Familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones políticas y sociales realizaron este jueves marchas con distanciamiento y manifestaciones virtuales contra el gatillo fácil y los abusos de las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país. En Rosario, la Multisectorial contra la Violencia Institucional colocó pasacalles en el recorrido tradicional de la marcha y movilizó al Centro de Justicia Penal, donde por estos días se desarrolla un juicio emblemático, el del asesinato de Maximiliano Zamudio, y donde en los próximos días se ventilará el caso que se cobró las vidas de David Campos y Emanuel Medina. Allí se plantaron cruces en la plazoleta y se leyó el documento que la organización confeccionó para esta edición de la movilización, condicionada por la pandemia de coronavirus, y que se reproduce a continuación:
Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones nos manifestamos por cuarta vez en nuestra ciudad contra el gatillo fácil. Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas.
La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia. No son casos aislados, en nuestra ciudad, ciudades vecinas y a lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas y extendidas en el tiempo; y adquieren una relevancia particular en el actual contexto de Aislamiento y/o Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO/DISPO) debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Son prácticas realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y muchas veces resultan permitidas, avaladas, generadas y negadas por distintos gobiernos; produciéndole al Estado Argentino responsabilidad internacional.
Las víctimas, sus familiares y las organizaciones debemos realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y los Padres del Dolor. Camino que recorrerán durante este año los familiares de Maxi Zamudio, María de los Ángeles París, Emanuel Medina, David Campos y Franco Casco ya que se realizarán los juicios orales y públicos de las causas en las cuales se investigan sus muertes en manos del Estado.
https://twitter.com/MultisectorialI/status/1299080975696175104
El Poder Ejecutivo es responsable por las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario; y por no contar con políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción. El actual gobierno nacional ha intentado poner especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y en recobrar el rol activo del Estado en las áreas que diseñan políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. En contraste, con el gobierno de Cambiemos, que avalaba públicamente a los policías responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que significó un grave retroceso para las políticas de memoria, verdad y justicia. No obstante, el actual contexto ha puesto en evidencia, que a pesar de haber asumido el nuevo gobierno y nuevas carteras en materia de seguridad, no han cesado y continúan siendo recurrentes los casos de violencia institucional que incluyen hechos graves de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones. Las fuerzas de seguridad han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares de nuestro país. Tales son los gravísimos casos de Lucas Verón asesinado por la policía bonaerense, los de Luis Espinoza y Walter Ceferino Nadal en Tucumán, los gendarmes que mataron a Facundo Scalzo en el Bajo Flores. El caso de Facundo Astudillo Castro desaparecido el 30 de abril, luego de una detención policial por haber violado la cuarentena. Nos seguimos preguntando ¿Dónde está Facundo? Aparición con vida ya!
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. La fiscalía, en casi todos los casos, avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Asimismo, la mayoría de las y los jueces no sancionan adecuadamente estas prácticas. Durante estos días nos encontramos transitando tanto la audiencia preliminar del caso de María de los Ángeles París como el tan esperado juicio por Maximiliano Zamudio, después de haber atravesado dos intentos de archivo de la causa. La intensa lucha de les familiares junto con las organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de DDHH ha sido clave para lograr el desarchivo y llegar a la instancia de juicio. Manifestamos especial preocupación en relación a la Fiscal que se desempeña en esta instancia, Karina Bartocci, quien fue señalada en reiteradas oportunidades por su escaso compromiso con las causas de violencia institucional. Este año además tendremos en agenda los juicios por los casos de Emanuel Medina, David Campos y Franco Casco. En este especial contexto exigimos a los responsables de llevar adelante estos procesos en el Poder Judicial condenas ejemplares que colaboren a restituir el daño que el Estado perpetuó durante estos años a sus familiares.
El Poder Legislativo es responsable por la no creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura y fue responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura”. En el ámbito provincial vemos con expectativas la presentación de dos proyectos de ley enviados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que tienden a impulsar reformas en el sistema de seguridad, especialmente en la policía provincial.
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No obstante, nos preocupa el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar punitivista del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos. Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y la militancia de víctimas, familiares y amigues de las víctimas, con el apoyo y el trabajo de las organizaciones podremos resistir, denunciar y revertir estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
Marchamos para visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles París, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, les jóvenes torturades en las 4 plazas, los 7 jóvenes de la masacre sucedida en la Comisaría 1° de Pergamino: Franco Pizarro, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrotta, Fernando Latorre y Jhon Mario Claros; Carlos Orellano y por tantos otres pibes víctimas de violencia institucional.
