La Cámara Penal declaró la incompetencia del fuero provincial para continuar con la investigación a cuatro gendarmes acusados de extorsionar a un vecinos –que había sido condenado por narcomenudeo– en barrio Tablada para que les entregara 200 mil pesos y drogas, según su denuncia. El hecho tuvo lugar a principios de abril y los uniformados de la fuerza nacional cayeron tras una entrega controlada de dinero. El cuarteto fue imputado por los delitos de robo calificado con allanamiento ilegal cometido en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas con extorsión. Los miembros de la Gendarmería Nacional quedaron detenidos y tras la apelación de sus defensas, la vocal Georgina Depetris dispuso la remisión inmediata de la causa al fuero extraordinario, o sea, la Justicia federal.
A principios de abril, Juan Carlos «Purre» César, de 57 años, denunció que dos hombres vestidos con uniforme de la Gendarmería Nacional se bajaron de un auto particular y lo interceptaron poco antes de llegar a su casa en barrio Tablada. Dijo que lo tomaron del cuello y lo obligaron a entrar a la vivienda donde estaba su familia. Luego entraron otros tres hombres con el mismo uniforme y barbijos, a excepción de uno de ellos.
Según el denunciante, le pidieron drogas, dinero y armas. Pero como Purre contestó que no tenía, lo golpearon en la cabeza y le exigieron que le dieran el dato de quién vendía drogas, aseguró.
En su relato, el hombre expuso que luego de golpearlo y amenazarlo durante un rato lo llevaron a una camioneta de la fuerza y le dieron un paseo por la zona. Purre dijo que le pidieron 200 mil pesos para no llevarlo preso y sino colaboraba le iban a iniciar una causa por drogas. También contó que le faltó plata de su casa.
Siempre según la denuncia presentada, le dieron tres días para conseguir la plata y llevársela hasta inmediaciones del Fonavi de Lola Mora e Hipócrates. Debía llegar en bicicleta y con barbijo, y tirar la plata en la caja del móvil de la Fuerza Federal que iba a estar estacionado en el lugar, aseguró el denunciante.
Personal de Asuntos Internos dio aviso de la denuncia al fiscal Gastón Ávila y se organizó un operativo de entrega controlada.
Ese miércoles 8 de abril, Purré llegó en bicicleta con una bolsa negra y un gendarme salió de la oscuridad y le hizo señas para que tirara la bolsa en la caja. Luego, el uniformado la tomó y se subió a un auto particular. Los detuvieron a la altura de Sánchez de Thompson al 22 bis. Los dos ocupantes fueron identificados como el cabo Juan Ramón Galván y el sargento Néstor Manuel Cabrera en el interior del auto estaba el dinero, contaron fuentes policiales.
Un rato después llegó una camioneta de Gendarmería Nacional con otros dos ocupantes identificados como el alférez Roberto Nicolás Florentín y el cabo primero Armando Daniel Morera y quedaron presos, contaron fuentes judiciales. El cuarteto fue imputado en el fuero provincial tras un allanamiento a la sede de Gendarmería Nacional y quedaron en prisión preventiva por orden de la jueza María Isabel Más Varela.
Apelación
Pero los defensores de los imputados apelaron la decisión y coincidieron en un planteo común, el pedido de incompetencia del fuero provincial en el caso entre otras peticiones. Incluso uno de los letrados informó de un pedido del fiscal federal 2 ante el juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N° 3 de Rosario para intervenir en esta investigación.
La camarista Georgina Depetris revisó la resolución e hizo lugar al planteo presentado por los defensores. La magistrada de segunda instancia concluyó que es la Justicia Federal materialmente competente a los fines de la investigación y juzgamiento de la causa.
Dijo que si bien se les atribuyeron delitos comunes a los gendarmes, el contenido imputativo no excluye conductas eventualmente atrapadas por la ley 23.737 (sobre tenencia y tráfico de estupefacientes), circunstancia que integró la Fiscalía a su teoría del caso. Esto sumado a su condición de funcionarios de la fuerza de seguridad nacional en ejercicio, lo que permite determinar a primera vista la afección del buen desempeño del servicio de sus empleados.
La propia Fiscalía relató la denuncia efectuada por César donde contaba que los hechos ocurrieron en un “contexto de exigencia extorsiva por parte de los agentes de entrega no sólo de dinero y armas, si no también de material estupefaciente, y que el requerimiento del dinero a entregar fue a cambio de no formarle causa por infracción a la ley 23.737”, consideró Depetris a lo que sumó la propuesta que presuntamente recibió de lo uniformados.
“Esta versión fáctica, entre otras cosas, es receptada por la parte acusadora para formalizar las imputaciones que nos convocan, manifestando que ha corroborado los dichos del denunciante mediante gran cantidad de medidas”, explicó Depetris.
La magistrada dijo que además de verificarse una estricta relación con delitos expresamente establecidos por la ley de competencia federal hay “una grave afectación a su función esencial y entorpecimiento del normal funcionamiento de la institución nacional, amenazando y extorsionando a los fines de ingresar al mismo plexo delictivo que están llamados a combatir, utilizando para ello todos los medios que su función pone a su alcance, inclusive, amenazando con falsear hechos y datos que permitan desviar las investigaciones y las actuaciones judiciales cuya responsabilidad les compete”.
Por todo ello Depetis resolvió declarar la incompetencia del fuero provincial y remitir las actuaciones a la Justicia Federal para una pronta adecuación a su procedimiento y definan la situación procesal de los gendarmes involucrados
Purre
Purre es familiar de Luciano “Chanchi” César, sindicado ex barra brava de Rosario Central. Asesinado en marzo pasado a metros de su casa en la misma cuadra donde tuvo lugar el hecho que tiene como imputados a los Gendarmes. Incluso en 2012, un hijo de Chanchi también fue asesinado en el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates.
Otro miembro de la familia es Miltón César, a quien le mataron a su madre y su hermano tras el crimen de Claudio «Pájaro» Cantero en mayo de 2013. A este joven lo habían sindicado en un primer momento como uno de los asesinos del Pájaro, aunque luego se dijo que se trataba de otro Miltón que terminó sobreseído por el crimen del jefe de la banda de Los Monos.
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