El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) obtuvo una importante decisión judicial en el marco del habeas corpus correctivo y colectivo interpuesto en favor de todas las personas privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. La acción se enmarca dentro de las presentaciones judiciales que el SPPDP desarrolla en defensa de los derechos humanos de las personas en situación de encierro, a partir de la situación crítica e impostergable que atraviesan los penales santafesinos respecto de superpoblación y hacinamiento.
El pedido fue presentado por la defensora provincial Jaquelina Ana Balangione y el defensor regional de Rosario Gustavo Franceschetti, quienes reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir del incumplimiento de lo dispuesto en la resolución dictada por este órgano el pasado 4 de junio de 2020; y en virtud del agravamiento de las condiciones de detención que fue registrado al constatar la existencia de un número de personas que son alojadas esposadas a las rejas en los pasillos de la unidad penal, hecho que motivó la presentación de una denuncia penal, y que fue informado ante la Corte.
No obstante, solicitaron ante el juez penal Gustavo Pérez de Urrechu que de forma subsidiaria declare el incumplimiento del Estado nacional y provincial respecto de lo establecido en el fallo de la Corte, brindándoles un plazo determinado de días para que cumplan con lo dispuesto, ya que han transcurrido siete meses desde el dictado de la mencionada resolución del superior tribunal.
Las autoridades del SPPDP además peticionaron la prohibición absoluta del ingreso de presos federales a la unidad penitenciaria de Piñero, y solicitaron el dictado de la emergencia carcelaria. Al respecto, señalaron que el poder Ejecutivo provincial no formuló una propuesta programada que permita limitar la población carcelaria tal cual lo dispuso el máximo tribunal de justicia.
Al mismo tiempo, indicaron que no se estableció un mecanismo de solución definitiva para la ubicación de internos que se encuentran a disposición del Poder Judicial Federal, alojados en las Unidades Penitenciarias de Santa Fe. En tal sentido, la Corte había dictado un plazo de 180 días para reducir el cupo máximo de plazas de presos federales en 50.
Por último, pidieron al juez que ordene a la Oficina de Gestión Judicial la elaboración de un listado de todas las personas que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de dos años, librando comunicación a las partes para que consideren si es necesaria el sostenimiento de la medida cautelar.
En el marco de la audiencia celebrada el viernes pasado a tales efectos, y de la que participaron además representantes del Ministerio Publico de la Acusación, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), el juez Pérez de Urrechu dispuso que se remitan las presentes actuaciones a la Corte para su debido tratamiento ante dicho tribunal.
Respecto del pedido de incumplimiento por parte del Estado nacional y provincial hecho por el SPPDP a la prohibición de ingreso de presos federales a la Unidad 11 y a la declaración de la emergencia carcelaria, el magistrado solicitó al SPP y SPF una serie de informes que deberán ser presentados en el plazo de 60 días.
Por último, requirió a la oficina de Gestión Judicial de Primera y Segunda Instancia de la Segunda Circunscripción, la confección de un listado de personas privadas de libertad por más de dos años que se encuentren en prisión preventiva, y se remitan al máximo tribunal con conocimiento de las partes.
