La justicia porteña prohibió «toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada» luego de lo ocurrido el 16 de abril pasado en la Time Warp en Costa Salguero, donde murieron cinco jóvenes por consumo de drogas, al constatar que se siguen realizando «fiestas electrónicas y otras actividades en incumplimiento a la normativa vigente, y fuera de todo control de las autoridades».
La resolución la tomó este viernes 29 de abril el juez Roberto Gallardo al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, presidida por Sergio Sánchez, amigo del papa Francisco; y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
La medida contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Gubernamental de Control apuntó a «omisiones» en las inspecciones a los establecimientos nocturnos que los amparistas calificaron de «arbitrarias e ilegítimas».
Con lo ocurrido en Costa Salguero como ejemplo, los demandantes indicaron que hay un modelo de negocio «que combina la comercialización de sustancias adictivas de diverso grado de peligrosidad con la creación de una atmósfera que a través de diversos mecanismos (control de la temperatura, humedad y ventilación, entre otros) erosiona la autonomía emocional de los jóvenes».
Este ambiente, indicaron, apunta a «aumentar la necesidad vital del consumo de agua mineral para venderla a precios exorbitantes y busca asociar el placer al consumo desenfrenado no sólo de sustancias sino de diversos bienes suntuosos que se publicitan en tales eventos».
Expusieron que pese a lo que pasó en la Time Warp, «el pasado fin de semana concurrieron a distintos locales de baile, y fueron testigos de la libre comercialización de diversas especies de psicotrópicos, como si semejante drama no hubiera acontecido».
«Es habitual todos los jueves, viernes y sábados que en la mayoría de los locales de la Ciudad de Buenos Aires se puedan adquirir estupefacientes en los vips, en los baños o las propias pistas, donde se paran dealers o deambulan a la vista de todos los asistentes», añadieron.
Los demandantes recordaron los casos del incendio del boliche Cromañon y el derrumbe del local Beara, ambos en la Ciudad de Buenos Aires, y recalcaron que la «en la actualidad la Agencia de Control Comunal dispone solamente de 79 inspectores para controlar los locales noctumos».
Por su parte, el juez Gallardo señaló que «pudo constatar que se realizan fiestas electrónicas y otras actividades en incumplimiento a la normativa vigente, y fuera de todo control de las autoridades».
El magistrado consideró necesario el dictado de la medida cautelar ante los actividades programadas para este fin de semana y citó una docena de eventos en locales nocturnos como Rumi, Rosebar, Groove, Niceto Club, Club Shampoo, Asia de Cuba, Ink Buenos Aires, Roxi, y Crobar, entre otros.
En ese marco requirió un «listado integral» de las habilitaciones de esos tipos de locales o comercios y mandó publicar –con actualizaciones periódicas- esa nómina en la página web del gobierno de la Ciudad.
También ordenó establecer y someter a aprobación judicial «un protocolo de actuación de sus cuerpos de inspección y de las autoridades policiales bajo su órbita (Policía Metropolitana y Policía Federal transferida)».
Aclaró que el objetivo de ese protocolo es «dar cabal cumplimiento al régimen legal vigente en lo que respecta a la prohibición de comercialización y consumo público de estupefacientes».
El juez mandó que su «decisorio» fuera notificado «personalmente» al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien encomendó darlo a publicidad; y al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal de ese fuero Federico Delgado, a cargo de investigar las muertes en la Time Warp.
En ese sentido, criticó al titular del Ejecutivo porteño que «se limita a verbalizar que no autorizará futuras fiestas electrónicas como las que ocasionaron las muertes en Costa Salguero pero no recurre a ningún acto administrativo específico».
También requirió la «Inmediata comunicación» a las autoridades policiales y los cuerpos de inspección «debiendo proceder a la inmediata clausura» si se desobedece la resolución judicial
«Seguramente la decisión que he de adoptar será criticada por el Gobierno calificándola de extrema y demás, pero ello no habrá de inhibirme ya que si alguien hubiera denunciado antes el episodio de Cromañón, hoy 196 jóvenes estarían presentes», manifestó Gallardo en su fallo.
«Cuando nos rasgamos las vestiduras encima de los muertos luego de haber mirado antes para el costado, somos una clara expresión de hipocresía. Si no adoptara los recaudos que decido, sería también yo una expresión judicial de hipocresía», enfatizó.
