¿Qué mueve hoy a buena parte de la sociedad argentina, la golpeada por las salvajes medidas económicas, políticas y de cercenamiento de derechos que ejerce el gobierno nacional, a mirar pasivamente tal devastación? Los argumentos sobre esa inmovilidad son variopintos y según de dónde provengan, tienden a explicarla basándose solo en una fantasía que debe servir para calmar tanto azoramiento, a esta altura tan generalizada que incluye a los propios votantes de Javier Milei.
La fantasía adopta diferentes formatos, pero todos confluyen en la creencia de que todavía no es el momento para una manifestación masiva, un estar en la calle con las centrales sindicales a la cabeza –ya que en la actualidad no hay ninguna otra fuerza que pueda encabezar una medida de resistencia radical, incluidos los sectores partidarios de oposición verdadera–, las organizaciones sociales, los representantes políticos que poco confían en la lucha que pueden dar desde sus bancas y la cada vez más amplia franja de clase media y baja –en un arco amplio que abarcaría hasta estudiantes y científicos del Conicet sin representación gremial–, que ve como el agua le llega al cuello y no avista salvavidas alguno, sino una ola enorme en el horizonte que terminará sepultándolo todo.
El rumor de la pronta ¿explosión?, ¿implosión? del gobierno nacional se va diluyendo con el paso del tiempo. No llega a marzo, se escuchaba decir a mediados de enero; ya en marzo se especula con que difícilmente llegue a abril con las escalada de aumentos de tarifas de servicios, de transporte público, de combustible, de prepagas, de escuelas y universidades privadas, de medicamentos; ya en el segmento más precarizado y de caídos del sistema, por la falta de alimento para los comedores barriales y escolares, por la no provisión de medicación oncológica y para HIV, por el desfinanciamiento de universidades públicas, en fin, por la desintegración de los componentes necesarios para sostener la trama social funcionando.
Con el discurso de apertura de sesiones ordinarias efectuado por Milei el viernes último, todo el falso barullo hecho por algunos gobernadores a los que les negaron la coparticipación, se diluyó espontáneamente y varios están ansiosos de asistir a la convocatoria emanada del gobierno nacional para de una vez por todas emplazarlos a votar el paquete de leyes que necesita para optimizar la transferencia de recursos de las clases trabajadoras a los sectores concentrados de la economía, léase el poder real al que responde como perfecto emisario el presidente de los argentinos.
Algunos de esos gobernadores, sobre todo los de origen radical que integraron Juntos por el Cambio, y también los del PRO, esgrimen el cuidado de sus territorios bajo premisas como el fomento a la industria y el campo que debe tener en cuenta el gobierno nacional para que, como contrapartida, ellos apoyen las leyes, y lo que resulta evidente de ese posicionamiento es que nunca pueden ser tan ingenuos para creer que al oficialismo le interesa lo mismo, sino, por el contrario, lo que se evidencia es que estos mismos gobernadores coinciden finalmente con las políticas de exterminio productivo expresadas en la Ley Ómnibus. No pocos de ellos han militado abiertamente a Milei. Es decir, por ese lado no puede esperarse casi nada parecido a un llamamiento a una movilización masiva ni posturas más beligerantes para resistir las ofensivas oficiales.
El ejemplo fue la bravata del gobernador chubutense Ignacio Torres cuando blandió su advertencia de cortar el suministro de petróleo, para apenas un poco después, y luego de bancarse las difamaciones obscenas en las redes sociales que lo tuvieron como protagonista, “arrugar” en el sentido más literal del término y mostrar que él cree en el diálogo y no en ofensas y agresiones. Más acá en el tiempo, en la Expoagro realizada en San Nicolás en estos días, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro deslizó que el presidente debe entender la “realidad del interior productivo” para que él se avenga a estampar su firma en el llamado “Pacto del 25 de mayo”; lo dijo ante el ministro del Interior Guillermo Francos, quien funge como contrapeso de los improperios vertidos por Milei contra los mandatarios provinciales. A metros nomás, Milei, que marcó presencia un rato en la Expoagro, insistía: “(el alivio fiscal) es parte de un programa integral. Si (los gobernadores) no se alinean en el programa integral, no se puede hacer ese tipo de reformas”.
Mientras tanto, el alud de despidos de trabajadores estatales y privados va creciendo –acaban de sumarse los empleados de la agencia de noticias Télam, a la que el gobierno quiere cerrar para concluir la tarea sucia que comenzó Macri–, con los de la construcción a la cabeza, pero también con los trabajadores metalúrgicos como el reciente cese de producción de Acindar. Alo que se suma un alerta generalizado de las empresas pyme que están sufriendo las consecuencias de la brutal caída de ventas y actividad y son llevados a la instancia de tener que achicar personal antes del posible cierre.
Al mismo tiempo, los oligopolios de bienes de consumo masivo siguen denodadamente persiguiendo abultar sus ganancias, con las babas que todavía les chorrea luego de la impiadosa devaluación del ministro de economía en diciembre pasado y su cargan culpas mutuamente con los supermercadistas para ver quién encendió primero la mecha de la dinamita inflacionaria –lo que al cabo desnuda que la inflación no puede atribuirse solamente a la emisión monetaria. Y todos estos grupos de poder siguen admirados de que la licuadora y motosierra a full sigan lastimando profundamente a los pobres y a los sectores bajos y medios sin que hubiese hasta el momento ninguna reacción social contundente.
Tal vez alguien podría mentar el paro de doce horas y la movilización del 24 de enero, pero a esta altura de los acontecimientos, eso ahora solo queda como una señal que va perdiendo su efecto. Sobre todo porque Milei acaba de reafirmar su plan de destrucción social masiva, único objetivo para el que fue ungido, manifestando su vocación de estrellarse antes de ceder, y porque ceder no es una actitud que forme parte del plan macabro implementado que asustó hasta el mismo FMI.
¿Qué espera entonces la sociedad para intentar quitarse el aturdimiento cotidiano al que la somete el gobierno nacional golpe tras golpe?, ¿es el principio de una agonía de final cantado, inédito en un país de ejemplares resistencias? Hasta el Papa Francisco dejó en claro que la legitimidad de una elección debe corresponderse con la legitimidad de las acciones de gobierno, que deben tender fundamentalmente al bienestar del pueblo de la nación, algo de lo que esta gestión abomina. Las calles del país siguen vacías y apenas están depositadas algunas expectativas en las movilizaciones del 8M y del 24 de marzo, pero que seguramente no serán suficientes si no se las acompaña de medidas más decididas, puesto que la clase dirigente opositora parece esperar la ebullición social que, según esta visión, ocurriría de modo espontáneo y haría explotar al gobierno, pero a la que nadie todavía se anima a ponerle fecha.
Por eso la paz en las calles mientras crece aceleradamente el ajuste, traducido en empobrecimiento, hambruna y la amenaza de muerte –habrá que medir cuánta gente carece de medicación esencial para mantenerse con vida, al igual que las consecuencias surgidas de la falta de alimentos en niños y ancianos– se parece más al desierto dejado por los romanos que el historiador Tácito dijo escuchar en boca de los británicos: “Dejan un desierto y lo llaman paz”. En ese desierto callejero, Milei sigue como en campaña, blandiendo su motosierra contra cualquier indicio de justicia social y de un Estado guardián de esa máxima.
