La causa que investiga una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en Rosario tuvo un nuevo capítulo este martes a las 18 cuando la jueza Eleonora Verón rechazó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal presentado de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada. El objetivo de la presentación era remover el impedimento legal para imputar en esta causa al senador provincial Armando «Pipi» Traferri. Por esta pesquisa, está imputado como organizador el empresario Leonardo Peiti y el entonces fiscal Regional Patricio Serjal junto al fiscal Gustavo Ponce Asahad y otro empleado de la Fiscalía. Edery y Schiappa Pietra aguardarán los fundamentos de la resolución que rechazó el pedido para determinar los pasos a seguir pero adelantaron que recurrirán a un tribunal superior para impugnar la decisión.
Esta investigación comenzó en enero de 2020 con el crimen de Enrique Encino, un gerente bancario de Las Parejas, asesinado de un tiro en el casino City Center cuando atacantes dispararon con el objetivo de exigir un pago por «seguridad», el mayor involucrado en el caso es Maximiliano «Cachete» Díaz, ladero del líder de Los Monos, Ariel «Guille» Cantero.
La pesquisa tuvo varias aristas, una de ellas fueron las extorsiones y el juego clandestino. Así los fiscales llegaron al empresario del juego, Leonardo Peiti, que fue imputado en la causa y declaró como arrepentido. Según la pesquisa comenzó a recibir amenazas por esta banda relacionada a Los Monos y terminó involucrando al entonces fiscal Regional Patricio Serjal y su subalterno Gustavo Ponce Asahad, quienes fueron imputados. Peiti contó que le pagaba a Serjal a través de Ponce Asahad entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales de coimas para brindarle protección e informarle de investigaciones en su contra.
Una vez en prisión preventiva, Ponce Asahad pidió ampliar su declaración y plantó sus sospechas sobre la vinculación del senador por el departamento San Lorenzo y presidente del PJ en la Cámara Alta, Traferri. A lo que se sumó alguna evidencia que vinculan a Peiti con Traferri y los fiscales consideraron incriminatoria. Entendieron que el senador cumplía la función de organizador dentro de la organización delictiva y era quién brindada protección política a Peiti.
Los funcionarios del MPA citaron al senador a la Fiscalía e intentaron que voluntariamente se sometiera a una imputativa pero Traferri hizo un descargo por escrito que confirmó ante los fiscales y se amparó en los fueros que tiene como parlamentario.
El enfrentamiento entre los fiscales y el senador no tardó en llegar, tuvieron cruces judiciales, mediáticos y políticos. Traferri pidió el apartamiento de los funcionarios mientras que ellos se presentaron en el Senado y pidieron su desafuero, lo que finalmente fue rechazado por la mayoría de la Cámara Alta.
Traferri pidió otra vez apartar a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de la causa por juego ilegal
Entonces Edery y Schiappa Pietra presentaron ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal y pidieron su citación a audiencia imputativa.
Los fiscales remarcaron en esa oportunidad que poseen indicios verosímiles para imputarle los delitos al senador y que «constituyen en principio asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
A la par de esa cuestión desde el Senado enviaron una nota al juez que suplió a su par Eleonora Verón informando la postura del Senado donde le informan al juez que no puede avanzar la persecución penal al senador, lo que implícitamente acarrea un archivo de la causa en su contra. En la resolución de este martes, la magistrada Verón consideró abstracta esta nota y aclaró que el Senado no puede ser parte de este proceso.
A su vez, la Cámara Alta aprobó la creación de una comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este martes, hubo un nuevo capitulo en la saga. En una audiencia oral, la jueza Veron resolvió rechazar la declaración de inconstitucionalidad pedida por los fiscales no haciendo lugar a la solicitud de convocatoria a imputativa al senador Armando Traferri.
«Nosotros creemos que esto es un hecho grave. Obviamente que los vamos a impugnar, recurrir a tribunales superiores para que remedien lo que puede ser una responsabilidad carísima para el Estado santafesino y argentino en materia persecución de los delitos vinculados a la materia de estamos investigando nosotros» , dijo Schiappa Pietra al terminar la audiencia de este martes en el Centro de Justicia Penal.
La Fiscalía pedirá el desafuero del senador Traferri para imputarlo en la causa por juego ilegal
