Por Claudio Mardones / Tiempo Argentino
Luego de un tenso tironeo interno entre sus funcionarios, el presidente Mauricio Macri recibió este lunes el proyecto final de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que buscará aplicar un paliativo de cinco mil pesos para fin de año. Desde la formalidad legal establece “una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado”, pero a lo largo de sus trece artículos fija una serie de “ventanas” donde la presunta obligatoriedad se diluye en las “normas complementarias y aclaratorias” que podrá fijar el Ministerio de Producción y Trabajo en el futuro. También en las posibilidades que tendrán los empleadores que “se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva” para “adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos”.
El texto también crea un “Procedimiento Previo de Comunicación para Despidos Sin Justa Causa”, que obligará a las empresas a informar al Ministerio de Producción y Trabajo “antes de disponer despidos sin justa causa en contratos de trabajo por tiempo indeterminado”. Deberán hacerlo “con una anticipación no menor de diez días hábiles de hacerle efectiva”. Cuando los empleadores transmitan su interés de echar trabajadores a su cargo, la cartera que conduce Dante Sica “podrá convocar al empleador y al trabajador, junto con asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (hasta el 31 de marzo de 2019) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción.
Con esas “flexibilidades”, el DNU que firmó el Presidente establece en su primer artículo el pago de un bono de cinco mil pesos a cobrarse en dos cuotas iguales, con los sueldos de noviembre y enero. Esa presunta universalidad comienza a desgranarse, especialmente a partir de las posibilidades que le confiere a las empresas que se escuden en una situación de crisis, una caracterización que posiblemente pueda ser utilizada en base a las “normas complementarias y aclaratorias” que defina la misma cartera laboral. Hasta ahora solamente podrían hacerlo las firmas que hayan iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), pero el artículo 3 del DNU no lo establece con claridad, y deja esa potestad a tiro de decisiones administrativas de la cartera productiva y laboral.
En el gobierno confiaron a Tiempo Argentino que esas potestades fueron redactadas para contener los planteos de pequeñas y micro empresas, como una forma “para que lo paguen”.
Sin embargo también hay salvaguardas para las grandes empresas en el artículo 4: “Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo que hubiesen pactado colectivamente un incremento sobre los ingresos de los trabajadores en concepto de revisión salarial de la pauta oportunamente acordada en la negociación colectiva del año 2018, podrán compensar aquél aumento con la suma total” del bono.
Esa arquitectura legal también es el resultado de las pujas que afrontó el Ejecutivo para evitar una desautorización “in límine” del paliativo. La formulación sostiene que los cinco mil pesos, si son pagados, pueden ser descontados de los aumentos acordados en las revisiones salariales que permitió el Gobierno cuando el techo del 15% resultó superado por la devaluación.
Según el DNU serán computados “a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”, mientras que las firmas que “hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos” durante este año también podrán descontar el bono. Son tantos los abanicos para descontar el pago del bono que, luego de enumerarlas, evita que las excepciones terminen en la Justicia con reclamos contra su “no remuneratividad”, es decir, la definición que les permite que ese bono no sea computable para aguinaldos y para los básicos actualizados sobre los que se pagan cargas sociales y obligaciones patronales. “En los supuestos que se instrumenten, según corresponda, la incorporación, compensación o absorción salarial (del bono), la misma adquirirá carácter remunerativo”, es decir, que formarán parte del cálculo del segundo medio aguinaldo que se pagará en diciembre.
El rosario de explicaciones para establecer el bono, no beneficia de ningún modo a “los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Casas Particulares”, pero “sin perjuicio de lo que puedan establecer sus órganos competentes”.
En materia del sistema de control de despidos, donde la cartera laboral podría evitarlos hasta fines de marzo con audiencias de negociación, el DNU le permite aplicar multas previstas en el Anexo II de la Ley 25.212, que establece el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales”. La única actividad donde no regirá el sistema de “aviso” para despedir trabajadores “sin justa causa” es para el “personal de la Industria de la Construcción, contratado en los términos de la Ley 22.250”, es decir, una de las actividades más golpeadas por la recesión, que registran la tasa más alta de cesantías.
