Tres marinos fueron condenados ayer a cadena perpetua por el asesinato de 16 presos políticos ocurrido en 1972 en lo que se conoce como la “Masacre de Trelew”, al ser considerado delito de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Chubut, que además absolvió a otros dos acusados.
La sentencia fue leída con la presencia del gobernador Martín Buzzi en el Centro Cultural “José Hernández” de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, en una sala colmada por familiares y compañeros de los fusilados, junto a organizaciones sociales, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación Hijos, que llegaron hasta la capital provincial.
Los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Juan Velázquez resolvieron condenar a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge del Real y Carlos Amadeo Marandino a prisión perpetua por el homicidio agravado con alevosía de 16 presos detenidos en la base y la tentativa de homicidio de otros tres.
En tanto, absolvieron a Jorge Bautista del cargo de encubrimiento por el cual se lo había imputado, y tampoco se condenó a Rubén Paccagnini, quien al momento de ocurrir los hechos, el 22 de Agosto de 1972, era jefe de la Base Aérea Almirante Zar de Trelew. Esta decisión fue criticada por la querella y el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, quien manifestó su disconformidad con las absoluciones y anticipó que las apelará.
“No entendemos cómo se declara a los crímenes de lesa humanidad, pero se absuelve a Paccagnini, que fue quien retransmitió la orden de Buenos Aires para los asesinatos”, aseguró.
El desánimo por las absoluciones respondió a que Bautista, en 1972, fue el instructor enviado por la marina para realizar un informe sobre los episodios de la Base Zar y Paccagnini era jefe del enclave militar. Esta decisión rechazó la teoría de los acusadores, quienes intentaron convencer sin éxito al Tribunal de que el traslado de los detenidos a la Base Zar y su posterior fusilamiento fue un plan establecido por las máximas autoridades de la Armada y que contaba con el aval del gobierno de Alejandro Lanusse.
Los magistrados consideraron al episodio como un “crimen de lesa humanidad” y establecieron condiciones para que los sentenciados no puedan dejar el país, aunque permanecerán en libertad hasta que las condenas queden firmes. Si finalmente el fallo no es revertido, cumplirán las condenas en una cárcel común.
Los jueces resolvieron además que se insista en el pedido de extradición del represor Roberto Bravo, negada en 2008 por la Justicia de Estados Unidos, país donde reside, y la realización de exámenes médicos al almirante (RE) Horacio Mayorga, ambos implicados en la causa por la Masacre.
Los hechos juzgados sucedieron tras la fuga de la cárcel de Rawson, considerada de máxima seguridad, de un grupo de militantes de organizaciones guerrilleras como FAR, ERP y Montoneros, así como sindicalistas y de organizaciones sociales. Fue el antecedente directo del terrorismo de Estado antes de la última dictadura.
Seis de los evadidos se fugaron hacia Chile en un avión que fue tomado en el viejo aeropuerto de Trelew y el resto quedó cercado en las instalaciones de la terminal aérea por tropas militares. Los que no pudieron escapar se entregaron en paz y fueron trasladados a la base “Almirante Zar” y no a la unidad penitenciaria, como habían acordado en un principio.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, las jóvenes mujeres y hombres que formaban el grupo de 19 detenidos fue fusilado en los calabozos sin tener conocimiento de su destino. La Armada rápidamente difundió la mentira de “un nuevo intento de fuga”. Los disparos alcanzaron a todos los detenidos y sólo tres –Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar– sobrevivieron al fusilamiento. Durante la última dictadura fueron desaparecidos.
