La jueza en lo Civil y Comercial de la 18º nominación de Rosario, Susana Silvina Gueiler, se declaró incompetente para resolver el recurso de amparo presentado por el diputado nacional del PRO Federico Angelini, contra la decisión del gobierno provincial de suspender por una semana las clases presenciales en los departamentos Rosario y San Lorenzo, y ordenó enviar el expediente a la Justicia Federal.
En un fallo de diez carillas, este miércoles la jueza Gueiler declaró “la incompetencia de este Juzgado de Distrito Civil y Comercial de Rosario para entender en estas actuaciones” y ordenó “su remisión al Juzgado Federal” de Rosario.
La presentación del diputado Angelini ante la Justicia provincial fue un día antes, el martes 4, para pedir que se deje sin efecto la decisión anunciada el último domingo por el gobernador Omar Perotti en el marco del aumento sostenido de nuevos contagios de coronavirus, algo que se observa con mayor fuerza en el sur de la provincia.
Como conclusión del extenso tramo dedicado a los considerandos, la magistrada rosarina citó al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti: “Los jueces carecen de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública. No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o no. También debería considerarse que cada ciudad, cada barrio y cada escuela presentan situaciones específicas. El Poder Judicial no puede evaluar si ese contagio se propaga dentro de un barrio, de la ciudad o el área del AMBA, o si, como ocurrió en el año 2020, lo que sucede en el AMBA luego termina trasladándose a todo el país y para ello debería recurrirse a información científica”.
Angelini había ido a la Justicia, con patrocinio del abogado Roberto Patricio Ryan, para solicitar que se declare “la inconstitucionalidad del decreto 0447, emitido por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe el 2 de mayo de 2021, y todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias o que se dictan en su consecuencia”.
En particular, de las nuevas restricciones dictadas por la provincia el último domingo, Angelini pidió que se impugne el artículo 5 del decreto que dispone la suspensión entre el 3 y el 7 de mayo de las clases presenciales en los establecimientos educativos de gestión oficial y privada de todos los niveles y modalidades de la enseñanza, incluyendo los dependientes del Ministerio de Cultura, en los departamentos Rosario y San Lorenzo.
Entre otros motivos, la jueza citó el artículo 16 del decreto de necesidad y urgencia 287/21 del gobierno nacional que dispone la suspensión de la educación presencial “en todos los departamentos y partidos de alto riesgo epidemiológico y sanitario” y que esa norma específica que los gobernadores y las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, pueden disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en la normativa nacional con el fin de prevenir y contener los contagios de Covid-19, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial.
La movida de Angelini, rápidamente desactivada por la Justicia provincial, fue casi calcada de aquella que inició dos semanas antes el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y que, a diferencia de lo ocurrido en Santa Fe, fue aceptada por los Tribunales de Comodoro Py y, más recientemente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este es el segundo revés contra los intentos de Juntos por el Cambio de judicializar las decisiones sanitarias –vinculadas a la educación– desde que se desató la segunda ola de contagios de coronavirus. A mediados de marzo, el ex intendente de Santa Fe, ex diputado nacional y ex embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, presentó un recurso de amparo en contra el sistema escolar bimodal por el cual los alumnos y las alumnas alternan una semana de clases presenciales y una semana en sus casas con actividades virtuales. En menos de 48 horas, la Justicia rechazó el amparo presentado por Barletta, tal como sucedió ahora con Angelini.
