El gobierno nacional definió una modificación por Decreto en las jubilaciones que otorgará adelantos en los próximos tres meses hasta llegar a un empalme en junio, entre la fórmula actual y una nueva, pero que profundizará la pérdida de poder adquisitivo ante los picos inflacionarios de diciembre y enero. En julio comenzarán los aumentos mensuales por inflación. Se estima que en abril, en el mejor de los casos, la mínima quedará un 22% abajo respecto del mismo período de 2023.
Durante los próximos tres meses se darán adelantos a cuenta del aumento que corresponde en junio, con la fórmula vigente. Los porcentajes corresponderán al último dato de inflación (dos meses atrás) . Si el acumulado de esos adelantos, iguala o supera lo que les correspondería de aumento en junio por la Ley vigente, no recibirán nada adicional. En caso de exista una diferencia entre lo que arroje la fórmula y ese acumulado recibido, se les reconocerá lo que falte.
En medio de estas modificaciones, el gobierno anunció que en abril el pago de haberes será en dos tramos. Se va a hacer una liquidación ajustando la nueva jubilación con el nuevo esquema y otra con el bono. Es decir, se va a pagar la mínima de marzo ($134.000) sumado a los ajustes anunciados (lo que dará un total de $171.000) y en el otro pago se otorgará el bono de $70.000.
Lo cierto es que el nuevo mecanismo propone el primer adelanto a cuenta de junio, en abril. Será del 13,2% por la inflación de febrero y un adicional del 12,5%, dispuesto por el gobierno nacional. Esto llevaría la jubilación mínima de $134.000 a $172.000. El gobierno deberá modificar el Decreto actual que pone un tope para la mínima. Recién ahí se otorgará el bono de $70.000 y los haberes más bajos llegarán a $242.000.
En mayo se dará otro adelanto, teniendo en cuenta la inflación de marzo, que se estima cercana al 10%, y resta conocer qué sucederá con el bono. Ya en junio se otorgará el último adelanto, tomando la inflación de abril y el acumulado de esos tres meses se va a comparar con el incremento que correspondería por la Ley vigente. Si la fórmula actual arroja para junio un resultado mayor a lo otorgado en concepto de anticipos, se pagará solo lo que haga falta para completar el porcentaje de la movilidad definido por ese cálculo. En caso de que la fórmula resulte menor al del reajuste acumulado por inflación dado en abril, mayo y junio, entonces no se descontará la diferencia.
Cómo sigue
Desde el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), elaboraron pronósticos teniendo en cuenta distintos escenarios. En el mejor de los casos el gobierno puede sostener los ajustes mensuales a cuenta y el bono de $70.000 pero de todas formas en abril las jubilaciones quedarán muy por debajo del nivel que tenían a esa misma altura durante 2023. Según el cálculo, a partir del mes que viene ya con las actualizaciones que propone el gobierno, quedarían 22% debajo del primer trimestre del año pasado.
Desde el centro de estudios aclararon que el decreto 268/2024 de hace algunos días, establece la implementación de una “ayuda económica previsional por un monto máximo de $70 mil que se abonará en abril”. Pero, en el artículo 4 indica que la suma del bono será el diferencial hasta 204.445,3. Por este motivo se habìa planteado la duda si en abril el bono sería$70.000 o $33.223.
El gobierno anunció que el bono se sostendrá en $70 mil y corregirá el decreto, aunque anticipó que el pago será en dos tramos. Entonces ¿qué pasaría hacia adelante con la evolución del bono? En principio, el bono se mantendrá en el mismo nivel en abril y podría suceder lo mismo para adelante. Así entonces, los incrementos para los jubilados con bono serían menores al del resto de las jubilaciones porque la pérdida del valor del bono compensaría parte del incremento otorgado.
Variable de ajuste
La modificación y la pérdida para los jubilados ratifica que el objetivo del gobierno nacional es profundizar el camino hacia el equilibrio fiscal a fuerza de un severo ajuste sobre los recursos para los mayores adultos. En febrero, y por segundo mes consecutivo, lo recaudado estuvo por encima del gasto, pero no precisamente por un crecimiento en los ingresos, golpeados por el fuerte parate de la actividad económica, sino más bien por un brutal recorte en los gastos, que afecta a jubilados, obra pública y provincias.
La notable reducción en los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados, la falta de gestión por parte del nuevo gobierno y la decisión de no ejecutar el presupuesto. Todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa aquella relacionada con jubilaciones, que se desplomó 38%. Detrás quedaron las pensiones no contributivas (-43%) y en las transferencias corrientes a las provincias (-85%) y a las universidades (-25%).
Pasando en limpio, de cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, refleja el fuerte impacto en los ingresos de los jubilados de la inflación desatada tras la asunción de Milei y la falta de medidas gubernamentales para compensar esta situación.
