En una sesión conjunta realizada este jueves, los diputados y los senadores provinciales aprobaron por unanimidad una declaración en la que reafirman su potestad de revisar y sancionar a los fiscales y defensores del nuevo sistema penal en casos de faltas graves. La declaración conjunta constituye el posicionamiento político de la Legislatura ante al fallo de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que declara inconstitucional la ley 13.807 –sancionada en 2017– por la cual la Comisión Bicameral de Acuerdos se reserva el derecho de revisar el accionar de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Sistema Provincial de la Defensa Penal.
La sesión conjunta había sido convocada, en principio, para votar la suspensión por 90 días del fiscal rosarino Adrián Spelta por mal desempeño de sus funciones. Pero el fallo judicial conocido sobre finales de la semana pasada trastocó esos planes y los diputados y senadores decidieron sesionar para hacer público su rechazo a la medida dispuesta por la Justicia.
Según señalan en la declaración firmada este jueves, “la ley 13.807 aprobada en su momento por unanimidad en ambas cámaras expresa los preceptos de los tratados internacionales vigentes en la materia, de la Constitución Nacional, de la Constitución provincial y específicamente en lo que respecta a la división e independencia de los poderes de la República”.
Los legisladores reafirmaron que “la norma referida garantiza en un todo la autonomía del Ministerio Público de Acusación, independientemente del fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario referido a la constitucionalidad de la ley 13.807”.
En ese sentido, anticiparon que “la Legislatura realizará todas las acciones necesarias ante los demás poderes del Estado conducentes a reafirmar un respetuoso, armónico y coordinado funcionamiento de los poderes, rechazando enfáticamente, para este caso particular, el contenido del fallo de Cámara mencionado”.
Los diputados y los senadores dejaron en claro que acatarán el fallo aunque no están de acuerdo. Por su parte, el Poder Ejecutivo anticipó que lo va a apelar a través de la Fiscalía de Estado. En paralelo, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Auditoría del MPA, el gobierno firmó de un convenio para dotar a esa institución judicial de recursos y personal.
El telón de fondo fue la revisión, por parte de la Comisión de Acuerdos, del caso Spelta. Al fiscal de Homicidios lo investigaron por haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria al célebre y ya fallecido “Ema Pimpi” Sandoval, condenado en su momento como instigador del atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti e imputado por una triple tentativa de homicidio al momento de su muerte.
Voces críticas
En la sesión legislativa de este jueves, presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, los jefes de los distintos bloques políticos coincidieron en rechazar el fallo de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario y defendieron la constitucionalidad de la ley 13.807.
“Diga lo que diga, vamos a acatar el fallo”, sostuvo uno de los jefes del bloque de diputados del Frente Progresista, Pablo Farías, quien aclaró que la revisión de las actuaciones del fiscal Spelta llegó a la Comisión de Acuerdos por iniciativa de la Auditoría del MPA. “Mucho menos se puede entender la inconstitucionalidad en el caso Spelta cuya investigación la inició el MPA”, indicó Farías.
En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque de diputados del PJ Leandro Busatto: “Hay que prevenir la enfermedad y hacer una introspección legislativa sobre el proceso de designación de funcionarios judiciales”. Busatto se mostró a favor de reformar el sistema de concursos para el ingreso al Poder Judicial.
Por su parte, el líder del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani, señaló: “Reafirmamos la constitucionalidad de la ley 13.807 en línea con la Constitución y los tratados internacionales. No es menor la unanimidad expresada en el documento aprobado en esta sesión conjunta. Es prioritario discutir cómo ingresa un juez o un fiscal al sistema judicial santafesino”.
Declaran inconstitucional la ley que faculta a los legisladores para sancionar al fiscal Spelta
A su turno, los jefes del bloque de Cambiemos también rechazaron el fallo de la Justicia. “¿Existe un órgano de control superior que el pueblo?”, se preguntó el diputado Gabriel Chumpitaz, del PRO. “Estos casos no fueron inventados, proceden del propio MPA. El fallo de la sala laboral intenta pisotear y atropellar a los santafesinos”.
En tanto, su colega Julián Galdeano (UCR-Cambiemos) hizo una completa historización de la reforma iniciada con la sanción del nuevo Código Procesal Penal en 2007, puesto en marcha a partir de 2014, y señaló que “si hay algo que me hace ruido en este inédito fallo de la sala laboral, es que es peligrosamente un retroceso en el funcionamiento del sistema penal santafesino. ¿Podemos juzgar la conducta del fiscal general, los regionales y no de los fiscales de grado? ¿Dónde está escrito eso? Autonomía no es ausencia de controles; es garantía de independencia”.
Por su parte, el senador del PJ Armando Traferri consideró que el fallo es una “defensa corporativa por parte de un sector del Poder Judicial”, dijo que tiene “errores groseros” y constituye “una curiosa interpretación de la independencia de poderes”.
En nombre de los senadores de su partido, Traferri apuntó: “Una república se asienta sobre el equilibrio de poderes y los controles cruzados. Lo que se procura es que ninguno de ellos acumule todo el poder y no sea controlado. No parece ser lo que quiere la Cámara en el fallo, que pretende que nadie por fuera del MPA pueda ejercer algún tipo de revisión”.
Convenio con el MPA
El gobierno de la provincia firmó este jueves un convenio de apoyo y colaboración con el MPA para avanzar en la puesta en valor de la Auditoría General. De esta manera, la misma podrá realizar sus tareas de control disciplinario y funcional en su carácter de superintendente de la función de los fiscales.
La rúbrica estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; el fiscal General, Jorge Baclini; y la auditora, Cecilia Vranicich por el MPA.
Al respecto, Somaglia informó sobre el acuerdo que “hace un tiempo se venía trabajando con el Ministerio Público de la Acusación porque tiene un área que es Auditoría” y que la misma “tiene como cometido el control funcional y disciplinario de los fiscales”.
Somaglia recordó que “es una institución relativamente nueva” y que “ahora llegó el momento de dotarla de recursos y de personal para que pueda llevar adelante el cometido que la ley marca”.
“En paralelo se están tramitando los distintos documentos para dotar el presupuesto para las contrataciones, pero esto lleva siempre un tiempo imprescindible que cumplir. Hoy el Poder Ejecutivo va a colaborar con el MPA en las tareas que le corresponda y siempre sosteniendo la independencia y la autonomía, y en función de eso es un paso adelante para darle la puesta en valor necesaria que a la Auditoría General, como superintendente de la función de los fiscales, le corresponde”, remarcó el secretario de Justicia de la provincia.
Por su parte, Cecilia Vranicich manifestó que su función es la de “coordinar” este tipo de convenios y que “la idea es empezar una etapa inminente de fortalecer y consolidar los recursos de la auditoría para trabajar en incumbencias legales. Esa es una buena noticia”, sostuvo.
Traferri criticó el fallo que limita la potestad de la Legislatura para controlar a los fiscales
