En una sesión especial, integrantes de las cámaras de diputados y senadores provinciales decidieron suspender este jueves de sus funciones por tiempo indeterminado al fiscal de Reconquista Rodrigo González, quien está a la espera de ser imputado por su par de Melincué sindicado por su colaboración en una asociación ilícita dedicada al juego clandestino, que tiene al empresario Leonardo Peiti como organizador de garitos en el norte y sur provincial. La derivación de esta causa por juego ilegal se tramita en Rosario y significó el encarcelamiento del fiscal Gustavo Ponce Asahad y su superior, el fiscal Regional Patricio Serjal, además de un pedido de desafuero contra el senador Armando Traferri que no prosperó.
La suspensión en la actividad del fiscal González se conoció pasado el mediodía de este jueves luego de la sesión conjunta y se trata de una medida disciplinaria provisoria que incluye la reducción del salario de un 50 por ciento del funcionario del Ministerio Público de la Acusación de la 4ª Circunscripción (MPA). Esta decisión confirmó el dictamen, también por unanimidad, de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que preside el diputado radical Fabián Bastía.
El nombre de González adquirió trascendencia provincial en 2019, en medio de un escándalo en el MPA de Reconquista que lo mantiene enfrentado con el fiscal Regional Rubén Martínez, con el que se cruzaron denuncias y que incluso tuvo a este último, su superior, con custodia policial.
En ese momento, comenzaron a surgir públicamente los nexos judiciales con las apuestas ilegales, a partir de la intervención de quien era fiscal Regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, el funcionario que dispuso la custodia para su par Martínez al considerar que existía la posibilidad de que un capitalista del juego clandestino atentara contra su vida.
En noviembre de 2018, Martínez denunció a González por la desaparición y destrucción de legajos de causas en trámite, además de la retención indebida de dinero recolectado en multas por juicios a prueba. Luego, González denunció a Martínez por abuso de autoridad.
Este no será el único revés del día para González, es que según voceros del MPA, el fiscal Melincué Matías Merlo lo imputará este mismo jueves por su vinculación en la causa por juego clandestino en el norte provincial y que puede derivar en el achaque de la figura legal de incumplimiento de deberes.
De la pesquisa se conoció que González tenía trato continuo con un hombre identificado como Néstor, el nexo recaudatorio con el empresario Peiti de acuerdo con la teoría fiscal, quien tenía a su cargo el manejo de garitos en la ciudad de Reconquista.
La relación de las causas de Melincué y Rosario
En 2018, el fiscal Merlo llevaba adelante una investigación por juego clandestino donde estaba sindicado Peiti y le dictó una orden de detención. La pesquisa se había iniciado un año antes por una denuncia del entonces presidente comunal de Hughes, José Leguina, quien en marzo de ese año dio cuenta de la existencia de un garito en dicha localidad del departamento General López. En un allanamiento a ese local de apuestas ilegales, los investigadores secuestraron los celulares de las dos mujeres que trabajaban allí y de la dueña del lugar.
Estas personas reportaban liquidaciones diarias a un celular radicado en Rosario donde atendía ese tal Néstor y, al considerar que podría corresponder a una estructura más organizada, el fiscal intervino este teléfono. De esas escuchas determinaron que organizaba salas de juegos en diferentes puntos de la provincia y le reportaba a Peiti, su jefe.
Merlo detalló que, por lo general, el dinero recaudado se dividía en tres partes: para el que la explotaba, el intermediario y Peiti. Y dijo que de la recaudación le quedaba como mínimo y en promedio 30 mil pesos a cada parte y, a modo de ejemplo, explicó que constataron 10 salas en Casilda, otras 7 en Reconquista y 5 en Venado Tuerto.
El fiscal de Melincué gestionó una serie de allanamientos en noviembre de 2018 en distintas jurisdicciones pero el 8 de diciembre de ese año lo llamó el entonces fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, con quien cruzó información y le habló del pedido de allanamientos, órdenes que finalmente no fueron firmadas por la jueza, ya que solicitó mayores precisiones.
Poco después el abogado de Peiti se presentó en la Fiscalía de Melincué buscando información sobre la investigación que aún no había sido develada, lo que le llamó la atención al fiscal Merlo pero su sorpresa sería mayor cuando, al poco tiempo de la charla con Ponce Asahad, empezaron a desaparecer los garitos que los investigadores habían ubicado. Por ello, el fiscal de Melincué desistió de continuar con las medidas ya que advirtió la filtración de toda la información de la causa.
“El único que sabía esa información era Ponce”, fue la afirmación de Merlo en la declaración que brindó en la investigación rosarina, donde Peiti declaró como imputado-arrepentido por asociación ilícita dedicada a la extorsión y el juego ilegal, y que dejó tras las rejas al entonces fiscal de la Unidad Covid Ponce Asahad y su superior Patricio Serjal.
A finales de diciembre de 2018, el entonces fiscal Regional de Venado Tuerto Sinópoli, superior de Merlo, solicitó una investigación administrativa por la filtración de información al fiscal General Jorge Baclini.
Sinópoli contó ante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que el 8 de diciembre de ese año un abogado lo llamó para decirle que un colega que representaba a Peiti quería comunicarse con él. Ese mismo día también lo llamó su par Patricio Serjal diciéndole que quería mantener una reunión porque en Rosario había investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse.
En marzo de 2019, Peiti presentó un habeas corpus que fue rechazado por lo que quedó detenido e imputado en el caso Melincué. En ese momento, Peiti declaró y volvió a hacerlo en una segunda audiencia, aunque Merlo dijo que sus dichos no concordaban con la evidencia que habían lograron recolectar, la cual lo ubica como organizador y jefe de una asociación ilícita para llevar adelante la actividad de juego clandestino al menos entre enero de 2017 y diciembre de 2018.
Merlo presentó en diciembre de 2020 la acusación contra el empresario para quien pidió una pena de 8 años y otras seis personas a las que considera parte de la asociación ilícita encabezada por Peiti. Dijo que la red operaba en siete localidades provinciales: Reconquista, Avellaneda y Vera, en el norte, y Casilda, Venado Tuerto, Hughes y Wheelwright, en el sur.
El fiscal de la causa explicó en una entrevista a medios de la capital provincial que tras conocerse el vínculo entre los fiscales rosarinos con el empresario del juego, solicitó una revisión integral de la causa iniciada en 2017 para determinar si había otros funcionarios judiciales implicados en el cobro de coimas o realizar por lo menos omisiones a su labor.
Fue en una serie de escuchas que el fiscal de Melincué sospechó que quien aparecía en una de las escuchas era el propio fiscal González tras haber mantenido contacto con personas que eran investigadas por juego clandestino en esa jurisdicción y que tenían conexión con laderos de Peiti a lo largo y ancho de la provincia. Como por ejemplo, un tal «Néstor».
“Para ser bien objetivo y que quede bien claro, hizo ciertas omisiones en su función”, destacó Merlo en dialogo con el periodista Luis Mino.
El fiscal González ya tiene sobre su cabeza otras imputaciones, entre las que se cuentan denuncias de amenazas por parte de pasantes y la mencionada acusación que le hizo su superior Martínez.
