Guillermo Correa
La Argentina está a las puertas de un profundo –¿irreversible?– cambio en su matriz productiva, que tendrá claros ganadores y perdedores. Los primeros, grandes grupos económicos internacionales, y los que irán a menos serán los componentes de la industria nacional, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las que, además, generan la mayor parte del empleo en el país. Así lo advierte un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que hizo un análisis del capítulo relativo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones contenido en el proyecto de ley que lleva el pomposo título de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó a tratar el Senado bajo la premura impuesta por la presión del Poder Ejecutivo. “El gobierno de Javier Milei ha decidido abandonar las políticas de promoción industrial que se sostenían desde el Estado argentino. Tanto a través del DNU 70/2023, como con distintas medidas de política implementadas desde Producción, Comercio Exterior e Interior, se han desmantelado, en pocos meses, mecanismos de protección e incentivo a la industria nacional”, advierte el trabajo del Cepa, que, empero, caracteriza como “el punto más problemático” al Régimen en cuestión.
El análisis recuerda que la industria nacional manufacturera genera el 20% del empleo privado registrado, con salarios que superan en un 15% la media, y con estándares de formalidad (trabajo en blanco) más alto que las demás ramas de la economía. Y, además, representa la mitad de la inversión privada en investigación y desarrollo, por lo que el informe lo ubica como “el principal impulsor de la innovación del país”.
Enpero, las concepciones del presidente Milei apuntan a que la inversión no es mayor por la excesiva presencia del Estado y la presión impositiva. Pero los datos históricos que toma el análisis, tanto a nivel mundial como en la Argentina en particular, indican que los ciclos de inversión más dinámicos se manifiestan cuando existe mayor demanda sobre la producción: un mercado interno fuerte.
En ese marco, hasta ahora las políticas de la gestión de La Libertad Avanza no han contribuido sino a reducir la capacidad de compra de la población, y por tanto la demanda. Y con aumentos en combustibles y energía desapegados de los costos de producción. “Con un mercado interno reducido y en franco retroceso, se sucedieron una serie de decisiones de índole anti-industrial que afectaron el desempeño de vastos sectores”, remarca el Cepa.
Respuesta bajo el suelo
El trabajo del Cepa remarca que la gran apuesta del presidente Milei es el RIGI, contenido en el proyecto de ley ómnibus. Y resalta que lo que hace el Régimen propuesto es “es promover enclaves extractivistas” con miras a la exportación, “reprimarizando la economía argentina y dejando en segundo plano a la industria nacional”. Las presuntas grandes inversiones van a estar lejos de nanomateriales, física aplicada o ingeniería aeroespacial y más cerca, con mucho, del objetivo conquistador de cinco siglos atrás: antes era oro y plata, ahora más minerales, petróleo y gas.
La conclusión sobre una desindustrialización como uno de los propósitos de la gestión surge de las medidas tomadas por el Palacio de Hacienda, y de la propia letra del DNU 70/2023 y de la ley ómnibus, que quita incentivos a la industria al plantear:
- Impuesto Pais (Hacienda): impacta en la suba de costos de las importaciones de insumos centrales para la producción, con el aumento de 7,5% al 17,5%.
- Energía y combustibles (Hacienda): aumento de tarifas de luz y gas “de forma indiscriminada, y sin un abordaje estratégico” que ponga en consideración al entramado de Pymes industriales. “Los usuarios de distribuidoras de entre 10 kilovatios y 300 kv, como talleres y pequeñas industrias, llevan incrementos superiores al 140% en las facturas en lo que va del año”, marca el Cepa. Y agrega que tanto en gas como en electricidad, la distribución (componente VAD de la tarifa), “se indexará mensualmente”.
- Derogación de la ley de de Compre Nacional (DNU 70/2023): se eliminó la preferencia de productores locales por sobre los extranjeros. “Esta ley garantizaba un mínimo de demanda para empresas nacionales al permitirles participar de cadenas de valor como las del sector minero o hidrocarburífero. Bajo la legislación derogada las empresas nacionales podían acceder a
- esquemas de transferencia tecnológica, instrumentos crediticios y al Programa de Desarrollo de Proveedores (Prodepro)”.
