Un informe del MPA que apunta al fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por diferentes irregularidades será evaluado por la Legislatura, donde se decidirá la sanción a aplicar sobre el funcionario judicial, que podría ir desde la suspensión por hasta 180 días o directamente la destitución. Artacho es fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario.
Entre los hechos denunciados, figura que un policía condenado que ahora está prófugo usó un auto a nombre del fiscal, y que asesoró a otro policía imputado de abuso sexual a quien a su vez le proveyó un auto de alta gama secuestrado a un financista, cuya incautación no fue informada en tiempo y forma.
El informe del MPA fue realizado por la actual fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, cuando era auditora. Ríos Artacho presentó un descargo ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.
Las denuncias se relacionan con el comisario Alvaro Rosales, que prestaba servicio en la Unidad Regional VI de Constitución y desde fines de 2022 está en prisión preventiva imputado de abuso contra una cadeta del Instituto de Seguridad Pública (Isep).
Las irregularidades se conocieron luego de que los fiscales José Luis Caterina y Matías Edery siguieran la pista sobre la presunta colaboración que el ex policía Juan José Raffo —condenado a cinco años como informante de Los Monos— prestaba a Guillermo “Chupa” Sosa, un líder de la hinchada de Newell’s investigado por el crimen de un antecesor, Nelson “Chivo” Saravia.
Raffo también era investigado por su participación en reuniones de policías y ex policías en un galpón de zona oeste, donde al parecer fue localizado alguna vez Rosales. Así, se ordenaron seguimientos y escuchas y se descubrió que a fines de 2022 Raffo llegó al aeropuerto de Ezeiza en un Chevrolet Cruze propiedad de Ríos Artacho.
El fiscal explicó que había comprado ese auto en 2021 y que el año pasado decidió vendérselo a Rosales. Y afirmó que cuando Raffo fue localizado en ese auto la venta ya había sido denunciada, aunque la póliza de seguro siguiera a su nombre para mantener la cobertura de responsabilidad civil mientras se terminaban los trámites de venta y transferencia.
“Nunca tuve relación con Raffo y desconozco cómo llegó a detentar ese vehículo que, en definitiva y sin perjuicio de su situación registral, en los hechos ya no era mío. Y si bien conozco a Rosales, que en principio era una persona de confianza, desconozco qué relación tenía con Raffo”, aseguró el fiscal en su descargo que presentó con copias de la publicación de venta y capturas de pantalla referidas a los trámites.
Otra de las irregularidades vinculada a Rosales tiene que ver con el hallazgo, en la casa del policía en Pueblo Esther, de un Mercedes Benz C250 Kompressor propiedad del financista Sebastián Grimaldi, imputado por estafa en el marco de una investigación de Ríos Artacho. El comisario había recibido el auto por orden del fiscal para darle un uso acorde con su trabajo, pero las investigaciones señalan que el policía le daba al vehículo uso personal.
También se le objeta a Ríos no haber informado sobre el secuestro del auto a la Agencia Provincial de Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo que administra los bienes incautados en cuya órbita deben estar por ley.
En su descargo el fiscal reseñó su participación en la investigación contra Grimaldi y el allanamiento que ordenó en mayo de 2022 en un domicilio de Puerto Norte donde se secuestró el auto. Y agregó que el 29 de noviembre ordenó entregar del auto a Rosales, entonces jefe de Judiciales de la Unidad Regional VI, “en carácter de depositario judicial provisorio y revocable para ser afectado a uso policial”. Ríos fundamentó esa entrega en la necesidad que le había manifestado el oficial de tener un vehículo auxiliar para paliar la escasez de recursos en su unidad regional. Y agregó que se le notificó al policía las obligaciones que debía cumplir en tal sentido.
“Pero luego de conversar el tema con colegas, advertí que había incurrido en un error al realizar la entrega por cuanto no le había dado intervención a la Aprad conforme la nueva ley 13.579”, advirtió Ríos. Por ello el 22 de diciembre de 2022 contacté al titular de Aprad y le dije que tenía un vehículo secuestrado que había puesto de disposición en carácter de depositario judicial al jefe de Judiciales de la Unidad Regional VI para el uso policial”.
Según Ríos, el titular de Aprad le dijo que podría dejar sin efecto esa entrega y restituir el vehículo al lugar donde estaba secuestrado para regularizar la situación. Y si quería que la Aprad entregara el vehículo al mismo depositario, lo podía pedir por escrito. En tal sentido esgrimió una resolución del 26 de diciembre que revocaba la entrega del auto a Rosales para que quedara a disposición de la Aprad y el mismo día ofició al policía para que entregara el auto en un depósito de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Rosales tenía que ir con el auto y el oficio a la AIC a hacer la entrega. Por ello mi empleada remitió el 28 de diciembre una foto del oficio a la jefa de Secuestros de la AIC”, dijo Ríos, pero explicó que dicha agencia no podía recibir el vehículo porque no había intervenido en el secuestro. Entonces, agregó el fiscal, se contactó con el jefe de la TOE que había participado del allanamiento para restituir el auto. “Dicha restitución no pudo efectivizarse porque Rosales fue detenido en el marco de una investigación”, fundamentó Ríos, y también ofreció copias de la papeles que respaldan su versión.
La detención de Rosales en la investigación del fiscal Caterina tiene que ver con la otra irregularidad que se le achaca a Ríos. En este caso tiene que ver con el presunto asesoramiento legal que se le atribuye al fiscal respecto de las imputaciones por las cuales el policía sigue en prisión preventiva imputado de abuso sexual y abuso de autoridad contra una cadeta del Isep. En tal sentido la auditoría alude a escuchas telefónicas al policía en las que hablaba con terceros sobre esa causa.
En esas conversaciones, según el dictamen de la auditoría, Rosales refiere en varias oportunidades a consejos que recibe de su amigo Ríos Artacho sobre cómo proceder en el marco de la causa. Para la auditoría eso implica “asumir un rol asimilable al de abogado defensor respecto de su amigo”, lo cual es incompatible con el rol de fiscal que desempeña.
“Niego terminantemente haber desempeñado dichas tareas ni en favor del mencionado ni de ninguna otra persona”, respondió Ríos Artacho sobre los diálogos entre Rosales y otras personas “de las que no se me puede achacar ninguna vinculación”. Y agregó que “al menos tres conversaciones estarían en el marco de comunicaciones entre Rosales y su abogado defensor, lo cual no puede utilizarse por ser violatorio del secreto profesional.
Tanto el dictamen de la auditoría como el descargo del fiscal están en manos de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde la diputada radical Georgina Orciani actuará como acusadora. Así, el futuro del fiscal está en manos de los legisladores provinciales.
