La Legislatura dio sanción definitiva a la creación del Organismo de Investigaciones Judiciales (o Policía Judicial), al unificar en un solo proyecto las iniciativas impulsadas por el diputado Eduardo Toniolli y el senador Armando Traferri. El organismo estará bajo la órbita del fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y tiene por objeto transparentar la investigación criminal.
En el marco de la reforma penal que ingresa en su última etapa –el 10 de febrero de 2014 entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal–, la Legislatura sancionó la ley por la que se crea el Organismo de Investigaciones Judiciales luego de un año y medio de trabajo conjunto entre la comisión de Derechos y Garantías –que preside el propio Toniolli–, la comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja y el Ministerio Público de la Acusación a cargo del fiscal De Olazábal.
La ley establece que el nuevo organismo integra la estructura del Ministerio Público de la Acusación como órgano de apoyo a la gestión y como órgano técnico que asiste a órganos de dirección y a órganos fiscales en la investigación de actos delictivos, interviniendo en la investigación penal preparatoria con el fin de esclarecer hechos a través de la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba.
La puesta en marcha de un organismo específico de investigaciones –fuera de la estructura policial– busca dar respuesta a “la bajísima tasa de esclarecimiento de crímenes ligados a la proliferación de delitos complejos”, según explicó el diputado Toniolli. El organismo se dedicará exclusivamente a delitos complejos, mientras que el resto de las investigaciones seguirá a cargo de la Policía.
Mientras la Legislatura estudiaba el proyecto, el gobierno provincial decretó la creación de la Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio de Seguridad, que tiene por objetivo nuclear las diferentes áreas de investigaciones que pertenecen a las fuerzas de seguridad.
En cambio, el nuevo organismo estará conformado exclusivamente por profesionales civiles –médicos, peritos forenses, contadores, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros– quienes no portarán armas ni tendrán relación con la Policía ya que dependerán del fiscal general y de los fiscales regionales.
El objetivo es brindarle al nuevo sistema procesal penal una herramienta auxiliar que permita la optimización y la eficacia de las investigaciones sobre homicidios dolosos, delitos cometidos por funcionarios públicos y aquellos casos en los que se presuma el accionar de un grupo delictivo organizado.
“Queremos transparentar la investigación criminal en Santa Fe y, para ello, necesitamos este cuerpo de investigadores u Organismo de Investigaciones Judiciales colabore con el fiscal general de la provincia para el esclarecimiento de los delitos complejos”, argumentó Toniolli.
“Esta es una nueva herramienta investigativa, que desde nuestro sector político estamos ofreciendo a pocos meses de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la provincia en manos del fiscal general. La instalación de un nuevo paradigma en la persecución criminal implica y necesita una nueva herramienta en materia de investigación y esta ley va en ese sentido”, sostuvo el legislador.
Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Luis Rubeo, indicó que “esta Legislatura, el Frente para la Victoria y el peronismo en particular, además de interpelar a las autoridades provinciales, ha tenido la predisposición suficiente para llevar adelante todos los consensos necesarios para brindar todas las herramientas al Ejecutivo en materia de seguridad y justicia”.