- Derogación del Prodepro (DNU 70/2023): el programa establecía “una política de Aportes No Reembolsables de hasta $100 millones para proyectos de inversión, destinado a empresas que abastecen a sectores estratégicos de la industria, siempre que representen hasta el 75% del total de la inversión, y a asistencia técnica por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
- (Inti) para aplicar en la empresa tecnologías de gestión, capacitación de personal, mejora de procesos, entre otras cuestiones relacionadas con el incremento de la eficiencia y productividad”.
- Derogación de la ley 21.608 de Promoción Industrial (decreto 70/2023): el objetivo era “expandir la capacidad industrial argentina, procurando la instalación de industrias en el interior del país y fomentando la mejora en la eficiencia”. La herramienta habilitaba al Ejecutivo a disponer “beneficios tributarios o de protección frente a bienes importados”. Su desaparición, resalta el análisis, “muestra a las claras el sesgo del gobierno hacia los grandes capitales extranjeros”. Si bien
- Economías Regionales (DNU 70/2023): se desarticulan regímenes específicos como el de yerba mate, vitivinícola, industria azucarera, algodonera y olivícola, “en algunos casos realizando modificaciones en las misiones y funciones de los mismos, y en otros casos cerrándolos”, al derogar en cadena las leyes que los instituyeron.
- Eliminación o baja de aranceles de importación (Hacienda): “aapertura comercial irrestricta” con eliminación de la política de Licencias Automáticas y No Automáticas. “A través del decreto 384/2024 la Secretaría de Comercio confirmó la baja de aranceles de importación para productos de línea blanca como heladeras y lavarropas (del 35% al 20%), a los que se le suman los neumáticos (35% a 16%) e insumos plásticos (12,6% a 6%)”.
- Cambios régimen antidumping (Hacienda): “con el objetivo de abrir y desregular la economía, el oficialismo pretende aplicar un tope al porcentaje de los derechos aplicados a ciertas importaciones y establecer un plazo máximo del orden de los 18 meses para este tipo de medidas (el régimen establece hasta 5 años, renovables en determinadas condiciones)”. El análisis del Cepa agrega que “el promedio histórico de las importaciones alcanzadas por este régimen es del 1,4% y está amparado por el Acuerdo Antidumping, el cual pretende neutralizar la competencia desleal”. De ahora en más –advierte– “se permitirían prácticas que ponen en serio peligro a la industria local y consecuentemente miles de puestos de trabajo”.
- Eliminación de créditos productivos para Pymes (Hacienda): “la política desde la Secretaría de Producción proponía una articulación con el Banco Nación y Bice, promoviendo líneas subsidiadas a Pymes con foco en inversión. Todas ellas fueron discontinuadas”. Cepa agrega que en el caso del Banco Nación desaparecen la Línea de Proyectos Estratégicos, la Línea Naval y convenios con las provincias para orientar crédito a inversión. “La LIP (Línea de inversión Productiva) que define el BCRA, quedó sujeta a la decisión de cada banco”.
- Habilitación del cierre del Inti (ley ómnibus): el Instituto Nacional de Tecnología Industrial no está en el capítulo –el 3º– de la ley Bases, que preserva una serie de organismos públicos. Así, el texto deja en manos del Ejecutivo al Inti, para avanzar en “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente, cuyo mantenimiento resulte innecesario” y/o “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión” y también su descentralización e intervención. “Este instituto tiene un rol central en la innovación y la transferencia de tecnología de la industria nacional. Cuenta con 3.000 investigadores, ingenieros y técnicos altamente capacitados que trabajan en laboratorios (en algunos casos son únicos en la región) y desarrollan sus tareas enfocadas en un 80% en las Pymes nacionales”, subraya el Cepa.
- Desfinanciamiento de programas y áreas de la política industrial (Hacienda): “Milei no cree en la intervención estatal en la política industrial, lo cual se refleja en la falta de utilización de los fondos destinados a ese propósito”, marca el Cepa. Y contabiliza la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024, en la que “se evidencia una fenomenal reducción en términos reales del presupuesto de organismos” vinculados al desarrollo industrial: “La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo tuvo una caída real interanual del 84%, el Inti del 21%, la Comisión Nacional de Comercio Exterior del 30% y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del 7,8%”.
