La versión de José Rodríguez, líder de la Liga Nacional de Carperos, es distinta a la que ofreció la Policía sobre una supuesta emboscada a las fuerzas de seguridad y un fuego cruzado, en la matanza durante el desalojo de una hacienda de Curuguaty que derivó, una semana después, en la destitución del presidente del Paraguay Fernando Lugo. El hombre denunció que la balacera “no fue ni de la policía ni de los campesinos, sino de francotiradores que se apostaron en las inmediaciones”, le dijo al corresponsal del diario El País de España.
“Cuando se llevaba adelante el diálogo entre el representante de los carperos y el jefe de los policías hubo un disparo que, de acuerdo con la versión de los supervivientes campesinos heridos, vino de la policía. Pero los análisis forenses aseguran que no vino ni de la policía ni de los campesinos, sino de francotiradores que se apostaron en las inmediaciones y dispararon al cuello y a la cabeza. Tiraron un hueso para que nos peleáramos como perros. Ya se intentó hacer esto en otros dos desalojos. Pero entonces pudimos descubrir a los francotiradores infiltrados en nuestras filas. Esta vez cambiaron su modo de operar, lo hicieron de forma solapada y a distancia. Evidentemente, detrás de esa matanza estaba gente de la política con nombre y apellidos”, dijo Rodríguez.
A principios de este mes decenas de familias instalaron sus carpas en una hacienda cercana a la localidad de Curuguaty, unos 300 kilómetros al norte de Asunción. No era un terreno cualquiera. Pertenece a Blas Riquelme, un empresario de 83 años vinculado con el partido conservador Colorado y dueño de uno de los mayores grupos empresariales del país. Cuando la policía llegó al lugar el 15 de junio pasado se topó con unos 50 campesinos pertenecientes a la Liga Nacional de Carperos.
En unas circunstancias aún no aclaradas se produjo un tiroteo en el que murieron seis agentes y 11 campesinos.
La oposición responsabilizó de la matanza a Lugo, lo acusó de “tolerar y apoyar” a los carperos. La Cámara de Diputados solicitó el pasado jueves un juicio político y al día siguiente el Senado lo condenó y destituyó por “mal desempeño de sus funciones”.
Jorge Riquelme, hijo del propietario de la finca y abogado de 53 años, explicó que el grupo Riquelme había renunciado hace años a la explotación de esos bosques para preservar su riqueza biológica: “Pero estos supuestos campesinos sin tierra lo que hacen es cortar la madera y marcharse a venderla a otra parte para después invadir otros bosques, cortar y volver a vender”.
Rodríguez, sin embargo, cree que el terreno lo usurpó Blas Riquelme al Estado. “Todo el mundo sabe que en los cajones del Poder Judicial duerme el juicio que planteamos hace cuatro años contra esa propiedad. Los jueces lo cajonearon porque saben que ese señor se apropió de las tierras ilegalmente en 2004. Pero gracias al poder del dinero y de la influencia política aquí se puede conseguir la orden judicial para un desalojo, aunque esas tierras no le pertenezcan a uno”.
“Franco siempre ha amenazado con barrer de carperos el país. Y ahora nos han estigmatizado como delincuentes y criminales”, añadió.
