La Legislatura resolvió este miércoles abrir una nueva investigación contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Una denuncia del senador Lisandro Enrico advierte que el ex funcionario se muestra en actividades de proselitismo político y partidario, manifiesta públicamente sus preferencias respecto del oficialismo en la provincia y en el país, lo que colisiona –según el legislador radical que representa al departamento General López- con sus funciones en la dirección del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
En la sesión de la Comisión Bicameral de Acuerdos, dos legisladores votaron en contra del inicio de una nueva causa contra el ex ministro de Seguridad. Según trascendió, los justicialistas Leandro Busatto y Alcides Calvo se opusieron a la apertura del nuevo expediente, en el que Enrico fue designado «legislador instructor».
«La incompatibilidad se genera por Sain como hombre de la política con comentarios públicos y en sus redes, en función de que tiene un cargo judicial que le impide hacer política», argumentó Enrico. «Por motivos y hechos que se vienen desarrollando desde que se ha reintegrado a su función y que colisionan directamente con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Provincial y las leyes dictadas en consecuencia», precisó el senador radical.
En efecto, Enrico sostiene que el titular del Organismo de Investigaciones del MPA realiza campaña vía redes sociales, en apoyo al sector del gobernador Omar Perotti y formula acusaciones en detrimento de otros espacios políticos.
Desde que el pasado 5 de abril se reintegró a su cargo en el Organismo de Investigaciones, tras renunciar como ministro de Seguridad, «continuó desplegando la actividad de proselitismo partidario que siempre lo caracterizó, pero ahora dedicado a agraviar a las instituciones democráticas de la provincia y a los funcionarios y representantes electos por los santafesinos», sostuvo Enrico.
Este mismo miércoles, el subdirector del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, tuvo que dar explicaciones a integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos, para ampliar detalles sobre la filtración de escuchas judiciales que fueron remitidas a Marcelo Sain mientras estaba al frente del Ministerio de Seguridad.
Moloeznik ratificó un presunto uso indebido del contenido de esas escuchas, además de la transmisión de datos de manera irregular del Organismo de Investigaciones a Sain cuando éste era ministro de Seguridad, y por lo tanto formaba parte de otro poder público.
“Desde un principio dejé en claro a los legisladores que las escuchas ilegales, con la posibilidad de realizar intervenciones a teléfonos móviles y fijos de forma ilegal, nunca han sucedido”, dijo Moloeznik sobre una denuncia pública que hicieron por ejemplo diputados opositores contra Sain.
Moloeznik aseguró que “no existe tecnología en la provincia para realizar escuchas ilegales, porque son aparatos que cuestan entre 5 y 10 millones de dólares. Realizar una compra de esas características, sobre todo de forma ilegal, es muy complejo”, advirtió el subdirector del OI.
El nuevo escándalo político que involucra a Sain estalló la semana pasada cuando se conoció que la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, les envió a los diputados y senadores de la Comisión Bicameral un informe de 600 páginas con transcripciones de escuchas que habrían sido remitidas a Sain por parte de la jefa de inteligencia del organismo, Débora Cotichini.
«Quedó demostrado que ha habido irregularidades», dijo el número dos de Sain en la policía judicial