Así las cosas el trabajo del Cepa pone en foco una reciente entrevista a Milei de la cadena británica BBC, en la que se le inquiere qué rasgos comparte con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, siendo que el republicano, a quien el mandatario argentino colma de elogios, tomó deuda, subió aranceles de importación e impulsó medidas proteccionistas para la industria de su país.
—Lo más importante es que él identifica quien es claramente el enemigo. Él identifica con total claridad que el enemigo es el socialismo, contestó Milei.
A contramano del planeta
El trabajo del Cepa abunda en las distancias, no sólo de las políticas del gobierno de Milei respecto a las que imprimó Trump en su país, sino con Europa, Corea del Sur, Australia, India y Brasil, entre buena parte del mundo. “Mientras Trump brega por políticas proteccionistas e industrialistas, Milei defiende fervientemente el libre mercado y propone que sea éste quien decida qué y para quién producir, abriendo la economía y fomentando la competencia global sin considerar las diferencias de competitividad entre las empresas argentinas y las multinacionales”, sostiene el análisis. Y más: “El presidente no tiene un plan productivo para la Argentina”, y pese a proclamarse anarco-capitalista, “su plan económico tiene similitudes con las premisas del Consenso de Washington, el paradigma económico que se impartió desde los Organismos Multilaterales de Crédito a fines de los años 80”, considera el Cepa.
Como ejemplos de ello abunda en el sostenimiento o creación de programas análogos a los que la Argentina deja de lado: “Chips Act”, “Bipartisan Infrastructure Law” (BIL) y el “Inflation Reduction Act” (IRA) aparecen como una continuidad entre el republicano Trump y su sucesor demócrata Joe Biden, pese a las notables diferencias políticas entre ambos, “con el objetivo de hacer frente a la competencia con China y robustecer el entramado industrial estadounidense”. Según el trabajo del Cepa, dichas leyes “brindan importantes incentivos fiscales a cambio de que las empresas se radiquen en suelo estadounidense” y “alcanzan tecnologías como el hidrógeno, la manufactura de baterías, la energía nuclear y la electromovilidad”.
En cuanto a la Unión Europea, menciona la política industrial de Pacto Verde, “que busca mantener la capacidad industrial en Europa y preservar empleos manufactureros”. La inversión –resalta el estudio– alcanza a 225.000 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia y 72.000 millones de euros del Fondo de Cambio Climático: “Alcanza tecnologías renovables (con foco en la energía eólica), el hidrógeno, la manufactura de baterías y la electromovilidad”.
Como otros retratos relevantes de políticas industriales agresivas, el análisis computa al “Digital New Deal” de Corea del Sur; a “Industria Conectada” de España; a “Impresa 4.0” de Italia; a “Next Wave of Manufacturing” de Australia; a “Make in India” de India, y a “New Industrial Strategy” del Reino Unido. Y también da cuenta de que Brasil, con el gobierno de Lula da Silva, “está realizando inversiones públicas masivas para impulsar su política industrial”. A través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) el gobierno local “otorgará créditos subsidiados por 271 mil millones de reales” (más de 55 mil millones de dólares), aportes no reembolsables por 21 mil millones de reales y realizará inversiones de capital por otros 8 mil millones. “A diferencia de las nulas inversiones en proyectos de movilidad sustentable en Argentina, las empresas BYD, Stellantis, Toyota y Great Wall Motors acumulan más de 15.000 millones de dólares entre inversiones finalizadas, en ejecución y anunciadas en Brasil. Estas inversiones apuntan a plataformas sostenibles, con tecnologías eléctricas, híbridas y bioetanol”, resume el análisis.
En el vecino país, además, los aranceles de importaciones críticas no van a la baja sino al revés: “Un esquema de cuotas de importación en once tipos de aceros y aleaciones. Las importaciones que excedan dicha cuota serán gravadas con una alícuota del 25% (superior al 11% actual). En esta misma línea se enmarca la propuesta de Biden para triplicar los aranceles sobre las importaciones del acero chino en Estados Unidos (en la actualidad se encuentran en promedio en 7,5%)”, dice el estudio.
