“Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Esa es la frase que un testigo, sentado en una mesa vecina, dijo haberle escuchado al diputado del PRO y ex funcionario macrista Gerardo Milman. Menos de 48 horas después se cometía el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el testigo, asesor de un diputado del Frente de Todos, quedó convencido de que la referencia era inequívoca. Ya otro diputado, el oficialista Rodolfo Tailhade, había pedido investigar a Milman, un ex radical y actual “halcón” macrista, colaborador estrecho de Patricia Bullrich –fue funcionario en el Ministerio de Seguridad cuando ella estaba al frente– y a otro par, el neuquino del PRO Francisco Sánchez, quien antes del ataque había pedido “pena de muerte” para Cristina y mencionado un posible falso atentado, al igual que su aliado de bancada. Este viernes Milman se presentará en Tribunales, según anunció él mismo, para desarticular la «operación berreta».
Con todo detalle, el testigo describió la escena que observó mientras almorzaba, en las primeras horas de la tarde del pasado 30 de agosto, con un familiar en un restaurante cercano al Congreso nacional. Y aportó un mensaje de Whatsapp para corroborar sus dichos y sospechas sobre el ataque a Cristina, cometido el 1º de septiembre. “Ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa”, escribió.
El testigo le dio a la jueza Capuchetti lo que consideró un indicio de que el diputado Milman ya sabía el 30 de agosto que dos días más tarde se iba a cometer la tentativa de asesinato.
El testigo aportó los datos de su tarjeta de débito con la que explicó que pagó la cuenta del restaurante. Y dijo que debía haber cámaras en el bar, como también los domos del Congreso, con imágenes que iban a acreditar su versión.
La jueza ordenó secuestrar las grabaciones del bar Casablanca, y en esas imágenes se registró que efectivamente el día y la hora aportados en el testimonio estuvo Milman allí con dos mujeres, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes trabajan con él.
Ambas declararon este miércoles ante la jueza que no recordaban el encuentro, pero les mostraron las imágenes y se reconocieron, aunque dijeron no recordar ningún dicho semejante de Milman. Aunque el 1º de septiembre, el legislador de Juntos por el Cambio estuvo efectivamente en Pinamar, en la costa.
La nueva arista de la investigación tiene otro punto sugestivo. El 18 de agosto, dos semanas antes del ataque a Cristina, Milman presentó un proyecto en la Cámara baja el que mencionó la posibilidad de un falso atentado contra la vicepresidenta. “Presentaron un proyecto de resolución” junto a otros diputados del PRO dirigido al Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, para saber “si habían extremado la seguridad de jueces, fiscales y periodistas que estaban siendo agredidos”, recordó el diputado Tailhade, titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja.
“Afirmaban que estaban en peligro porque en cualquier momento iba a ocurrir un atentado contra esas personas. También pedían el refuerzo de la custodia de Cristina por si se cometía un atentado. Hablaban incluso de un autoatentado para victimizarse y pedían que se extremara la seguridad”, rememoró el diputado del Frente de Todos.
Tailhade también recordó que poco después, el 23 de agosto, Sánchez “salió a pedir pena de muerte para Cristina públicamente” tan solo “cinco días después” de haber presentado el primer proyecto.
Y más: “El 1º de septiembre, por la mañana, Milman presenta otro proyecto de resolución con un nuevo pedido de informes al Ministerio de Seguridad preguntando por qué se había reforzado la custodia de Cristina, haciendo hincapié que era absolutamente innecesario porque se estaba gastando plata. Todo lo contrario a lo que había dicho diez días antes”, señaló el legislador.
En la noche de ese jueves, en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, Fernando Sabag Montiel se acercó a Cristina con una Bersa calibre 32 y le gatilló en la cabeza, sin que salieran balas, y fue reducido por militantes kirchneristas y custodios. Desde entonces está en prisión, y días después fue detenida su novia, Brenda Uliarte, quien también estaba allí. Ambos están acusados por tentativa de homicidio calificado.
Las coincidencias no son tal cosa para Tailhade, quien sostuvo que en los proyectos legislativos se estaba buscando, en realidad, “un nivel de información absolutamente inadmisible”, respecto del funcionamiento de la custodia de la ex presidenta. “Si uno lo vincula con sus propias declaraciones y proyectos de días antes, pareciera que buscan información de la custodia para no errar en un atentado”, insistió. “Los dos son niños mimados de Patricia Bullrich. Sánchez es el referente de ella en Neuquén y Milman es su mano derecha”, continuó Tailhade, refiriendo que ambos diputados “son psicópatas” y “tienen vínculos con jóvenes republicanos que son muy violentos”.
Tailhade se quejó de que la jueza Capuchetti no hubiera citados antes a Milman: “Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo”, advirtió.
“La jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado”, sostuvo Tailhade, y en esa línea cuestionó la “respuesta muy lenta y pasiva” de Capuchetti.
Tailhade también cuestionó que la causa que investiga a la organización de ultraderecha Revolución Federal no esté unificada con la del atentado, lo que atribuyó a una “estrategia de Comodoro Py” para que “no haya resultados en ninguna” de las investigaciones.
En cuanto al posible financiamiento a Revolución Federal por parte de un fideicomiso de la sociedad Caputo Hermanos, el diputado advirtió que “no hay nada que cierre alrededor” de ese grupo empresarial, ya que “no hay explicaciones razonables” sobre la contratación de la carpintería de Jonathan Morel para obras en Neuquén. Y sostuvo que que el grupo que organizó la Marcha de Antorchas contra la Casa Rosada y que llevaba guillotinas en las protestas opositoras «estaba evidentemente muy bien financiado”.
Y agregó que desde la sociedad de Caputo Hermanos hubo “especulación” para tratar de mantenerse ajenos a la investigación y que solo se presentaron ante el juzgado cuando “se enteraron que era inevitable”.
“Es una cosa detrás de la otra. Uno no quiere pensar mal pero está demasiado explícito”, concluyó.
Por su parte el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, advirtió que “es una cuestión delicada” la sospecha de que su par Milman tenía conocimiento de que iba a perpetrarse el atentado.
Moreau sostuvo que la clave de la causa que investiga el ataque, en manos de la jueza federal Capuchetti, está vinculada con la que tiene a su cargo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal y sus posibles implicaciones con el intento de magnicidio.
“Naturalmente la clave es el financiamiento de Revolución Federal. En ese sentido, en la causa se ha avanzado mucho para encontrar fuentes de recursos que parecían débiles pero se han ido fortaleciendo”, opinó.
Asimismo, expresó que el descubrimiento del dinero proveniente del grupo de empresas de la familia del ex ministro de Finanzas de Cambiemos Luis Caputo destinado a Revolución Federal “da una magnitud diferente a la investigación”.
Para el diputado, los vínculos aparentes entre Revolución Federal y el ataque a la vicepresidenta hacen que se llegue al punto de una “recalificación”. “Mantener la causa como un intento de homicidio es absurdo, creo que estamos ante un hecho de terrorismo. Es un hecho institucional, hay que recalificar la investigación. Todo tiende a unificar las causas”, concluyó.
