Las investigaciones sobre las supuestas maniobras de lavado de activos por parte de los directivos de la agroexportadora Vicentin está a punto de sumar un nuevo capítulo.
La Justicia Federal de Reconquista esperaba que el juez Aldo Alurralde habilite el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de la empresa, que fue concedido esta semana, para dar lugar a que el fiscal Roberto Salum avance con exhortos internacionales y otras series de diligencias para investigar una denuncia originada en Paraguay, la que podría determinar si hubo un vaciamiento previo al concurso preventivo de acreedores.
A partir de ahora la investigación apunta a colectar pruebas que certifiquen la integración del grupo empresario. Se solicitarán una serie de exhortos internacionales, y algunas medidas contra algunas firmas del holding.
La demanda promovida por el estudio Moyano y Asociados se basa en la supuesta existencia de sociedades no declaradas por Vicentin, con el objetivo de desviar fondos a empresas con sede en Uruguay, Panamá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes.
De corroborarse la maniobra esto llevaría irremediablemente a la quiebra de Vicentin, por el ocultamiento de información al momento de pedir su convocatoria, en clara violación a la Ley de Concursos y Quiebras, aseguran desde el estudio.
La Justicia Federal confía que a medida que se corrobore la existencia de las empresas, se entrecruzará información sobre su constitución y actividad.
Del expediente surge que Vicentin se desprende que empresas del grupo acabaron fuera del concurso, y por lo tanto no serían liquidadas para hacer frente de las deudas generadas por la agroexportadora.
Pero obtener la prueba no será fácil, es más, de lograrla el juicio puede llegar a sobrepasar los tiempos del concurso.
La fiscalía de Reconquista trabaja en diálogo con determinados organismos nacionales, entre ellos la Unidad de Información Financiera, como así también con funcionarios judiciales de Paraguay.
La comisión de diputados provinciales también se mantiene en contacto con el fiscal Salum, a quien la semana pasada le acercaron un documento que podría probar la vinculación de las empresas del grupo: un pagaré de 5 millones de dólares firmado por los directivos de Vicentin y Algodonera Avellaneda, que pertenece al holding uruguayo Vicentin Family Group.
