Tras el allanamiento llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad provincial el pasado sábado 25 de mayo en la emblemática whiskería de barrio Pichincha “La Rosa Sexy bar”, que terminó con la clausura del local y la detención de su dueño, las repercusiones continúan. La diputada nacional por el CC-ARI, Alicia Gutiérrez, reconoció que hay una fuerte convicción del gobierno provincial de combatir el tema de la trata pero advirtió: “Si bien hay muchas investigaciones en curso hay una parte que el Ejecutivo no puede controlar y es el accionar de la Justicia”.
Gutiérrez es autora del proyecto de ley que “prohíbe la instalación y funcionamiento de los locales comúnmente llamados whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, locales de alterne o cualquier otra denominación análoga”. En 2010, la legisladora denunció a La Rosa Sexy bar pero en aquel momento, según indicó, “sugestivamente no encontraron nada” durante el allanamiento. “Puede haber, y sin lugar a dudas la hay, alguna complicidad de la fuerza policial pero hay también de la Justicia que no actúa. Será por temor, pensemos que no será por complicidad pero a mí me quedan muchos interrogantes”, expresó.
En cuanto a la aplicación de la nueva ley de trata de personas, la diputada remarcó que el procurador da instrucciones precisas a los fiscales acerca de cómo deben actuar en este tipo de casos y de qué manera trabajar de oficio. “Siempre estuvo penado el proxenetismo, pero de todas las denuncias que hemos hecho nunca tuvimos una respuesta favorable por parte de la Justicia y las cifras de los que están encarcelados por eso son realmente escalofriantes”, dijo refiriéndose, puntualmente, a que en la provincia de Santa Fe hubo sólo tres condenas en cinco años por este delito.
Adeptos y opositores
Por su parte, Mariana Contreras, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuestionó las intervenciones y clausuras a los prostíbulos en general y dijo que “hacen valer la ley de profilaxis, pero van en contra de las mujeres que son mayores de edad y trabajan con consentimiento propio”. Al respecto, Gutiérrez aclaró que una cosa es el ejercicio de la prostitución, que no es un delito. “No son contra las trabajadoras sexuales estas acciones pero la Justicia está obligada a combatir el proxenetismo, que está penado desde principios de siglo”, finalizó la legisladora.
Ammar presentará proyecto propio
Mariana Contreras, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), dijo que la organización está por presentar un proyecto de ley para regularizar la labor de las trabajadoras sexuales del país. Según detalló, el plan se basa en la experiencia que actualmente se lleva a cabo en las ciudades de Mendoza, Rosario y Buenos Aires en que los “privados trabajan bajo la forma de cooperativa”. “Las chicas alquilan un departamento y al final del mes se comparten los gastos pero allí no existe la figura del regenteador”, aclaró. “Hablamos de tener un carnet, de derechos laborales y de pagar un monotributo para poder acceder a una jubilación y a una obra social”, indicó. Además, insistió con que las políticas anti trata que se implementan “atentan contra su trabajo” y uno de los puntos que remarcó fue el de la anulación del rubro 59 en los avisos clasificados de los diarios por parte del Ejecutivo nacional hace unos años. “La presidenta quiso atacar a Clarín pero lo terminó beneficiando porque los avisos siguen publicándose igual pero encubiertos, y lo que antes pagábamos 12 pesos ahora nos cuesta 60”, sentenció.
