La justicia federal realiza desde este mediodía un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentin en Reconquista. Buscan acceder a información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita. El procedimiento tiene como objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.
El hecho se produce el mismo día en que los representantes de la cerealera y del gobierno provincial acordaron reunirse en sede judicial. Durante la primera audiencia la novedad fue que ambas partes coincidieron en la conformación de un fideicomiso como una solución inicial.
El pedido se dio en el marco de la investigación que se originó a partir de un informe de las actuales autoridades del banco en el que denunciaron créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina –entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
La investigación también abarca la supuesta participación de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios de turno, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