Reclamamos también por las múltiples formas de violencia institucional, mujeres y la comunidad LGTTTB QI+.
Repudiamos las múltiples formas de violencia contra las trabajadoras sexuales.
Seguimos exigiendo justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. ¡No al archivo de la causa! Justicia por Rafael Nahuel!
Exigimos aparición con vida de Facundo Astudillo Castro y castigo a los culpables!
Denunciamos la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas.
Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de violencia institucional.
Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de todos los daños producidos por el Estado a víctimas y familiares.
Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados en casos de violencia institucional.
Finalmente, familiares y víctimas de violencia institucional junto a las organizaciones sindicales, políticas, sociales y los organismos de derechos humanos que adhieren a este comunicado, exigimos el esclarecimiento del asesinato del ex concejal Eduardo Trasante.
¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!, ¡NI UNA BALA MÁS!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!
Masivas marchas en todo el país por Facundo Castro y en contra del «gatillo fácil»
Adhieren:
– Familiares de Maximiliano Zamudio.
– Familiares de Jonatan Herrera.
– Familiares de Franco Casco.
– Familiares de David Campos
– Familiares de Emanuel Medina
– Familiares de Jonatan Ojeda
– Familiares de Alejandro Ponce
– Familiares de Carlos Godoy
– Familiares de Kevin Pacheco
– Familiares de Cristian Ordóñez
– Familiares de Iván Mafud
– Familiares de Michel Campero
– Familiares de Sergio Giglio
– Familiares de Dante Fiori
– Luciana Escobar – Hermana Pichón Escobar
– Laura Ávalos – Mamá de Brandon Cardozo
– Familiares de Carlos Orellano.
– Familiares de Juan Cruz Vitali.
– Familiares de Alexis Berti
– Familiares de Brandon Romero.
– Multisectorial Contra la Violencia Institucional.
– Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S)
– Abuelas Filial Rosario
– Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo – Rosario
– Familiares de desaparecidos y detenidos por Razones Políticas – Rosario
– Colectivo Nacional de Ex Pres@s Políticos y Familiares – Rosario
– Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH
– Asociación Anahí.
– Prosecretaría de Derechos Humanos «Clara Anahí Mariani-Teruggi», Fac. de Ciencias Exactas, UNLP.
– Foro x la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs, La Plata.
– Instituto Venadense por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
– Amsafé Rosario.
– ATE Rosario.
– Sitraju R.A. – Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina
– SItraju Regional 8 (Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Rafaela y Venado Tuerto)
– La Bancaria Rosario
– Sindicato de Cadetes y Mensajeros de Rosario
– Comisión Gremial Centro Cultural La Toma
– Comisión interna de delegados Cafe’s la Virginia
– CoNAT Rosario (Cte Nacional Agustín Tosco)
– ONG Mujeres Tras las Rejas
– APP Santa Fe.
– Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario.
– Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes. Mate Cocido Agrupación Independiente.
– La Corriente Nacional de la Militancia.
– La Revoltosa.
– Corriente Peronista Descamisados.
– Ciudad Futura.
– Vamos (Patria Grande)
– EAT Pampillón
– La Cámpora.
– Nueva Mayoría – Frente Patria Grande
– Q.T.P
– La Poderosa
– MAS Patria
– La Bemba del Sur
– Bloque de Concejales del Frente de Todos, Norma López, Alejandra Gomez Sanz y Eduardo Toniolli
– Matilde Bruera – Diputada provincial bloque Justicialista
– Luz Olazagoitía – Concejala Frente Social y Popular
– Carlos Del Frade – Diputado provincial Frente Social y Popular
– Movimiento Evita
– Mujeres Evita
– JP Evita
– Lucila De Ponti – Diputada Provincial Bloque Justicialista
– Fundación Igualar
– UTEP – Unión de Trabajadores de la Economía Popular
– Movimiento Universitario Evita
– UES – Unión de Estudiantes Secundarios
– Concejala Fernanda Gigliani bloque IP – Iniciativa Popular
– Juventud Peronista del Departamento Rosario.
– Propuesta Sur.
– Rosario para la Victoria.
– Carlos A Novillo testigo de Lesa Humanidad. DNI 12907755.
– Diego Alonso Ponce de León DNI 22991313
– Sineriz Daniel: DNI 7634104
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