Los supuestos coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron enviados este lunes a juicio oral y público por la jueza federal María Eugenia Capuchetti que clausuró parcialmente la instrucción de investigación del atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.
La magistrada lo decidió incluso contra la opinión de la querella de la ex mandataria Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes consideraron que «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad».
La jueza dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.
Capuchetti lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral.
Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso Amia, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.
Final de la etapa de instrucción
«En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado», sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución.
Al resolver la elevación a juicio de la causa, la jueza señaló que «la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar», según surge de su resolución.
«La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa», planteó la jueza.
«Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados», agregó la magistrada.
En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que «no resultan novedosas» las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la «pista Milman» (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su ex secretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque.
«Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen», replicó la jueza.
La jueza recordó en su resolución que la fiscalía, a cargo de Carlos Rivolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.
«Al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante», había señalado Rivolo.
«Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos (…) La planificación previa sobre el domicilio de la vicepresidenta y sus movimientos fueron realizadas por ellos mismos en las inmediaciones del domicilio de la víctima, conforme lo acreditan las conversaciones ya analizadas», había opinado el fiscal, según recordó la jueza
Cuando se opusieron a que la causa fuera elevada a juicio oral y público, los abogados de la querella, Ubeira y Aldazabal, opinaron que «lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación».
Y además remarcaron: «La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes».
«Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque», enfatizaron los abogados en su momento.
«No está claro cuáles fueron las motivaciones»
«Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?», se preguntaron los abogados.
«Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo, pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho», sostuvieron.
«Puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta Sube, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona», hipotetizaron los abogados como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas.
«Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1° de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener», escribieron.
Al elevar «parcialmente» a juicio la causa, la magistrada dispuso también extraer testimonio como había pedido el fiscal para seguir investigando las pistas que queden pendientes.
«Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el MPF (Ministerio Público Fiscal) en su dictamen (extracción de testimonios)», sostuvo la jueza.
Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor y resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate.
