El proyecto de reforma tributaria que esta semana ingresará a la Legislatura provincial no incluirá la eliminación de exenciones al sector industrial, aunque sí a la construcción y una mayor tasa al sector financiero. También se descartó recrear el impuesto a la herencia, mientras que habrá una actualización en el caso de las dos versiones de Inmobiliario, urbano y rural.
El proyecto ya cuenta con el consenso de casi todos los senadores de la oposición, que negociaron directamente con el Ejecutivo los alcances de la “reformita”, como ironiza un alto funcionario provincial en referencia a los proyectos que el primer gobierno del Frente Progresista impulsó en 2008 y 2009.
Uno de los puntos más polémicos siempre pasa por las exenciones de las que gozan algunos actores de la economía. El secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales, Claudio Leoni, uno de los sectores que está en conflicto en medio de la paritaria, recordó que en el Presupuesto 2012 “hay 2.900 millones en exenciones, es decir en subsidios tributarios donde destacan grandes firmas industriales”.
El sector industrial sale airoso de la reforma por varios motivos. Además de su enorme capacidad de lobby, la coyuntura económica convenció al Ejecutivo y a los senadores de que no es el mejor momento para avanzar en ese carril. Industriales, legisladores y gobierno esperan definiciones sobre una versión que corrió muy fuerte en los últimos tiempos y que indica que el Ministerio de Economía de la Nación analiza desmontar los reintegros a las exportaciones y quitar el IVA diferencial. Otras voces sostienen que se esa idea sera arcivada si se aprueban los cambios en el Banco Central, porque de ahí saldría el financiamiento para sostener esa política. “Si se concreta la eliminación, eso va a planchar la industria”, aseguran en lo más alto del gobierno de Santa Fe.
Si bien no se tocará al sector industrial en materia de Ingresos Brutos, una de las posibilidades charladas entre oficialismo y oposición es generar otro tipo de impuesto, de menor envergadura pero más extendido, cuyos detalles no trascendieron.
Dos sectores económicos muy fuertes que hace tiempo están en la mira de la administración son construcción y sistema financiero. En el caso de bancos y otros tipos de entidades hoy están entre los que más pagan impuesto a los Ingresos Brutos, pero así todo la alícuota es algo menor a la que les aplican en Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo. La construcción, hasta ahora exenta, pasaría a pagar 2% a partir de un piso de facturación.
En cuanto al Inmobiliario, prácticamente no fue actualizado desde la salida de la convertibilidad. Sólo en 2010 el urbano recibió un reajuste. Entre 2003 y 2007, como el despegue de la actividad económica reportaba saltos enormes en los ingresos, ya sea vía Ingresos Brutos o por fondos de coparticipación nacional, el gobierno de entonces hizo gala de que no aumentó impuestos. Esa política tuvo correlato en la cada vez menor participación del impuesto Inmobiliario en el total de los ingresos propios recaudados por la provincia: en 2003 explicaba el 30% del total y en 2011 sólo representó el 7%. En dinero aportó apenas 567 millones a los 28 mil millones de pesos que totalizaron los recursos utilizados por el Estado provincial. Otra consecuencia es que hoy se paga mucho más de Patente Automotor que de inmobiliario, terreno o campo que valen mucho más.
El inmobiliario es un impuesto conceptualmente muy justo en términos tributarios porque se paga en función de metros cuadrados, ubicación y valor de mercado de la propiedad.
Otra de las propuestas que el gobierno ya descartó es reestablecer el impuesto a la herencia. Un alto funcionario provincial explicó que las grandes herencias, que son las que justificarían un impuesto de esta naturaleza, quedan en quienes tienen capacidad económica y soporte legal y contable para evitarlo traspasando los bienes a sociedades y eludiendo el pago. “Terminaría sólo pagando la gente que cuando se mueren los padres le queda la casa en la que vivían”, graficaron como ejemplo.
Si bien funcionarios y legisladores de la oposición sueltan en cuentagotas los detalles de la negociación, El Ciudadano pudo confirmar en diferentes fuentes que la aspiración es que la reforma tributaria reporte, en el cálculo más conservador, 1.500 millones a las arcas públicas. De eso monto, unos 450 deberían ir al conjunto de municipios y comunas y como mínimo 1.000 millones quedarían en la provincia, que tras tener cerradas casi todas las paritarias, debe financiar 2.700 millones extra que demandarán los aumentos salariales a los estatales.
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