El Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, que funciona dentro de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, realizó un relevamiento durante 2012 que reflejan en parte los problemas que padecen inquilinos, consorcistas, propietarios de vivienda única o ciudadanos que se acercaron a la oficina en busca de asesoramiento y ayuda. Ese resumen y clasificación de consultas fue presentado ayer en el concejo.
Los principales reclamos estuvieron vinculados a alquileres, alcanzando el 57 por ciento del total, es decir, 240 consultas. También se recepcionaron reclamos en relación a las administraciones de consorcio, un 10 por ciento (42 casos), escrituración 8 por ciento (33), vivienda única 7 por ciento (32), loteo y fideicomiso 5 por ciento (21), planes de viviendas sociales 4 por ciento (16), viviendas de financiación anticipada 3 por ciento (11), desalojos 3 por ciento (10), consultas por compra venta de inmuebles 2 por ciento (8) y consultas por medianeras y obras 1 por ciento (6) entre otros.
Del total de los 423 expedientes, 251 tuvieron resolución favorable, 18 resolución negativa, 133 de los casos sólo concurrieron por asesoramiento y 21 todavía no poseen un cierre definitivo.
Alquileres
De los 240 casos en materia de alquileres, el 98 por ciento fueron consultas por inconvenientes en locaciones de viviendas con destino familiar. La principal preocupación por parte de los locatarios está vinculada a los problemas edilicios, vicios ocultos de la propiedad, humedad o filtración de agua en el inmueble locado con 83 consultas, lo que representa el 35 por ciento del total. En cuanto a esta tendencia, Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor, explicó: “Es importante remarcar que en estos casos el derecho asiste a los inquilinos y las reparaciones deben ser costeadas por el locador y nunca por el inquilino, eso es lo que marca la legislación vigente, sin embargo en la práctica vemos llegar a los inquilinos a situaciones extremas y muchas veces sin poder lograr que se atienda su justo reclamo”. Otro tema corresponde a los requerimientos desmedidos de las administraciones a la hora de hacer entrega de la propiedad, lo que genera gastos excesivos, motivando 34 denuncias el pasado año. También se generaron expedientes para rescindir anticipadamente los contratos, consultas por renovación de alquiler, cobro de expensas extraordinarias, propiedades que no poseen conexión de gas, falta de agua en la propiedad o problemas con la instalación eléctrica, asesoramiento por cláusulas abusivas, indexación del canon locativo, cobro de intereses indebidos, entre otros.
De las denuncias recibidas, 194, es decir el 81 por ciento, son contra inmobiliarias, 25 contra dueños y 21 contra abogados o estudios jurídicos que realizan la intermediación inmobiliaria.
