores tienen un fuerte punto en común que es el tema Impuesto a las Ganancias. El propio ministro de Economía se liberó de culpa sobre un eventual retorno de ese tributo, al asegurar que varios gobernadores le plantearon restablecerlo, con el objetivo de acceder a los montos que les correspondían a las provincias antes de que lo eliminara el gobierno anterior. El titular de la cartera económica santafesina, Pablo Olivares, planteó “que los recursos de las provincias no se vean afectados por medidas que se tomaron en un contexto de clara connotación electoral y que no tienen que ver con el gobierno en ejercicio”.
Un plan de transferencias
En diálogo con El Ciudadano, el economista de la Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, analizó los primeras medidas y evaluó quienes son los primeros beneficiados del modelo de Javier Milei: “Dentro de esa situación se benefician los sectores agropecuarios en detrimento del sector industrial. Es una visión política, no es una cuestión técnica, y tiene que ver con el criterio de hacia dónde quieren llevar la economía, que de eso hablaron poco. Solo hablan del gasto público como el gran problema del déficit fiscal”.
Respecto al tema fiscal, añadió: “Tanto Milei como Caputo hicieron la misma mención respecto a los desequilibrios en tarifas, a las deudas con importadores y deudas con empresas extranjeras. Eso lo pusieron junto con la deuda del Estado. Reconocen con claridad que esos son los sectores a los que les debemos. Eso quiere decir que esos sectores el ajuste no lo van a pagar. Ahí están las empresas energéticas, agroexportadoras, grandes importadores con sus casa matrices, empresas extranjeras que tienen anclaje en la cadena alimenticia, y las finanzas, son a quienes el Estado va a compensar, por ejemplo con el nuevo bono del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
Esto último fue una de las novedades de la semana, una de las primeras definiciones del gobierno para sacar adelante la deuda en comercio exterior. Se trata de una nota (o bono) emitida por el BCRA para importadores que quedaron debiendo con sus proveedores en el exterior. El objetivo es que esos importadores accedan a esa herramienta, pagando en pesos al Central y luego cancelando sus deudas a través de ese bono. La promesa a los proveedores es que ese bono se actualizará atado al dólar y lo podrán cobrar en 2027 con divisas del BCRA.
A partir de las medidas anunciadas hasta el momento, Guida sentenció: “Esto dejó de ser una receta liberal y ya está siendo una receta neo liberal, orientada a que el Estado tome parte en la redistribución del ingreso, asuma ciertos costos empresarios y medie en la transferencia de ingresos. Eso no es un Estado liberal, en el Estado liberal se arreglan los particulares. El gobierno está definiendo discrecionalmente quienes van a ganar y sigue adelante con un discurso sin fundamentos con el que se lleva puesto todo”.
Hasta ahora lo que reconoció oficialmente el Ministerio de Economía para lograr el equilibrio fiscal (en su publicación posterior a los anuncios de Caputo) es un recorte del 2,9% del gasto y un ahorro equivalente al 2,2%. Entre los ingresos para el año que viene ya toman en cuenta una “reversión en Ganancias” es decir la restauración del impuesto, así como también otra moratoria y blanqueo. Entre los gastos reconocen un importante recorte en subsidios (del 2% actual al 0,7%), en transferencias a provincias (del 0,8% actual al 0,5%) y en obra pública (caerá al 0,7%).
En relación a los perdedores del nuevo modelo, el economista de Fundación Pueblos del Sur analizó: “Tampoco se habló de trabajo todavía, con eso entendemos que para el gobierno el trabajo no es un elemento dinamizador de la economía para este gobierno. De hecho estas medidas van a destruir trabajo, eso es una definición política basal. SI vos penalizás a la industria, ya sabés que la mano de obra calificada va a quedar en la calle, y si al mercado interno lo deprimís, sabés que a los informales y cuentapropistas los vas a dejar en la calle, incluso sabiendo que el trabajo formal es el que financia al sistema de seguridad social”.
Por último, Guida se refirió al cuello de botella que puede ocasionar el parate en la actividad y sintetizó: “Un ajuste de esta magnitud no te garantiza cerrar el déficit fiscal. De La Rúa intentó lo mismo cuando asumió pero la caída en la recaudación fue tan grande que el ajuste no fue suficiente. Si la actividad económica cae tanto, no llegás a recaudar lo que pensás, incluso con el ajuste que hiciste. La recaudación tributaria está basada en el IVA y en aportes a la Seguridad Social, dos fuentes de financiamiento ligadas al trabajo y a la actividad económica. La historia muestra que los procesos recesivos nunca lograron el superávit fiscal, ni mucho menos financiero”.
A propósito de los mayores responsables de pagar la cuenta que demanda el camino hacia el equilibrio fiscal, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) elaboró un cálculo en el que estimaron que casi la mitad del ajuste proyectado por el Ministerio de Economía lo van a pagar trabajadores activos.
Las medidas que afectan a este sector se encuentra en distintos rubros de la planilla publicada por el Ministerio de Economía: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID-, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento.
Por su parte, las y los trabajadores pasivos asumirían el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional.
Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $940. En suma, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES, destacaron desde Cepa.
