La Justicia penal de Rosario confirmó que la firma Vicentin no puede avanzar en ninguna maniobra económica que altere su participación en la exportadora cerealera Renova, y que esta última tampoco puede avanzar en un cambio de su actual composición accionaria. La resolución la tomó en forma unánime el tribunal pluripersonal integrado por la jueza Valeria Pedrana y sus pares Nicolás Foppiani y Gonzalo Fernández Bussy. “En el marco de la presente causa se investiga la responsabilidad penal de los directivos de Vicentin Saic y otros individuos relacionados, por la presunta comisión de delitos como estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, en el marco de un complejo entramado de maniobras financieras que habrían llevado a la empresa a la cesación de pagos y al concurso preventivo, perjudicando a bancos, productores agropecuarios y otros acreedores. Se encuentran vigentes sobre la firma Renova SA una prohibición de innovar sobre la composición accionaria y la prohibición de desprenderse de activos por un valor mayor a 50 millones de pesos, sin la previa autorización del Tribunal. Se aclaró en audiencia que dicha prohibición abarca toda la composición accionaria de la firma y no sólo el 33,33 % perteneciente a Vicentin Saic”, dejaron constancia los magistrados este martes. En la audiencia, que tuvo transcurso por tan solo ocho minutos, los jueces desbarataron el margen de maniobra de la defaulteada empresa de Avellaneda-Reconquista, que viene de perder terreno en la Justicia civil y comercial, y ahora lo hizo en la Justicia penal.
“Dichas medidas fueron dispuestas a solicitud fiscal en el año 2020, a fin de asegurar los bienes de Vicentin Saic para garantizar la recuperación de activos y hacer frente a eventuales responsabilidades penales, incluyendo el decomiso de los mismos en caso de condena”, escribieron los jueces.
Vicentín se declaró en cesación de pagos a inicios de diciembre de 2019. Hasta un mes antes entre julio y noviembre de ese año, la firma recibió créditos por 800 millones de dólares y unos 2.000 millones de pesos (que entonces equivalían a unos 200 millones de dólares al cambio oficial) por parte del Banco Nación, a cuyo frente estaba el economista Javier González Fraga, quien también fue denunciado penalmente. En 2020, mientras en Buenos Aires se investigaba el descalabro del mayor banco público del país, en Santa Fe Vicentin avanzaba en una maniobra como mínimo sospechosa, por lo que varios acreedores reclamaron ante un presunto vaciamiento. Cuatro años después se ratifica la vigencia de una cautelar para impedirlo. “En aquella oportunidad, se tuvo en cuenta para conceder la petición, entre otras cosas, la existencia de indicios de maniobras de desvío de fondos, siendo un ejemplo concreto de ello, la venta del 16,67% a Viterra del paquete accionario de Vicentin en Renova, que pasó así a contar con el control de la empresa que antes compartía en partes iguales con la firma investigada, muy poco tiempo antes de que aquella hiciera pública su situación de default financiero”, subrayaron los jueces Pedrana, Foppiani y Fernández Bussy.
La resolución judicial resume los argumentos presentados por los abogados de Renova y Viterra (ex Glencore) argumentaron que las medidas judiciales las “perjudican económicamente” al limitar “su capacidad de operar, disponer de sus activos y acceder a financiamiento”, y que también afectan su “imagen comercial”, además de violar “el derecho de propiedad”.
La Fiscalía se opuso al levantamiento de las medidas, argumentando que las cautelares “deben mantenerse para proteger los intereses de las víctimas y asegurar el valor de los bienes sujetos a eventual decomiso”. Concretamente el Ministerio Público de la Acusación sostiene que “existe el riesgo de que se diluya el valor de las acciones de Vicentin en Renova” si se abre paso a operaciones que alteren la composición accionaria.
«En los delitos económicos la impunidad o la no impunidad tiene más que ver con restañar el daño de la victima qué con la punción del victimario», marcó el abogado penalista Gustavo Feldman, querellante contra la firma en representación de damnificados y autor del libro “Nunca fuimos Vicentin”, que narra los vericuetos de la agroexportadora para llegar al lugar donde está ahora.
“Viterra y Renova pretenden tratar esto como una cautelar de un proceso civil. El artículo 23 del Código Penal admite las cautelares en la inteligencia de evitar la impunidad”, completó el letrado.
Y así lo interpretaron los jueces, quienes admitieron el argumento de las querellas, que advirtieron sobre un perjuicio a las víctimas si se levantan las restricciones, y puntualizaron además que Renova “no colaboró inicialmente con la investigación, dificultando el acceso a sus libros societarios”.
“Para este tribunal es fundamental mantener un equilibrio entre el interés público en la investigación y sanción de los alegados delitos económicos; con el respeto al derecho de propiedad, tanto de personas físicas o jurídicas amparadas por el principio constitucional de inocencia, como de terceros ajenos”, marcaron los jueces Pedrana, Foppiani y Fernández Bussy. Y completaron enunciando “las particulares características de este proceso penal de una magnitud y complejidad
indudablemente inusual” para determinar: “Este Tribunal no advierte que se haya acreditado la configuración de circunstancia alguna que modifique la verosimilitud del derecho tenido en cuenta al momento de imponer las medidas cautelares, que la medida se haya tornado desproporcionada por el paso del tiempo, ni que se haya producido una disminución del peligro en la demora que justifique su levantamiento”.
Por ello, el tribunal dejó firme la cautelar que le impide a Renova, la aceitera más grande del país, y con con planta en Timbúes, disponer de sus acciones embargadas.
Con esa decisión, además, se detona el acuerdo de acreedores por el que viene peleando la firma en la Justicia Civil y Comercial de Reconquista, ya que su oferta de pago tiene como una de sus fuentes, precisamente, la liquidación de su participación accionaria en Renova.
