En el listado de acreedores que dejó Vicentin luego de declararse en “estrés financiero” figuran productores agropecuarios, acopios y cooperativas. La deuda con este grupo asciende a 21 mil millones de pesos y aparecen damnificados a distintas escalas. Productores de la región advierten que desde la apertura del concurso de acreedores ninguna propuesta llegó a buen puerto. Si bien en este caso todos comparten la incertidumbre en referencia a sus acreencias, se bifurcan dos posturas sobre la intervención del Estado en la agroexportadora.
Desde Federación Agraria Argentina (FAA) consideraron “necesaria y oportuna” la intervención del Estado como manera de garantizar a los pequeños productores que puedan cobrar sus deudas. En otro plano, los grandes productores no tomaron como una buena noticia la decisión del Ejecutivo nacional. En algunos casos, consideran que la iniciativa puede entorpecer aún más el curso de la situación actual.
En tercer lugar aparece un grupo de cooperativas que recibió el respaldo de la Asociación de Cooperativas Argentinas. La entidad decidió hacerse cargo del dinero que la agroexportadora le debía a cada una de ellas por intercambios comerciales.
Pequeños productores
El director de Federación Agraria, Pablo Pailole, describió la situación que atraviesa un grupo de pequeños productores y el resto de las cooperativas afectadas, y sostuvo que la intervención del Estado significa no sólo la posibilidad de cobrar deudas sino también de mantener los puestos de trabajo.
“Consideramos necesaria y oportuna la intervención del Estado, no se los puede abandonar a los productores para que deambulen en los pasillos de los Tribunales por haber cometido el delito de producir”, describió.
A su vez fue poco optimista con la posibilidad de que avance el concurso preventivo. En ese sentido, agregó que “más del 85% de los concursos preventivos terminan en quiebra”.
Por otra parte, señaló que sería “lamentable” que las organizaciones que representan a los pequeños productores rechacen la intervención del Estado. Desde FAA consideraron que mantener la situación como estaba antes de la intervención sería dejar a las empresas en el “desamparo, lidiando con el poder económico, político y judicial”.
Pailole insistió con que la decisión del gobierno nacional es “una oportunidad de pensar un país soberano”.
Grandes productores
Entre los que producen a mayor escala emerge una postura distinta. Luego la incertidumbre que mantuvieron desde la apertura del concurso preventivo de Vicentin, aparece la noticia de la intervención, que no fue muy bien recibida en el sector.
Desde Sumando Cabezas, grupo que representa a productores damnificados, sostienen que desde diciembre, momento en el que la agroexportadora se declaró en default, hasta los últimos días, «la situación se complicó cada vez más».
Si bien todos se encuentran ante la misma problemática, algunos cuentan con mayor respaldo económico como para dejar pasar el tiempo y no cobrar. «Hay algunos a los que si no les pagan, se funden. Dentro del grupo hay de todo», aseguraron a este diario.
Tras la apertura del concurso, Vicentin no tuvo señales claras hacia sus acreedores. En marzo los convocaron a firmar un convenio que imponía una rebaja de sus créditos del 50%. Algunos, en el afán de cobrar, aceptaron pero otros continuaron reclamando.
El grueso de los acreedores comerciales, aquellos que entregaron mercadería y no cobraron, insisten en sus presentaciones a la Justicia y por estos días lo único que saben sobre el tema es lo que comunica la empresa mediante publicaciones oficiales.
«Todo lo que venía negociando la empresa lo ofrecían a través de intermediarios pero ninguna negociación llegó a buen puerto. Los privados estamos en la Justicia, abierto a escuchar propuestas», manifestaron desde Sumando Cabezas.
Ante el mismo panorama, la noticia de la intervención sobre Vicentin no fue bien recibida por otro importante acreedor. Se trata de la Union Agrícola de Avellaneda, que publicó un duro comunicado al respecto rechazando el anuncio de Alberto Fernández.
Esta firma lleva más de 90 años de acuerdo comercial con la agroexportadora y, pese a formar parte de su lista de acreedores, mostró un firme respaldo. «Conocemos las dificultades financieras que está atravesando dicha empresa pero defendemos enfáticamente la propiedad privada», manifestaron a través de un comunicado en el que sumaron su rechazo a la intervención y eventual expropiación.
Cooperativas
Un grupo de cooperativas damnificadas por el estrés financiero de la multinacional santafesina, recibió el apoyo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA): durante enero la entidad anunció a todos sus miembros que se haría cargo de las acreencias y pagaría a cada uno de ellos lo que les correspondía cobrar.
Si bien aún cada cooperativa figura como acreedora de Vicentin, ACA absorbió 90 millones de dólares, es decir la suma total de la deuda comercial que había con cada una de ellas. Se trata de las cooperativas de segundo grado.
Entre las acreedoras que forman parte de la Asociación, aparecen productoras y comercializadoras de granos, consignatarias de hacienda, agroinsumo y producción porcina. El grueso de las cooperativas que forman parte del grupo se concentran en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
