Desde hace poco menos de un año en barrio Las Flores Sur funciona la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), una oficina que busca facilitar el acceso a la Justicia a los vecinos del lugar. Desde mediados de noviembre de 2014, se realizaron más de 500 trámites, en su gran mayoría sobre problemáticas de seguridad social o laboral y cuestiones relacionadas con problemas de familia. “Se busca intervenir en situaciones de vulnerabilidad y brindar asesoramiento jurídico gratuito” señaló uno de sus integrantes.
Atajo es un proyecto de inclusión, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación que, de acuerdo a las personas que trabajan en él, busca decodificar el lenguaje judicial y generar compromiso de las instituciones y los actores de los barrios más pobres en la resolución de los problemas. En Rosario, funciona en la esquina de Guardia Morada y Estrella Federal, casi en el límite de la ciudad.
En el barrio de Las Flores sur las casas no tienen grandes terminaciones y sus frentes están pintados de un solo color. Todavía hay zanjas y los taxis no entran por temor a la inseguridad. Si un vecino necesita ir a un hospital o trasladarse hasta el centro para hacer un trámite, tiene que esperar un rato largo a que llegue el colectivo o tomarse un remís trucho; tampoco es fácil ser atendido en un edificio público si se viste una gorra color flúor o ropa vieja. Esto no es nuevo y es uno de los factores que generó que los habitantes de las periferias de la ciudad buscaran solucionar sus problemas por canales paralelos. “Acá los problemas se resuelven cuerpo a cuerpo, porque la gente no conoce sus derechos o quiénes pueden ayudarlos para solucionarlos”, explicó un vecino del barrio que trabaja en Atajo.
La entrevista de El Ciudadano fue compleja: estuvo repleta de interrupciones. En menos de una hora más de 10 personas se acercaron a la oficina en busca de asesoramiento. Gente que necesitaba ayuda con planillas para conseguir asignaciones por embarazo; trámites por cuestiones laborales y consultas por reclamos. Atajo trabaja en base a la experiencia de defensorías barriales que se impulsó hace unos años en Venezuela y entre sus trabajadores hay varios vecinos del lugar.
Si bien la oficina puede tomar denuncias y hacer seguimientos de casos, desde Atajo sus integrantes buscan generar un compromiso, “que la gente sea protagonista de sus problemas”, que se haga cargo de lo que implica solucionarlos por las vías institucionales.
Los integrantes de Atajo también organizan jornadas de difusión de derechos, abocadas a que los habitantes de Las Flores puedan defenderse ante un posible hecho de violencia institucional.
El Estado organizado para enfrentar al crimen organizado
En barrio Las Flores Sur se encuentra la primera sede en Rosario de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), una iniciativa del Ministerio Público Fiscal de la Nación que busca promover el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
La oficina se inauguró en noviembre del año pasado, con la presencia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien en la ocasión destacó el esfuerzo coordinado con la provincia y el municipio. “Si el crimen está organizado, el Ministerio Público también tiene que estarlo”, sostuvo la funcionaria nacional.
De lunes a viernes
Las instalaciones, decoradas con los murales floreados que caracterizan al barrio de la zona sur, funcionan de lunes a viernes de 9 a 15 con el fin de garantizar un mayor acceso a la Justicia por parte de sectores vulnerables de la sociedad.
“El Atajo es una desmembración del Ministerio Público con la cual intentamos que el acceso a la Justicia sea una realidad a lo largo y ancho del país. Es necesario generar cambios de cultura en la Justicia. La Justicia no es un procedimiento, es la respuesta ante la injusticia”, sostuvo Gils Carbó.
El director de Atajo es Pablo Codarin, quien explicó que el trabajo de esa oficina está abocado a tres ejes centrales: el asesoramiento jurídico en forma gratuita, la posibilidad de brindar acceso a la información judicial y la recepción de denuncias.
“El Atajo implica dotar al vecino de herramientas jurídicas así como remover las barreras que lo alejan de la Justicia. Implica también un desafío para el sistema judicial de un contacto más directo con las víctimas”, sostuvo.
“En Rosario se dieron muchas circunstancias para conseguir este Atajo; la principal fue el apoyo del gobierno provincial, del municipio y del Ministerio Público de la Acusación, porque muchos de los delitos que se denuncian no son federales, sino provinciales. Que nos hayan habilitado a hacerles derivaciones demuestra la capacidad de articulación de todos los niveles del Estado”, indicó Gils Carbó.
El programa Atajo empezó a funcionar a fines de 2013 con una primera experiencia en la porteña Villa 31, y luego se extendió a otros cuatro barrios de Capital Federal y Mar del Plata. En líneas generales, las denuncias que más se reciben son de violencia institucional, violencia de género, usurpaciones y violencia familiar.
