La Cámara Federal de Paraná revisará el próximo jueves 14 los procesamientos de los empresarios rosarinos Enzo Federico Vignale de 75 años, y su hijo Federico Andrés Vignale, de 45, acusados de infringir en múltiples ocasiones la medida judicial de protección que dispone la prohibición absoluta de cometer acciones que alteren al ambiente en las islas del Alto Delta. En septiembre pasado, el juez federal de Victoria, Federico Martin, resolvió procesar a padre e hijo por desobediencias reiteradas, al realizar fiestas electrónicas en su propiedad, el parador “Wakeland”, ubicado a la altura del kilómetro 9 de la ruta nacional 174, a poca distancia del puente Rosario-Victoria, y por haber hecho “modificaciones del curso de agua natural mediante una serie de terraplenes o desvíos que impiden el flujo natural de las aguas”. La resolución también dispuso sendos embargos de bienes por $1.500.000. Si se confirma lo actuado por el juez Martin, los dos ganaderos, cuyos nombres aparecen también en la investigación de los incendios en el Humedal, irán a juicio oral.
Los Vignale quedaron acusados por nueve hechos en concurso real, distintos delitos cometidos en forma simultánea o sucesiva tratados en un mismo proceso. La fiscal federa de Victoria Rosana Luggren expuso su responsabilidad por hacer fiestas ilegales en las islas: en el caso del padre, Enzo Federico, por ser propietario del lugar donde se realizaron, el parador Wakeland; y en el caso del hijo, Federico Andrés, por ser el organizador de encuentros multitudinarios de música y consumos recreativos sin ningún tipo de autorización. El delito por el cual se los procesó es por desobediencia judicial debido que, a sabiendas, incumplieron reiteradamente el amparo ambiental vigente desde el 1º de julio de 2020, que dispone “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente”. La medida judicial se dictó para evitar los incendios en el Humedal pero no alcanzó: en el último trienio se sucedieron las más devastadoras quemas de las que se tenga memoria.
Ambos empresarios son conocidos, según el portal Era Verde, como dos de los “dueños del fuego”, propuetarios u ocupantes de tierras donde hubo quemas de pastizales o quemas de desmonte. Por ello también están vinculados a expedientes que investigan los incendios en el Humedal. El procesamiento, al cual lo empresarios apelaron, se dictó por seis fiestas clandestinas y tres movimientos irregulares de suelo, con el levantamiento de endicamientos por los cuales se alteró el natural escurrimiento de las aguas y, consecuentemente, generaron condiciones para la propagación de los incendios.
Además de dictarle los procesamientos y embargos a los Vignale, el el juez Martin dispuso falta de mérito para una tercera acusada, Mónica Cisneros, de 71 años, “titular del permiso de uso provisorio para el expendio de comidas y bebidas en el parador cuestionado”.
La resolución fue notificada a las fuerzas de seguridad nacionales, a la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos (Jefatura Departamental Victoria), a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria.
Si la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirma los procesamientos, la fiscal Luggren podrá solicitar que el expediente sea elevado a juicio oral. La audiencia para esta instancia fue fijada para el 14 de noviembre.
El abogado defensor de los empresarios es Mauro Rodríguez, quien fue coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que durante el gobierno de Gustavo Bordet dependía de la Secretaría de Ambiente.
Denuncian invitación a nueva fiesta electrónica en parador de la isla contra las normas ambientales
Reincidencia
En el auto de procesamiento a los Vignale, el juez federal Martin reseñó que el 1º de julio de 2020 el Juzgado Federal 2 de Paraná dispuso la prohibición “de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques o terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.
Según el portal Era Verde, el magistrado de Victoria marcó: «Toda orden judicial, y en el particular la medida cautelar, fue dispuesta en aras de velar por intereses de índole general, y además de preservar la conservación del orden, y proteger el derecho colectivo, incluyéndose a su vez la función judicial como parte integrativa de las funciones administrativas del Estado. En consecuencia, el incumplimiento verificado por parte de los mencionados constituye una clara afectación a ello y particularmente al bien jurídico protegido por la figura legal de desobediencia, esto es el normal desenvolvimiento de la administración de justicia”.
Además repasó que en el parador se realizaron seis eventos masivos: el 1º de enero, el 22 de enero, el 11 de febrero, el 11 de marzo y el 15 de julio de 2023. El último fue entre el 3 y 4 de febrero del 2024: las autoridades estaban advertidas de la fiesta y a llegar al predio para dar cuenta de la cautelar vigente, una persona se presentó como encargado y dio datos falsos, demorando adrede el procedimiento. En esa fiesta se constató la presencia de al menos 2.000 personas que abonaron su entrada.
Además, en el expediente se conprobaron tres movimientos de suelo con maquinaria pesada en 2023: el 26 de febrero se observaron “movimientos de suelo realizados en el lateral derecho del parador” y se advirtió “la existencia de pajonales tirados en el lateral izquierdo” del mismo; el 14 de marzo hubo movimientos de suelo y desmonte por una superficie aproximada de 50 metros por 10 metros; y el 12 de mayo, cuando las autoridades encontraron tierra removida, “realizándose dos lagos artificiales y un tercero en proceso, rodeado de terraplenes e impidiendo el flujo de agua en una próxima crecida del río”.