“El mundo se está reconfigurando. Los procesos de reshoring, nearshoring y friendshoring son cada vez más frecuentes y los tratados de libre comercio más acotados”, advierte el Cepa. El primer término refiere a políticas industriales de traer la producción “de vuelta a casa”; el segundo a acercarla geográficamente (países de la región con estabilidad) y el tercero a países vecinos y/o aliados, en una integración regional y geopolítica. Se trata, dice el Cepa, de un giro de los países más poderosos, “en el marco de la disputa global por el desarrollo y la búsqueda de posiciones dominantes”, en la que “emplean políticas proteccionistas que buscan cuidar a sus industrias, a sus empresas y a sus empleados”. Lo hacen a través de “políticas y subsidios industriales, limitaciones en la importación debido a preocupaciones medioambientales y de seguridad nacional, y restricciones a la exportación para penalizar a competidores geopolíticos y garantizar el suministro interno”.
El Cepa cita también a un reciente informe del Fondo Monetario Internacional “Cobertura de la política industrial en la supervisión del FMI: consideraciones generales”, que lista distintas herramientas de política industrial que “tienden a discriminar entre productores nacionales y extranjeros”, como la antes citada ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, el acceso preferencial a materias primas para productores nacionales de Chile (cuota de carbonato de litio chileno para industrialización local), subsidios para empresas nacionales que no están disponibles para entidades extranjeras y acceso preferencial al crédito para empresas nacionales.
En medio de esa tendencia global, ¿qué proyecta la gestión de La Libertad Avanza? El RIGI.
La Patria está afuera
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, premisa clave del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, es el punto central del análisis del Cepa, que marca que está abierto a sociedades locales o extranjeras que presenten proyectos de inversión de 200 millones de dólares o más, hasta 900 millones de dólares, en dos años, prorrogables por uno más. En cada año de los dos el beneficiario debe “alcanzar al menos el 40% del total de la inversión”, y además para calificar debe tratarse de “inversiones con largo plazo de recupero”.
Se trata de grandes inversiones, alejadas del alcance de una pequeña o mediana empresa de la industria nacional. Pero las contraprestaciones que analiza Cepa son siderales: “Beneficios tributarios y aduaneros, tales como reducción de impuesto a las ganancias; pago de IVA con crédito fiscal; eximición del pago de tasa estadística, Impuesto País, derechos de importación; eximición del pago de derechos de exportación luego del tercer año (y del segundo si es considerado exportación estratégica); no aplican percepciones de IVA y Ganancias; es posible utilizar el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios a cuenta del Impuesto a las Ganancias; cuenta con amortización acelerada para las inversiones; ganancias que proviene de dividendos, utilidades y remesas tiene una alícuota 7%, luego de 7 años de adhesión y 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal que se realizaron las utilidades será 3,5%”.
Además, “entre los beneficios cambiarios se encuentra la eliminación de la exigencia a liquidar
dólares producidos por sus exportaciones en el mercado de cambios de Argentina, a partir del tercer año desde la fecha de adhesión al RIGI”; da la oportunidad a los beneficiarios de “optar por dirimir los conflictos con el Estado en el Ciadi”, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial con sede en Washington; los balances o estados contables pueden ser presentados en dólares, “algo nunca visto en Argentina, que se rige por el Código Civil y Comercial que establece balances en la moneda de curso legal”.
“Adicionalmente, cuenta con 30 años siguientes de estabilidad fiscal desde la fecha de adhesión al Régimen”.
El RIGI, marca el Cepa, también “permite computar como proyectos, con iguales beneficios, la compra de acciones hasta 15%”.
¿Qué implican todos esos beneficios y hacia qué sectores apuntan? El análisis del Cepa es categórico: “Nada a cambio. No hay priorización de sectores, preferencia por capital nacional, exigencia de venta de producción en mercado local o requisito de contenido de industria nacional”. Y resume: “El único objetivo es la entrada de dólares frescos en un corto plazo con la intención de liberar el cepo cambiario y permitir exteriorizar activos capitalizados en el mercado financiero, más que sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo o agenda de desarrollo para el país”.
Comentarios