La Justicia dictó en la mañana de este miércoles la prisión domiciliaria a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala. La medida cumple con la cautelar admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclamó un cambio en las condiciones de detención de la dirigente opositora.
La defensa de la dirigente social y legisladora electa del Parlasur le reclamó al juez Gastón Mercau, quien dictó la medida, que el traslado «se realice en el día de hoy». Pero las cosas no son tan simples. El magistrado resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Sala en un inmueble del departamento jujeño de El Carmen que no parece adecuado: los abogados que patrocinan a la detenida advirtieron que esa propiedad «fue construida no como vivienda, sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar». Y recordaron que, tras la detención de la referente de la Tupac, «el lugar fue saqueado».
De esta manera, Mercau dio cumplimiento a la cautelar de la CIDH, que a fines de julio pasado había reclamado un cambio en las condiciones de detención de Sala por considerar que se encontraba «en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable».
«La Justicia de (el gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales dispuso la domiciliaria de Milagro en una casa que no habitaba, que no tiene luz, agua, ni sanitarios. Persecución», advirtió la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que integra el equipo de letrados que patrocina a Sala.
Días atrás, Mercau había ordenado inspecciones en distintos domicilios para definir en cuál podría alojarse la exdiputada provincial: además del ubicado en El Carmen, también había analizado uno en el barrio Cuyaya de la capital provincial, donde vive el marido de Sala, Raúl Noro.
Pese a que la líder de la Tupac Amaru había pedido ser traslada al domicilio capitalino, el magistrado dispuso que cumpla con la prisión domiciliaria en el inmueble ubicado en El Carmen.
Respecto al plazo para que se realice el traslado, el juez de control N°3 resolvió «diferir el efectivo cumplimiento de la medida a la comunicación por parte de la beneficiaria o sus representantes legales que la vivienda se encuentra en condiciones», aunque también especificó que se llevará a cabo «únicamente si existe resolución en igual sentido de los demás juzgados que hubieren dispuesto una medida de coerción».
Asimismo, Mercau señaló que el domicilio tendrá «custodia a cargo de personal de Gendarmería Nacional, y colaboración en caso necesario, de la Policía de la Provincia» de Jujuy.
En el fallo también remarcó que «podrán ingresar al inmueble un número de personas que no podrá exceder de siete a la vez y en el horario de 7:00 a 20:00», aunque aclaró que «esta restricción no se aplicará a los familiares directos».
De esta manera, Mercau dio cumplimiento a la cautelar de la CIDH, que a fines de julio pasado había reclamado un cambio en las condiciones de detención de Sala por considerar que se encontraba «en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable».
