Desde hace cuatro generaciones los Marinucci trabajan unas 50 hectáreas del sur de la provincia de Santa Fe. Desde 1920 arriendan y cultivan unas tierras cerca de la localidad de Bigand. Pero su medio de vida y subsistencia hace 14 años que se ve amenazado por la voracidad de la especulación inmobiliaria que, amparada bajo la forma de una “fundación”, busca por todos los medios desalojarlos del campo que habitan hace casi 100 años, como ya ha ocurrido con otras 25 familias.
Por eso este jueves Sandra y Oscar Marinucci, apoyados por Federación Agraria y otras organizaciones sociales, se concentrarán a las 10 frente a los Tribunales provinciales de Rosario para decirle “No al desalojo”. Lo que está en disputa no es sólo la pelea de un agricultor familiar contra su desarraigo, sino el modelo rural para el país: si la apuesta es por afianzar el desarrollo de los territorios, el arraigo rural, formas de producción más sustentables; o si por el contrario se permitirá la concentración de las tierras, no ya en personas físicas sino incluso jurídicas.
Las tierras del fundador
Todo se remonta a 1912 cuando Víctor Bigand, fundador del pueblo e hijo del terrateniente Honorio que adquirió las tierras, comenzó a arrendar sus 3.500 hectáreas a los colonos de la zona, en lo que se trató de los primeros contratos tras el Grito de Alcorta.
Pero al fallecer en 2004 la última heredera de los Bigand, María Mercedes Octavia, se desató una embestida por parte de la Fundación Honorio Bigand para desalojar a los colonos y hacerse de esas tierras. Allí comenzó el calvario de los Marinucci, pero también el de las 25 familias que arrendaban las tierras.
El testamento que legaba el campo a la Fundación para destinarlas a la “caridad y el bien público” siempre les fue ocultado a los colonos. Tras una ardua lucha judicial pudieron comprobar en 2005 que había una cláusula que los beneficiaba: sus tierras no podían ser enajenadas por el término de 10 años y tenían la prioridad para adquirir los terrenos.
Ante esta situación, la Fundación debió aceptar renovar los contratos por diez años y reconfiguró su estrategia para lograr su cometido. Así es como comenzó una nueva etapa de persecución, amenazas y embargos que fue expulsando a los históricos arrendatarios de sus chacras, incluso algunos de ellos sufrieron consecuencias de salud por el estrés al que fueron sometidos. Otros, los menos, lograron en 2015 renegociar los contratos pero con cláusulas leoninas que los perjudican notoriamente y hoy los tienen sumamente endeudados.
En diálogo con El Ciudadano, Sandra Marinucci explicó: “Hay otras familias que tuvieron que dejar los campos porque el manejo de la Fundación siempre fue el avasallamiento, la imposición y la amenaza. Por ejemplo, a una de las últimas familias que entregó el campo le habían puesto cadenas en la tranquera y los amenazaron con embargarles la casa que tienen en el pueblo. Por lo que prefirieron irse”.
Ante la resistencia de los Marinucci por conservar sus modos de vida y de subsistencia, la Fundación respondió con más presión: “Siempre nos dijeron que nos iban a ahogar económicamente, es por eso que nos embargan las cosechas. Le pedíamos que se tenga en cuenta no solo el gasto que nos originaba la cosecha sino también el carácter alimentario porque de eso vivimos. Y hace dos años que directamente no sembramos porque no sólo que no tenemos para poder seguir adelante sino que sólo nos quedan deudas. Así que criamos lechón, cordero, chivo, a pequeña escala”.
La causa judicial
En primera instancia, el juez de Cañada de Gómez Walter Verdura falló a favor de frenar el desalojo, en base a la ley provincial 13.666 que estipula que no se podrá expulsar de los campos a quienes viven de la agricultura familiar hasta febrero de 2020. Pero la Fundación apeló y es por eso que se convocó a la movilización de este jueves ante los Tribunales.
“Nos movilizamos no sólo por nosotros sino por todas las familias que están en ésta situación y que necesitan que esta ley se pueda aplicar”, agregó Sandra. Además de la norma provincial, hay una ley nacional de Agricultura Familiar, a la que Santa Fe adhirió, que si bien está vigente, nunca fue reglamentada. Declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y crea el Régimen de Reparación Histórica para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
“Quieren convertir esto en un negocio inmobiliario”, se lamentó Sandra y agregó: “Desde 1920 siempre estuvimos acá, mis hijos son la cuarta generación. Nosotros somos la cabeza de un montón de familia que están siendo desalojadas. Esta lucha es por todos ellos pero también es para decir «no a la concentración de la tierra», que cada vez está en menos manos. Es para que haya una agricultura con rostro, para que cuando llegues a los campos te encuentres con una chacra, con animales y gente viviendo en el campo”.
