Hace unos meses, la cantante Ayelén Beker quiso entrar a su departamento, pero no pudo. La llave electrónica para acceder al edificio había sido bloqueada. Ayelén es inquilina y, además, travesti. Y ese no es un dato menor, porque desde el primer día en que puso un pie en su casa, las agresiones transodiantes por parte de la administración y de algunos vecinos se sucedieron una tras otra: desde referirse a ella en masculino hasta acusarla públicamente de trata de personas; desde publicar carteles con imágenes suyas extraídas de las cámaras de seguridad con horarios de entrada y salida exactos, hasta vandalizar el tablero de la luz y dejarla sin electricidad. En cada una de esas oportunidades, Ayelén decidió callarse, porque una trava siempre lleva las de perder. Pero cuando se encontró en la calle sin posibilidades de entrar en su casa, entendió que era hora de que el Estado interviniera: en mayo, formalizó una denuncia y pidió que recayera en la Fiscalía de Género, al entender que esa era la base desde la cual se estaba ejerciendo un hostigamiento y una violencia continuada en su contra. Esta semana, el administrador del edificio fue imputado del delito de “turbación en la posesión de un inmueble” por el bloqueo de la llave. Pero, además, se sentó un precedente: “Lo significativo de esta audiencia es la posibilidad de empezar a pensar en una Justicia que pueda dar lugar a las demandas de las chicas trans, travestis, trabajadoras sexuales. Porque el Poder Judicial siempre ha sido expulsivo en relación a ellas, siempre las ha criminalizado”, dijo a El Ciudadano la fiscal Luciana Vallarella, que intervino en el caso.
Para Ayelén Beker, los avances en la resolución del conflicto fueron una especie de mimo. “Fue como ponerle una curita a todo lo que pasé, saber que se puede pensar otra realidad que la que estamos acostumbradas las personas trans”, dijo a este diario después de la audiencia que se celebró el lunes 27 de septiembre en el Centro de Justicia Penal. “Fue ver un poquito de esperanza de que se pueden hacer bien las cosas”, agregó y remarcó: “Fue raro estar del otro lado, estar como víctima y no como victimaria”.
Marcos Peiretti, su abogado, se expresó en el mismo sentido: “El sistema penal no le es ajeno a las travestis, pero suelen transitarlo como imputadas porque son criminalizadas. Cuando hacen una denuncia, su sola identidad les significa un descrédito por parte de las autoridades”, enfatizó.
La denuncia
La denuncia que Ayelén presentó en mayo pasado buscaba cesar con el hostigamiento y la violencia que sufrió en el lugar en el que debería sentirse más segura: su propia casa. En 2019 Ayelén ya la estaba rompiendo con la cumbia, Susy Shock ya la había bautizado como “la Gilda de las travas” y, por primera vez, alquiló un departamento. Con todas las complicaciones que eso significa para una travesti, que son muchas.
Era la primera vez que Ayelén alquilaba para ella sola. Antes había pasado por varias casas y pensiones, y siempre terminaron echándola. “Es algo que nos pasa a las travestis. El odio es muy grande. A la gente le molesta ver a una trava. Una está acostumbrada al maltrato, o a sentir que le debés algo a alguien sólo por alquilar, o a tener que callarme para que no me echen de lugares. Esto pasa siempre sólo por ser trava, o trava y puta, o lo que sea”, dijo en ese momento a El Ciudadano.
La emoción del primer contrato formal se transformó en poco tiempo en bronca y angustia. Desde que ingresó en el edificio comenzó a sufrir agresiones por parte de algunos de sus vecinos, que se referían a ella en masculino y le cuestionaban cualquier movimiento que hiciera: desde regar las plantas hasta recibir personas en su casa. En abril pasado, la situación de violencia fue escalada: con carteles en los palieres la acusaron de trata de personas y de tener un privado; publicaron fotos suyas extraídas de las cámaras de seguridad, con horarios exactos en los que ella entraba o salía del edificio; la administración le envió una carta, refiriéndose a ella en masculino y negándole su derecho a la identidad. También le vandalizaron el tablero de la luz y la dejaron sin electricidad. Y lo último: le bloquearon la llave electrónica para entrar al edificio.
En ese momento, Ayelén y su abogado tomaron una decisión política: transitar las instituciones del Estado para hacer respetar sus derechos. Así, comenzó un reclamo por vía judicial. “Decidimos que esta era la mejor vía: poder darle lugar a las instituciones y a las normas existentes para que se respeten y se efectivicen los derechos de Ayelén”, explicó Peiretti. “Ayelén no es la primera travesti que es acosada y que es privada de ejercer libremente su derecho a ser una inquilina. Esto es algo frecuente y el Poder Judicial pocas veces ha intervenido en estos asuntos”, agregó.
