Este jueves, el juez de Cámara Jorge Alberto Andrés decidirá sobre el futuro de la causa de supuesto espionaje ilegal que tiene como uno de los acusados al ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. En la audicencia, el juez deberá decidir si la causa sigue en manos de la Justicia provincial o pasa a la Justicia federal.
A fines del año pasado, la defensa del ex ministro solicitó el traspaso de fuero, al considerar que la posible violación a la Ley Nacional de Inteligencia representa un delito federal.
El juez penal Jorge Patrizi resolvió en aquel momento rechazar el planteo de incompetencia realizado por los abogados defensores Santiago y Hernán Martínez, y Juan Lewis. Sain apeló aquella decisión, por lo que se llega ahora a la instancia del juez de Cámara.
Según los fiscales de la causa, Sain fue el jefe de la asociación ilícita. Y participaron de esa organización la ex directora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la ex funcionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras.
También fueron imputados como integrantes de la asociación ilícita Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (ex subsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (ex subsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública).
La Fiscalía le imputó a Sain «asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada; peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Para el abogado de Sain, «no quedan dudas de que la violación de la ley de Inteligencia Nacional representa un delito federal». Y en cuanto a las otras figuras que se le imputan al ex ministro, -como por ejemplo el ser jefe de una asociación ilícita, abuso de autoridad, destrucción de elementos de prueba o violación de secretos y encubrimiento calificado-, Hernán Martínez sostiene que son delitos provinciales «pero están todos conectados con el supuesto objetivo de la asociación ilíticita, que según los fiscales era realizar tareas de inteligencia ilegal”. Para Martínez, la única figura que debe seguir en el fuero provincial es la de peculado: «El resto de la causa debe pasar a manos de la Justicia federal”, advirtió.
