El matutino porteño Tiempo Argentino reflotó en su portada del domingo pasado una noticia de hace tres meses –la contratación directa, por parte del Ejecutivo provincial, de las empresas encargadas de imprimir las boletas únicas que se usaron en las primarias del 22 de mayo y que se utilizarán en las generales del 24 de julio– y esa misma noche en el programa 6, 7, 8 –que se emite por Canal 7, la televisión pública– sus panelistas dedicaron un considerable espacio a cuestionar al gobernador Hermes Binner por “hacer negocios” con el CEO de Clarín Héctor Magnetto. El motivo: una de las firmas contratadas es Artes Gráficas del Litoral (AGL), la imprenta que montaron a medias, en el parque industrial de Sauce Viejo, a veinte minutos de la capital provincial, el grupo Clarín y el diario El Litoral de Santa Fe.
El revuelo obligó al ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, a salir a dar explicaciones. El funcionario reiteró –como lo había hecho el 28 de marzo, cuando se abrieron los sobres con la segunda oferta de cada uno de los grupos interesados– que el gobierno decidió la contratación directa por falta de tiempo y aseguró que se realizaron los controles necesarios para garantizar la transparencia del proceso. El rebote televisivo de la noticia también disparó polémicas en el plano político, todas ellas asociadas a la candidatura presidencial de Binner y a un supuesto pacto entre el socialista y el hombre fuerte de Clarín. El senador rosarino Juan Carlos Zabalza –primer candidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista– defendió a su jefe político atacando a los medios cercanos al kirchnerismo: “Estas denuncias son parte de la prensa adicta al gobierno”, sostuvo Zabalza ayer a la mañana.
Al mediodía, Superti convocó a una conferencia de prensa en su despacho en la Casa Gris. “Quería explicar lo que ya se explicó en su momento y que está en la página web de la Secretaría Electoral, dada la cantidad de mentiras que se han dicho sobre ese tema”, comenzó el ministro. “Hacia fin del año pasado se promulgó la ley de boleta única, hubo que cumplir con uno de sus artículos que dice que la provincia debe hacerse cargo de la impresión. Para ello había que contratar alguna empresa que las pudiera imprimir en una modalidad inédita en boletas electorales. Eran boletas complejas porque tenían datos variables, fijos, fotografías, logos y una serie de características técnicas que acotaban el espectro de las empresas que podían hacerlo”.
“Primero intentamos una licitación pública, pero por los plazos era imposible. Tal es así que el primer dato del expediente es un pedido de informe a Compras y Suministros, que dijo que era imposible hacer una licitación en el tiempo que quedaba. Pedimos un informe en la imprenta oficial para ver si lo podían hacer. Y tampoco podían. Ahí se decidió realizar una contratación directa”, indicó Superti.
“Dado que eran montos importantes, tomamos medidas atípicas para una contratación directa. El gobernador dictó un decreto (Nº 187, del 16 de febrero) con tres medidas considerando las contrataciones que había que hacer. Una le da intervención a la Sindicatura General de la provincia. Otra le pide a la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público que tome medidas especiales”, explicó el funcionario, y continuó: “En tercer lugar se les pidió a las cámaras legislativas que conformen una comisión bicameral donde estén representados todos los bloques y que se haga un seguimiento del proceso de contrataciones. Esa comisión nunca se conformó”.
Boldt y AGL, las contratadas
El 28 de marzo las tres empresas interesadas en imprimir las boletas entregaron sus nuevas propuestas económicas luego de que el gobierno las convocara a mejorar la oferta inicial. AGL bajó de 27.782.615 a 23.405.713 pesos; Ramón Chozas SA –una imprenta de Buenos Aires que fabrica productos de oficina bajo la marca Húsares– pasó de 36.200.000 a 34.390.000; Boldt SA –la firma que tiene la concesión de la informática de la Lotería– bajó de 27.400.000 a 23.850.000 pesos. Así, Boldt y AGL quedaron mejor posicionadas que su competidora.
La posibilidad que les dio el Ejecutivo de mejorar sus ofertas iniciales fue por un pedido de AGL. En aquella ocasión el ministro Superti –encargado del operativo electoral por parte del Ejecutivo– pidió consejo a la Comisión de Evaluación de Trámites y Ofertas Interministerial y la respuesta fue que habilitara a las otras firmas a presentar una segunda oferta, de modo de no favorecer por anticipado a ninguna de ellas. Un cuarto oferente –Papel SA– mantuvo su cotización inicial en 34.400.000 pesos y no presentó una mejora de la misma.
Una semana después –el 4 de abril– el gobierno adjudicó la impresión de las boletas con una novedad: otorgó a Boldt el trabajo para las primarias y a AGL el de las generales. Entonces, desde el Ejecutivo destacaron que a raíz de la posibilidad que se les dio a las empresas de mejorar sus cotizaciones, la provincia pudo ahorrar –en cada uno de los casos– unos cuatro millones de pesos. Superti aclaró ayer que, antes de tomar la decisión, visitaron las plantas para constatar que tuvieran capacidad técnica y pidieron balances “para ver si tenían capacidad económica”.
Se puso Chivo
Luego del rebote que tuvo el tema en la Televisión Pública, desde el PJ cuestionaron a Binner. El candidato a gobernador y jefe de la bancada de diputados nacionales kirchneristas, Agustín Rossi, opinó que la adjudicación a favor de Clarín “compromete” al gobierno provincial. “La verdad no ofende a nadie. Le dieron la adjudicación a la imprenta del grupo Clarín y El Litoral, así que cuál es el problema”, dijo Rossi en LT8. “Fue un proceso que tuvo sus bemoles; hubo una impugnación de la empresa Bodlt pero después terminaron en un acuerdo, entonces a Boldt le dieron las primarias y al grupo Clarín la impresión de las boletas de las generales”.
El diputado Rossi dejó entrever que la contratación de AGL puede influir en la campaña proselitista: “Son dos medios que durante el proceso electoral tendrán una adjudicación de millones de pesos. No presumo nada, pero hubiese estado más tranquilo si no se la daban porque esos medios tienen ahora un compromiso económico con el Estado que maneja Binner”.
