Laura Gambale / Noticias Argentinas
A pesar de que los humedales son esenciales para la vida ya que son la principal fuente de agua dulce del planeta y albergan el 40% de la biodiversidad total, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. Al mismo tiempo, desde 1970 a la actualidad se ha perdido el 35% de los humedales del mundo.
Pasó casi una década desde que el primer proyecto de ley para la protección de los humedales fuera presentado en el Congreso de la Nación. En ese entonces, se buscaba regular y proteger los humedales con una ley que fijara los presupuestos mínimos de protección ambiental y que asegurara su conservación y su uso ambientalmente respetuoso, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ese proyecto no prosperó, y como veremos a lo largo de esta nota en varias ocasiones, distintos proyectos presentados perdieron estado parlamentario o no llegaron a obtener el visto bueno en Diputados.
Al momento, existen distintos estudios científicos que alertan acerca de la irreversibilidad del daño provocado en el ecosistema y, al mismo tiempo, demuestran las consecuencias en la salud de la población que se encuentra respirando la espesa carga tóxica provocada por las quemas en el Delta del Paraná.
En este sentido, en agosto pasado la ciudad de Rosario (una de las más afectadas por las quemas) se declaró “irrespirable”. En ese momento, un estudio realizado de manera conjunta por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a la empresa HSE Ingeniería, demostró que el nivel de contaminación presente en el aire era entre 6 y 9 veces mayor concentración de material particulado de alto volumen (partículas PM10 y PM2.5)
Sin embargo, los humedales siguen sin ser regulados y los fuegos siguen siendo avivados.
Rafael Colombo, abogado ambientalista, docente, asesor parlamentario y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explica las acciones de fondo que están dilatando el avance del proyecto consensuado por más de 500 organizaciones, entre ellas la asociación de la cual forma parte.
—¿Por qué no se pudo avanzar en la última reunión de comisiones? ¿Cuáles son los argumentos que intentan poner freno?
—Tras la última reunión de comisiones que terminó con un cuarto intermedio tuvo lugar una gran contraofensiva por parte de las corporaciones de la agroindustria hegemónica y de la minería, fuertemente respaldada por actores políticos que incluso desde el exterior del país se manifestaron en contra de cualquier tipo de regulación con criterios ambientales de ordenamiento territorial para proteger los humedales, privilegiando una interpretación que atrasa más de 150 años en materia constitucional, basada en la idea de que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales y que eso les da derecho a hacer lo que quieran con los ecosistemas: con bosques, humedales, glaciares, entre otros. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con esa interpretación y creemos que hay una fuerte alianza entre estos gobernadores, ministros, legisladores e incluso actores de la Justicia que tienen fuertes conflictos de intereses con las corporaciones que se oponen a este proyecto de ley y que son corporaciones que provienen del agro negocio, la minería y la especulación inmobiliaria.
Triple lobby contra una ley
“Nunca antes en la historia del Parlamento argentino desde la vuelta a la democracia hemos visto la convergencia de tres grades lobbies actuar de manera conjunta, articulada contra el avance de una ley”, remarca Colombo, quien considera que el triple lobby está fuertemente vinculado con “distintos actores políticos representativos públicos y a corporaciones extractivas, que han hecho valer todo su poder e influencia para que la ley de humedales continúe sepultada en el Congreso”.
El argumento esgrimido por los portavoces legislativos del agronegocio y la minería dice que “necesitan más tipo para estudiar o leer los proyectos”, pero ya pasaron diez años y los humedales se siguen consumiendo.
“Después de una década creemos que existen consensos amplios, sólidos y fuertemente arraigados en una concepción de democracia deliberativa con múltiples instancias públicas de deliberación y debate, por eso creemos que se tratan de maniobras que el único objeto que tienen es continuar dilatando la prosperidad del proyecto de ley de humedales que apoya la sociedad civil, así como cualquier tipo de regulación que proteja los humedales en el país”, apuntó Colombo.
En los últimos tres años de incendios intencionales en el Delta del Paraná, según el Inta los impactos ambientales sufridos están cuantificados en 40 mil millones de pesos. Por otra parte, como aporta Colombo, hay publicados diversos estudios científicos que advierten que esos ecosistemas van a tardar entre 300 y 400 años en restaurarse o recuperarse. Los daños son masivos y estamos ante un verdadero escocido”, determina.