En primera instancia, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) resolvieron que la denuncia fuera tratada como un caso de faltas y contravenciones, es decir, como un mero conflicto entre vecinos, pero Peiretti encaminó un reclamo para que la causa fuera derivada a la Fiscalía de Género, al entender que era justamente el hecho de que Ayelén fuera travesti lo que había desencadenado el resto de los delitos y vejaciones contra la cantante. El pedido fue escuchado y finalmente la denuncia terminó en manos de la fiscal Luciana Vallarella, de esa unidad fiscal.
La audiencia
Este lunes 27 de septiembre se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Penal y Vallarella imputó a Juan Manuel Battistini, el ex administrador del edificio –renunció después de la presentación de la denuncia- por el delito de “turbación en la posesión de un inmueble”, por “haber dado instrucciones a la empresa de seguridad Full Control para bloquear el ingreso al departamento” de Ayelén.
En la audiencia, la fiscal hizo referencia al hostigamiento y violencia constantes en contra de la artista. Y si bien aún no recayeron imputaciones contra los vecinos también denunciados, la Fiscalía remarcó que «en todos los casos esto aconteció con conocimiento de los demás propietarios o locatarios, lo que coloca a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia de la discriminación y estigmatización constante”.
La “turbación en la posesión de un inmueble” es un delito menor, pero la importancia de esta imputación va más allá. “Lo significativo de esta audiencia es la posibilidad de empezar a pensar en una Justicia que pueda dar lugar a las demandas de las chicas trans, travestis, trabajadoras sexuales. Porque el Poder Judicial siempre ha sido expulsivo en relación a ellas, siempre las ha criminalizado”, dijo Vallarella a El Ciudadano.
“Más allá del hecho puntual que se pudo imputar, Ayelén vivió una situación sumamente violenta, y de alguna manera lo que hicimos puede generar situaciones de cambio social. Dar cuenta de que esto puede ser imputado, de que puede ser nombrado en el Sistema Penal”, remarcó la fiscal.
“El hecho imputado es un delito que no tiene que ver con la cuestión de género. Pero siempre que imputamos un hecho damos cuenta del contexto, porque más allá que no agrave el delito y no se vea reflejado en una condena mayor, visibiliza una situación. Hicimos alusión a la Ley de Protección Integral de las Mujeres y a la Ley de Identidad de Género. Entendimos que Ayelén es una mujer víctima de una violencia simbólica, de un hostigamiento que tenía que ver con su identidad de género. Atender a sus demandas y generar un cambio en relación a eso, es significativo”, dijo Vallarella, que junto a su secretario Rafael Martínez y el resto de su equipo trabajaron en forma colectiva para generan una reparación de la víctima.
Y así lo sintió Ayelén: “Hacer otra justicia se puede, siempre se puede, puede haber otra visión. Lo viví en la audiencia y me fui con la sensación de que la justicia desde otro lugar es posible”, dijo la artista.
Reparación
“Queremos destacar la actuación de Luciana Vallarella, que abordó la situación como corresponde, con un marco de género muy amplio y asumió la representación de Ayelén en este hecho que se denuncia. Más allá del delito imputado, la particularidad es que el delito ocurre en el marco de una serie de faltas motivadas todas en la identidad sexual de Ayelén y en los prejuicios que, ellos entienden, acarrea ser travesti”, enfatizó el abogado de la cantante. “El objetivo es generar un precedente de que la Justicia representó a una travesti y no fue explusada, rechazada. Ayelén vio en una operadora de la Justicia que había un interés en abordar este tema y encontrar una solución. Fue reparador en algún punto”, enfatizó Peiretti.
Ayelén se quedó con la alegría de sentar jurisprudencia. “Fue hermoso, me fui con una sensación muy linda de que sea el primer precedente, que haya pasado esto y se haya tomado la causa como se debe”, dijo. “Por lo menos que toda la exposición que me generó esto sirva para algo y quede para otras compañeras, que sirva para que no tengamos que salir huyendo de todos los lugares donde vivimos”, remarcó.
Para Vallarella, esta es una forma de abrir caminos. “Son muy pocas las consultas por hechos de estas características. Yo recuerdo esta y una más. Y mi análisis no es que no haya más víctimas, sino que históricamente el Poder Judicial, lejos de ampararlas y reconocer sus derechos, las ha perseguido”, dijo.
“Entiendo que esta imputación marca un cambio en el Poder Judicial, el inicio de un camino para que ellas puedan denunciar las situaciones en que sean violentadas y obtener una respuesta que a veces no tiene que ver con lo penal y lo punitivo. Pasa con todas las mujeres: no siempre lo que buscan tiene que ver con el castigo. Podemos dar otro tipo de respuestas, una reparación que tiene más que ver con un acompañamiento”, destacó la fiscal y subrayó: “Intentamos construir una Justicia más feminista, más sensible, más empática”.
