En algún momento de la gestión de Mauricio Macri parecía que algo podía llegar a cambiar a favor de los inquilinos. Es que el propio gobierno amagó tiempo atrás con hacer algún tipo de modificación a la ley actual que regula los alquileres. Pero cedió ante el lobby inmobiliario y al final todo parece que seguirá igual. El martes pasado estaba previsto que el tema se trate en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, pero la reunión se cayó por falta de quórum. El encuentro había sido convocado por un propio diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, tras el impasse que tuvo la iniciativa a fines del año pasado. El legislador esperó media hora a que llegaran los diputados necesarios, pero pasado ese tiempo, ni siquiera concurrió el tercio que se habilita reglamentariamente como segunda instancia.
Según Nire Roldán, titular de la ong rosarina Concejalía Popular (que pugna por los derechos de los que no tienen vivienda), fue el mismo bloque del PRO el que volvió a frenar las modificaciones.
“Más de 9 millones de personas que deben alquilar de todo el país tendrán que seguir soportando las consecuencias de la crisis económica”, señaló.
A favor del inquilino
Tres de los proyectos presentados en el Congreso, el de la Concejalía Popular, el del diputado Felipe Solá y uno de Agustín Rossi (PJ) eran similares y coincidían en la necesidad de bajar los costos de los inquilinos para acceder a la vivienda y en una actualización de los valores de los alquileres en base a un índice entre inflación y evolución de los salarios.
Además, planteaban ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.
La situación pareció por primera vez que podía llegar a cambiar cuando en noviembre de 2016 el Senado aprobó por unanimidad una iniciativa que contenía al menos algunos de éstos puntos. Pero luego en la Cámara de Diputados todo se estancó por diferencias en la redacción fina.
Recién en octubre de 2018 se logró dictamen favorable, fruto de un acuerdo entre Cambiemos y la oposición, pero la discusión nunca llegó al recinto. Es que Macri la excluyó del temario de las últimas sesiones extraordinarias por sugerencia del otrora ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien entendió que en plena negociación con el FMI la iniciativa suponía un “ruido intervencionista”.
Esta semana estaba previsto que el tema se retome y se trate en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Pero la reunión se cayó por falta de quórum.
Lo curioso es que el encuentro fue convocado para el martes por un propio diputado del PRO, Daniel Lipovetzky. El legislador esperó media hora a que llegaran los diputados necesarios, pero pasado ese tiempo, ni siquiera concurrió el tercio que se habilita reglamentariamente como segunda instancia.
Así, todo indica que el gobierno cerrará su gestión sin las modificaciones que pedían las organizaciones que defienden a los inquilinos.
Roldán recordó que otra de las cosas que se buscaban era que los contratos se pacten por tres años y que además se cree un registro en el Ansés para evitar que haya evasión impositiva.
“Nuestra legislación siempre la hicieron las inmobiliarias o los poderes de turno. Por primera vez las organizaciones de base tenemos escrito un proyecto con la idea que se abarate el costo de alquiler. Que se pueda aprobar sería un desahogo en este marco de economía de crisis, desguace del Estado y pérdida de ingresos. Pero nuestra iniciativa ya tiene más de tres años de boicoteo”, señaló el referente de los inquilinos.
Por su parte, Ariel D´orazio, referente del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor rosarina, hizo eje en la forma en que se muestra públicamente el gobierno.
“Cambiemos se manejó siempre haciendo anuncios televisivos o mediáticos en relación a la ley con promesas que nunca cumple y así engaña a los 9 millones de inquilinos”, sostuvo.
La otra voz
Claro está, distinta es la visión de las inmobiliarias locales. Carlos Rovitti, titular del Observatorio Inmobiliario de Rosario (OIR), dijo que los legisladores no tienen en claro cuáles son las “funciones reales” del corredor inmobiliario y de cómo se mueve el mercado.
En ese marco fue que pidió que el sector también sea a futuro convocado para tratar el tema. “Las cosas tienen que hacerse de manera prolija para que no se perjudique a nadie”, señaló.
El titular del OIR dijo que la inflación actual, que terminará este año en casi un 60 por ciento, perjudica a todos los involucrados.
“Lo que está pasando en el país es un problema de la economía en general y de la pérdida del poder adquisitivo de la gente. Pero si a las inmobiliarias se le quita recursos económicos se despedirá a gente porque no cierran los números. Allí hay empleados que cobran sueldos y a eso hay que tenerlo en cuenta”, culminó.
