La sala I de la Cámara Civil de los Tribunales provinciales declaró inadmisible el amparo presentado por el desarrollador del complejo de viviendas de bulevar Oroño 737 y suspendió así el permiso precario de edificación que esa firma tenía. La obra fue denunciada en mayo de este año por un grupo de vecinos y por la concejala María Fernanda Gigliani (PPS), quienes plantearon la existencia de irregularidades en la habilitación. De todas formas, el representante legal de los habitantes linderos señaló en diálogo con El Ciudadano que, a pesar de que el Ejecutivo fue notificado el 26 de junio de la resolución, aún no se enviaron inspectores para clausurar. Por esa razón, el privado sigue adelante con los trabajos.
El fallo de la Justicia lo dio a conocer ayer el abogado de los vecinos linderos a la construcción, Juan Pablo Bonsembiante. El letrado le dijo a este diario que la Cámara declaró el 17 de junio pasado inadmisible el amparo presentado por el desarrollador del complejo de viviendas de bulevar Oroño 737 y suspendió así el permiso precario de edificación que esa firma tenía. Igualmente, las obras en el lugar siguen adelante.
Según Bonsembiante el municipio fue notificado del fallo judicial el 26 de junio pasado, pero todavía no se enviaron inspectores para que clausuren la obra.
“Lo que estamos pidiendo ahora es que se implemente la suspensión que el Ejecutivo había dispuesto y que con la resolución en primera instancia (de la justicia) había quedado sin efecto”, explicó.
Este diario se comunicó ayer con algunas autoridades municipales para saber cuándo se instrumentará la clausura, pero los funcionarios consultados dijeron desconocer todavía la decisión judicial.
La historia
La obra de Oroño 737 saltó a la fama en mayo de este año por la denuncia pública que vecinos y la concejala del Partido del Progreso Social (PPS) realizaron contra la constructora y el municipio. Uno de los dos cuestionamientos está vinculado con la seguridad.
La particularidad del caso es que el complejo que se está construyendo, que tendrá 32 unidades y tres pisos de altura, se erige en el centro de la manzana y la única vía de entrada y salida para sus futuros 120 ocupantes es un pasillo que no llega a un metro y medio de ancho.
“Ese hecho puede transformarse, en caso de alguna emergencia, en una trampa mortal. Por ejemplo, por allí es imposible el ingreso de bomberos, rescatistas o ambulancias. También la evacuación de los damnificados presentaría serias dificultades”, sostuvo Gigliani.
El otro eje de la denuncia se planteó en torno a una presunta violación del Código Civil. Bonsembiante explicó que el pasillo “estaba preparado para un lote de 200 metros cuadrados” y en una situación de “total irregularidad” se le anexó otro terreno de 800 metros, lo cual modificó sustancialmente el proyecto.
El letrado señaló que por su magnitud el lote debería contar con una segunda salida hacia calle Córdoba, que no posee ni podría abrir porque ese sector está saturado.
El abogado del grupo de vecinos recordó que la situación de riesgo fue advertida a la Municipalidad en febrero de 2013, cuando iniciaron un trámite administrativo para que se revisara el permiso de edificación.
Tres meses después, en mayo, el área de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo dictaminó que la autorización era irregular y ordenó suspender las obras.
A los pocos días de ese freno, la empresa constructora presentó un amparo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 11, donde si bien no hubo una resolución sobre el fondo de la controversia, logró que le otorgaran un permiso precario para seguir con la obra.
Esa decisión fue apelada por los vecinos, quienes en las últimas horas obtuvieron el fallo favorable de la sala I de la Cámara Civil.
La desarrolladora del emprendimiento inmobiliario Oroño Inn es Dahr Construcciones, que tiene sus oficinas en calle Entre Ríos 729.
La Municipalidad clausuró dos bares y un minimercado en la zona de Pichincha
La Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad informó que en las últimas horas fueron cerrados dos bares ubicados en la zona de Pichincha porque presentaban irregularidades en la documentación obligatoria para desempeñar su actividad. También fue clausurado un local que funcionaba como minimercado luego de que también se constataran varias anomalías.
De acuerdo a lo que señaló el subsecretario del área, Fernando Leva, efectivos de la Dirección de Inspección de Comercio, Industria y Servicios llevaron adelante una intervención sobre un local ubicado en Callao al 100 bis, de nombre MOM, que terminó en la clausura de ese lugar.
La medida fue aplicada, según explicaron desde la Municipalidad, porque el comercio tenía su habilitación vencida, es decir, no contaba con el permiso para funcionar bajo ningún tipo de actividad comercial.
Por otra parte, la Justicia de Faltas dictaminó el cierre del bar Black Mont, emplazado en Jujuy al 2800, por tergiversación de rubro.
Minibar
Además, según agregó Leva, también se procedió a clausurar un local denominado M24 con habilitación de bar minimercado. En este caso, la sanción fue determinada por el Tribunal Municipal de Faltas después de juzgar una serie de irregularidades constatadas por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, como por ejemplo, amenización musical fuera de horario permitido y comercialización de alcohol entre las 23 y las 8 para consumir fuera del local, lo que no está permitido.
El subsecretario del área, Fernando Leva, resaltó las tareas preventivas que viene realizando la repartición a su cargo, a fin de garantizar la seguridad de los rosarinos en sus momentos de esparcimiento.
“La decisión del Estado municipal es multiplicar su presencia, garantizar condiciones seguras de recreación, y promover una mejor y mayor convivencia en la ciudad, para nuestros vecinos y para quienes nos visitan”, sostuvo el subsecretario.
“Controlar que se cumplan las normativas relevantes a la actividad comercial es una manera de crear convivencia, es trabajar para garantizar que se respeten los derechos de todos”, concluyó Leva.