—Y las autoridades administrativas, legislativas y judiciales…
—No están a la altura de las circunstancias, no solamente en lo que tiene que ver con la ley de humedales sino también en cuanto enfrentar con mayor seriedad lo que implica el financiamiento, estrategia, estabilidad y planificación del fuego. Luego de tres años de fuegos intencionales, el Poder Judicial no ha avanzado seriamente en las investigaciones judiciales para dilucidar quienes son los autores intelectuales y materiales que están detrás de los incendios, a pesar de que existe muchísima evidencia producida en los últimos meses acerca de los establecimientos ganaderos y agropecuarios en el Delta del Paraná y los focos de incendios; empresarios muy poderosos que han sido explícitamente denunciados cuyas causas no avanzan. Es decir, estamos ante un panorama muy preocupante y en donde la sociedad civil organizada masivamente en casi todas las provincias del país está exclamando al congreso que sancione una ley de Humedales.
El largo camino por una ley
Entre los proyectos presentados a lo largo de estos años, luego del pionero en 2013 que como mencionamos, no logró prosperar, otros dos lograron obtener media sanción en el Senado en 2015 y 1018 pero ninguno consiguió avanzar. En 2019 se presentó un proyecto con amplio consenso social pero perdió estado parlamentario. En ese entonces, se presentaron distintas propuestas ante la comisión de Ambiente de Diputados que preside el diputado Leonardo Grosso que luego de debates multisectoriales con expertos de diversas áreas se llegó a un dictamen unificado que fue girado a cuatro comisiones: Agricultura y Ganadería, Asuntos Marítimos Fluviales, Portuarios y Pesqueros y Presupuesto. Este tampoco prosperó.
Nuevamente, en marzo de este año se llevó al Congreso un proyecto de ley de Humedales consensuado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.
En simultaneo, se presentó otra alternativa de proyecto de ley de Humedales por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, junto a la Consejo Federal del Ambiente (Cofema, compuesta por los representantes de Ambiente de las provincias) presentaron una alternativa a la ley que recibió un fuerte rechazo por las organizaciones que impulsan el proyecto consensuado y por una gran parte de la sociedad civil y científica argentina por considerarla “regresiva”.
Cinco meses se fijó la fecha para llevar a cabo el plenario de comisiones en pos de avanzar con el consenso que posibilitara avanzar con tan esperada ley de Humedales. Las comisiones involucradas son las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Presupuesto y Hacienda; y Agricultura y Ganadería
En ese momento, un pedido del bloque de Juntos por el Cambio logró posponer una semana la instancia legislativa para “armonizar” algunas posiciones. Llegado el 29 de septiembre, el plenario antes postergado, se suspendió y pasó a un cuarto intermedio.
Según explica Colombo, la reunión que quedó postergada por un cuarto intermedio debería de reanudarse en el corto plazo para continuar debatiendo sobre los proyectos de ley de humedales. “Nosotros estamos respaldando el proyecto que cuenta con más de 500 organizaciones firmantes en apoyo a esta iniciativa y vamos a continuar firmes hasta lograr un avance definitivo”, concluyó Colombo.
El apoyo de la comunidad científica
Este jueves se publicó una solicitada de apoyo al proyecto de consenso ambientalista de ley de Humedales, firmado por 1.872 científicos y académicos de todo el país, para rebatir las “difamaciones dilatorias de su tratamiento”.
En el texto, expresaron: “En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación. Esto nos exige desmontar estas afirmaciones, basados estrictamente en los contenidos del expediente 0075-D-2022:
- “No es posible aprobar el dictamen en un trámite exprés, se requiere tiempo para estudiar el proyecto a fondo”. Se trata de una clara maniobra dilatoria. Este proyecto es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país.
- “La Ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”. La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales, “Será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”.
- “Su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo. No debería prohibir actividades productivas realizadas en forma sustentable”. La Ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo.
- “De avanzar la ley, se podrían frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder. (…) Aumentarían los niveles de pobreza e indigencia”. De nuevo, se trata de una ley que fijará un conjunto de regulaciones a ser contempladas por los respectivos proyectos de inversión, que hoy se realizan sobre estos ecosistemas prácticamente sin control, con impacto muy negativos. Asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática como la actual, colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos.
- “Los pobladores históricos serán desplazados de los ambientes de humedales”. Nada se dice en el articulado de la ley que avale esta afirmación. Por el contrario, las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía con su entorno, desarrollando sistemas de producción y formas de habitar respetuosas con los pulsos de la naturaleza. En todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades.
Así explicaron las personalidades de Universidades Nacionales y del sistema científico nacional que suscriben la solicitada.
