La Sala II de la Cámara Federal porteña avaló la causa que se le sigue a las obras sociales de Camioneros, en la que si investiga si éstas realizaron fraudes en el financiamiento de tratamientos médicos.
Lo hizo al rechazar un planteo de la defensa del titular de la CGT, Hugo Moyano, para que se invalidaran una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas por el juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio.
La defensa alegó que el fiscal del caso no había sido notificado de aquellas medidas ni avisado del curso que se le dio a la pesquisa.
Según el tribunal, las constancias de la causa revelan que en dichas ocasiones el fiscal avaló la orientación otorgada a la instrucción -enfocada en ciertas derivaciones de los eventos inicialmente señalados en su requerimiento- sin objetar ninguna de las diligencias y actos producidos. Eso es suficiente para descartar el agravio de la defensa sobre el punto pues se advierte una actividad persecutoria por parte de la Fiscalía siendo que ésta ha tenido noticias de lo actuado desde su inicio contando con la posibilidad de manifestar su oposición al progreso causídico o de convalidarlo expresa o tácitamente.
Esta es una causa paralela a la mafia de los medicamentos, dedicada a la venta de remedios adulterados y/o vencidos, en la que está detenido otro gremialista: el titula de los bancarios Juan José Zanola.
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